Comandante Ramiro, jefe guerrillero del ERPI, cuyos restos fueron exhumados de fosa clandestina en el patio trasero de una casa en el municipio de Ajuchitan del Progreso, en la frontera de Guerrero con el estado de Michoacán. en el año 2009. Foto: Agencias

Comandante Ramiro, jefe guerrillero del ERPI, cuyos restos fueron exhumados de fosa clandestina en el patio trasero de una casa en el municipio de Ajuchitan del Progreso, en la frontera de Guerrero con el estado de Michoacán. en el año 2009. Foto: Agencias

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de octubre.-  El asesinato y desaparición de estudiantes normalistas en Guerrero no es posible entenderlo a cabalidad si se mira como un hecho aislado, así lo demuestra el INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, del cual la agencia Al Momento Noticiasobtuvo una copia íntegra.

El documento fechado el 15 de octubre de 2014, tan sólo 20 días después de la agresión contra estudiantes perpetrada por autoridades municipales en complicidad con sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, detalla los antecedentes de la “guerra sucia” (finales de los 60 hasta principios de los 80) perpetrada a manos del Estado mexicano en contra de la sociedad civil, la cual sufrió a manos de las corporaciones de la seguridad del Estado (tal como en la desaparición y asesinato de estudiantes en Iguala) torturas, desapariciones forzadas, acciones armadas y de intimidación contra comunidades campesinas, pues tenían por objeto “desmoralizar” y desaparecer cualquier movimiento subversivo, o sospechoso de serlo, en el estado de Guerrero.

El documento de 237 cuartillas de la Comisión de la Verdad (Comverdad) también remite a los resultados de la investigación sobre la violación de los derechos humanos y la situación de familiares y sobrevivientes de desapariciones forzadas de obreros, campesinos, estudiantes, mujeres y niños, quienes en algunos casos fueron detenidos y desaparecidos de la faz de la tierra por el sólo por el hecho de tener vínculos familiares con integrantes de la guerrilla de Lucio Cabañas.

El informe final de la Comverdad advierte que el surgimiento de los movimientos subversivos clandestinos se da “ante la falta de políticas que expresaran intereses generalizables”, así como por la “incapacidad del gobierno para generar consenso y resolver adecuadamente las demandas o presiones de las organizaciones y grupos que iban surgiendo”.

Ante esta “incapacidad gubernamental”, es que el Estado recurre “a la represión de la población y las organizaciones populares que pedían una reforma agraria integral, la ampliación y efectividad de los derechos obreros, el reparto de latifundios, el rescate de las riquezas madereras, la alfabetización del pueblo, ‘que vuelva la justicia y resplandezca la libertad’”.

De acuerdo a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el antecedente de la guerra sucia en Guerrero se encuentra en la creación en 1959 de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), dirigida por el profesor Darío López Carmona y Genaro Vázquez Rojas, quienes al cabo de un año acrecentaron su fuerza y popularidad entre una población mayoritariamente rural y analfabeta. Debido a sus críticas al gobernador, Caballero Aburto manda a reprimir toda actividad de oposición, lo que acrecienta la inconformidad del pueblo, “al grado que el 30 de diciembre de 1960, con motivo de una protesta contra el gobernador y a favor de la autonomía de la recién creada Universidad de Guerrero, fueron asesinados en Chilpancingo aproximadamente 19 personas por tropas federales“.

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Contra los grupos opositores, la política antisubversiva se caracterizó —al menos hasta 1981— por tener facultades prácticamente ilimitadas y anticonstitucionales. Su operación estuvo a cargo de grupos especialmente formados por gobernadores, integrantes de la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS), pero también por militares de todos los rangos.

En el informe final de la Comverdad se advierte que si bien la presencia de efectivos militares “fue constante a partir de inicio de los años 60”, en Guerrero se intensificó “cuando en marzo de 1971, el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, instruyó a sus órganos internos, con riguroso carácter secreto, sobre el Plan Telaraña, que tenía como misión “la erradicación de la guerrilla”, a cuyos integrantes, una vez asesinados se les daba el nombre de “maleantes o gavilleros”, con el propósito de no “deteriorar la imagen de México”.

Con ello, el Estado, a través de sus órganos de seguridad, asesinaba por partida doble: en lo físico y en lo moral, a través del desprestigio, a quienes estando o no involucrados en la lucha social se sacrificaba argumentando la comisión de actividades delictivas.“De los datos obtenidos en el Archivo General de la Nación (AGN) ahora se comprueba que en 1974 empezaron a aparecer los cuerpos sin vida de personas visiblemente torturadas, desfiguradas y quemadas, a quienes se trataba de señalar como delincuentes o relacionar con el hampa, pero que, conforme a un informe de la DFS, en realidad se trataba de personas relacionadas con Lucio Cabañas:

“En fechas recientes, tanto en el Puerto de Acapulco como en poblaciones cercanas al mismo, en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas.

“Los cadáveres presentan impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras.

“Esta situación ha causado inquietud entre la población y los habitantes de los lugares donde ha sido encontrado un cadáver, conjeturan sobre la personalidad del occiso, diciendo que puede ser alguien conectado con el hampa o con traficantes de drogas o bien que se trata de alguna persona que cometió un crimen y que fue sacrificada en venganza.

“Al respecto la prensa local ha publicado noticias sobre la formación de un grupo clandestino, integrado por policías retirados y militares con la consigna de matar a determinadas personas, denominándolo “SANGRE”.

“En forma por demás discreta se ha logrado saber que los cuerpos encontrados pertenecen a personas conectadas con LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS y su gente, que han sido aprehendidos cuando bajaban de la sierra para abastecerse de víveres y otros objetos necesarios para ellos, o bien que sirve de correo entre los remontados y quienes se encuentran en la zona urbana.

“Que las detenciones se ejecutan por órdenes expresas del Comandante de la 27ª Zona Militar, con sede en Acapulco, Gral. De Div. D.E.M. SALVADOR RANGEL MEDINA, que después de obtener, por diferentes medios, toda la información posible sobre LUCIO CABAÑAS y su gente, se les da a tomar gasolina y se les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares solitarios, en donde aparecen con las desfiguraciones provocadas por las llamas y presentando impactos de arma de fuego.

“Entre el campesinado existe contrariedad por la presencia del Tte. Corl. De Inf. D.E.M. FRANCISCO QUIROZ HERMOSILLO, Comandante del 2º Batallón de la Policía Militar, a quien ya conocen y culpan de las ejecuciones”.

A partir de los testimonios recabados, de las fichas y otros documentos localizados en el AGN, así como el análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 26/200144, queda demostrado que existió un contexto de represión generalizada y sistemática durante la guerra sucia, donde la política tanto del gobierno de Guerrero como del Estado mexicano fue la de exterminar a la guerrilla, para lo cual las autoridades tuvieron facultades “ilimitadas” y anticonstitucionales a fin de lograr el control de la población civil ya fuera en el medio rural o urbano, señala el informe de actividades de la Comverdad, integrada por Hilda Navarrete Gorjón, Pilar Noriega García, José Enrique González Ruiz, Nicomedes Fuentes García y Apolinar Arquímedes Morales Carranza.

El ataque se considera “generalizado” cuando “se comete masivamente, a larga escala, contra una pluralidad de víctimas”. Y “sistemático” cuando es parte de un plan metódico, organizado, en el que se utilizan recursos públicos o privados considerables, que pese a ser implementado no necesariamente es reconocida como política del Estado.Para prosperar en sus métodos criminales los artífices de la “guerra sucia” o “guerra de baja intensidad” requirieron/requieren de impunidad, la misma que al paso de los años indica que las cosas no han cambiado tanto, así lo demuestran tres hechos representativos acontecidos en los últimos cuatro meses en entidades gobernadas por la triada PRI, PRD y PAN:

a) 30 de junio: La ejecución de 22 individuos en Tlatlaya, Estado de México. Por estos acontecimientos fueron procesados siete elementos de tropa, al mando de teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien también fue acusado de homicidio.

b) 26 de septiembre: Asesinato, desollamiento y desaparición forzada de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, a manos de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Hasta el día de hoy permanecen desaparecidos 43 normalistas, no obstante que a casi un mes de los hechos han sido descubiertas decenas de fosas con osamentas cuya identidad no han podido ser identificada. La PGR ha señalado a la pareja conformada por José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, alcalde y titular del DIF en Iguala, respectivamente, como responsables intelectuales de los hechos.

c) 19 de octubre: La muerte de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, alumno de la UdG, durante el Festival Internacional Cervantino. La última vez que fue visto con vida era llevado por policías municipales de Guanajuato.

* Información original de la agencia AL MOMENTO cuya publicación se autorizó a la Agencia Desde Abajo

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