[SIN RESERVAS]

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI a partir de 2016. FOTO: Agencias
Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI a partir de 2016. FOTO: Agencias

MÉXICO. —De diez de los 12 candidatos que postuló a gubernaturas en disputa en el proceso electoral 2016, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió donativos en efectivo y en especie por un millón 809 mil 597 pesos, como parte de la obligación estatutaria para los militantes que aspiran a un puesto de elección popular. Sin embargo, seis de diez perdieron en las urnas.

Al solicitar su registro para contender por el cargo, además de la carta de autorización para que su instituto político llevara a cabo investigaciones en materia de blindaje contra hechos y actos antijurídicos para descartar vínculos con el crimen organizado (cuyos resultados no se dieron a conocer), los entonces aspirantes presentaron una constancia expedida por la Secretaría de Finanzas del PRI que acredita los depósitos realizados por concepto de “cuotas partidarias”, a cuyos documentos tuvo acceso AGENCIA ALTERNATIVA DESDE ABAJO.

Alejandro Tello Cristerna y Omar Fayad Meneses, exsenadores que contendieron por los poderes Ejecutivos de Zacatecas e Hidalgo, respectivamente, hicieron las mayores aportaciones económicas desde 2010 −año de definición de los anteriores candidatos priístas a las gubernaturas de sus entidades− hasta el momento en el que fueron designados para participar en los últimos comicios. Sus pagos, de acuerdo con los recibos expedidos por los Comités Estatales y Nacional del Revolucionario Institucional, ascienden a 367 mil 172 pesos y 337 mil 912 pesos.

Las últimas aportaciones de Tello Cristerna, gobernador electo que antes fungió como secretario de Finanzas de Zacatecas, fueron por 167 mil 172 pesos por medio de tres donativos en especie a su Comité Directivo Estatal (CDE), que datan del 19 de enero de 2016: impresión e instalación de lonas (114 mil 999.85 pesos), playeras con serigrafía (49 mil 673.89 pesos) y spots de radio para la convención de delgados del PRI en su estado natal (2 mil 500 pesos), según la respuesta que otorgó su partido a una solicitud de información dirigida por DESDE ABAJO (folio 2237000009316).

Un documento elaborado por el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), también en poder de este medio, revela que dichas aportaciones fueron consideradas gastos de precampaña.

Además de estos donativos, el político zacatecano hizo, entre 2013 y 2015, 36 depósitos al CEN de su partido que, en conjunto, suman 180 mil pesos, más otras dos transferencias por diez mil pesos cada una el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2012.

Entre 2013 y 2015, Omar Fayad, quien rindió protesta como gobernador constitucional de Hidalgo el pasado 5 de septiembre, pagó, cada año, cuotas de 60 mil pesos (los datos sobre los donativos correspondientes a 2016 aún no están disponibles). Lo anterior, con base en la información del Comité Ejecutivo Nacional sobre Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales que obtuvo Desde Abajo.

Según el Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas del PRI, en su artículo séptimo, inciso b, las contribuciones de los dirigentes priístas, o quienes hayan llegado a un cargo de representación por estas siglas, son del 3 por ciento de sus ingresos mensuales.

La remuneración de Fayad como senador -dice el portal de transparencia de la colegisladora- era de 121 mil 600 pesos al mes.

Como diputado federal, en 2012, del 20 de febrero al 6 de diciembre, el exalcalde de Pachuca hizo siete depósitos al CEN que en total suman 49 mil 133 pesos; mientras que en 2011 aportó 46 mil 466.28 pesos mediante cinco transferencias de 7 mil 744 pesos (recibos 2406, 5349, 9002, 11573, 15031 y 18787).

En 2010 pagó 62 mil 312 pesos más.

Quien fue candidata priísta a la gubernatura de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, también transfirió, entre enero de 2013 y diciembre de 2015, 180 mil pesos al Comité Ejecutivo Nacional. En 2012, con dos depósitos de 10 mil pesos el 30 de noviembre y el 6 de diciembre, y uno más de 328.62 pesos, en 15 de enero, contribuyó a las arcas del tricolor con 20 mil 328.62 pesos. Mientras que en 2011 envió mil 971.72 pesos. Al perder la elección, regresó al Senado.

Baltazar Hinojosa Ochoa, excandidato por Tamaulipas, donó, entre 2010 y 2015, 144 mil 29 pesos al CEN. En el primero de estos seis años otorgó a su partido 62 mil 312.92 pesos, el monto más alto; mientras que en el último, como diputado federal (cargo al que regresó tras no obtener la gubernatura) únicamente hizo nueve transacciones por 446.78 pesos y una por 251.26 pesos, para en total acumular 4 mil 272 pesos.

Otro parlamentario, Héctor Yunes Landa, actual senador que fue postulado por el PRI en Veracruz con la intensión de retener el cargo que ostenta su compañero Javier Duarte de Ochoa, en cuya administración han sido asesinados 19 periodistas, aportó 200 mil pesos en 36 depósitos entre el 30 de noviembre de 2012 y diciembre de 2015.

El Comité Ejecutivo Nacional del partido que también llevó al poder al presidente Enrique Peña Nieto registró ocho transacciones monetarias en 2013 por parte de Lorena Martínez Rodríguez, quien compitió por el Poder Ejecutivo de Aguascalientes, las cuales, en conjunto, suman 12 mil 514.67 pesos. Asimismo, refiere que, en 2012, por medio de siete pagos, aportó 13 mil 547.45 pesos.

No obstante, además de estas cantidades, el secretario jurídico y de transparencia del CDE de Aguascalientes, Fidel Arteaga Solorio, informó a Desde Abajo, en respuesta a la solicitud terminación 9316, que la exprocuradora Federal de la Defensa del Consumidor también hizo donaciones al Revolucionario Institucional por 77 mil 332.12 pesos entre el 1 de febrero y el 1 de junio de este año. Dos aportaciones en especie, por 19 mil 28.50 pesos y 29 mil 274.62 pesos, correspondieron al comodato de un vehículo Ford expedition limited 4×2 que ella misma utilizaría en precampaña y, posteriormente, en campaña, y una más, por 29 mil 29 pesos, a una publicación en el periódico El Hidrocálido cuatro días antes de la votación.

En tanto, el Comité Directivo Estatal de Chihuahua, mediante el oficio SFA/055/2016, reveló que Enrique Serrano Escobar, quien contendió por la gubernatura de su entidad, aportó 13 mil 400 pesos en efectivo durante 2014 y 69 mil 600 pesos “en especie” -sin especificar artículos- en 2016.

En el caso de Oaxaca (oficio UTPRI/CDE/OAX/170616/037), el CDE sólo registra una aportación de 2 mil 400 pesos de Alejandro Ismael Murat Hinojosa, que data del 11 de junio de 2014, y el CEN una más de 3 mil pesos del 2 de marzo de 2012. Pese a no estar al corriente en el pago de cuotas, el hijo del exgobernador José Murat obtuvo la candidatura, y ganó.

El CDE de Tlaxcala notificó al CEN, por la misma petición de acceso a la información, que en 2015 Marco Antonio Mena Rodríguez, ahora mandatario de esa entidad, aportó 60 mil pesos, y 5 mil pesos más en 2016; mientras que en Durango, el Comité Estatal expidió 44 recibos a Esteban Villegas Villarreal por donativos hechos entre el 20 de febrero de 2014 y el 1 de junio de 2016. La suma de sus aportaciones es 301 mil 388.64 pesos.

De los recibos, 39 son por la cantidad de 2 mil 210.63 pesos; uno, el folio 83, por 30 mil pesos, y el 84 por 165 mil pesos. Únicamente el B-108, del 1 de junio del presente año, es una aportación en especie, aunque no se especifica de qué tipo.

Pese a que el capítulo II, artículo 59 de los estatutos del Revolucionario Institucional establece que sus militantes están obligados a “cubrir sus cuotas puntualmente en los términos que determine el Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas”, no existe documentación en el CEN de pagos de Mauricio Góngora Escalante y Quirino Ordaz Coppel, quienes contendieron por las gubernaturas de Quintana Roo y Sinaloa, respectivamente. El último, incluso, ganó los comicios. Sus Comités estatales, por su parte, no respondieron al requerimiento de información de su Secretaría de Transparencia nacional.

En el control de recibos de aportaciones de militantes con el que cuenta el CEN, el cual analizó Agencia Alternativa Desde Abajo, no aparece Enrique Peña Nieto en el último quinquenio, que corresponde a sus puestos (alcanzados por las siglas priístas) como gobernador y mandatario federal.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación y aspirante a la candidatura priísta a la presidencia de la República, sólo registra cinco depósitos de 446.78 pesos y uno de mil 578.62 pesos en 2011, año en el que era delegado general del CEN del PRI en el Estado de México para la campaña a gobernador de Eruviel Ávila Villegas. Posteriormente se unió al equipo del entonces aspirante Peña Nieto, y después al gobierno federal.

En 2012 también hizo 19 aportaciones de 446.78 pesos cada una, que en total suman 8 mil 488.82 pesos.

Mientras que Luis Videgaray Caso, otro aspirante que hasta el 7 de septiembre fungió como secretario de Hacienda y Crédito Público, artífice del encuentro Peña-Donald Trump, candidato republicado a la presidencia de Estados Unidos que ha emitido comentarios xenófobos en contra de los mexicanos, aportó, mediante 13 depósitos, 62 mil 312.92 pesos al PRI en 2010, más dos transferencias el 22 de febrero (recibo 2563) y el 20 de abril (5506) de 2011, por 7 mil 744.38 pesos y 3 mil 872.19 pesos.

De acuerdo con los estatutos del PRI, Osorio y el resto de integrantes del gabinete deben aportar 3 por ciento de sus ingresos mensuales que, en el caso del exmandatario hidalguense, ascienden a 151 mil 49 pesos.

Al no estar al corriente en el pago de sus cuotas, según las normas internas que fijó el partido por el cual también ha sido diputado federal, el integrante del Grupo Hidalgo no podría recibir una candidatura. De igual forma, con base en el protocolo de seguridad que estableció el priísmo, debe comprobar que no mantiene vínculos con la delincuencia organizada.

SIN TRANSPARENTAR BIENES FAYAD Y CABEZA DE VACA 

Dos de los 12 mandatarios que fueron electos en la votación del 5 de junio mantienen oculta su patrimonio: Omar Fayad Meneses, de Hidalgo, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, postulados por el PRI y Acción Nacional, respectivamente.

El resto, desde antes de la jornada comicial, dio a conocer a los que serían sus gobernados no solamente sus propiedades, sino también su situación fiscal y las relaciones personales y profesionales con las cuales podrían incurrir en un conflicto de interés, a través de la plataforma 3 de 3 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

La suma de las propiedades de los diez gobernadores electos que han cumplido con este ejercicio de transparencia es de 137.7 millones de pesos, entre casas, terrenos, locales, edificios y automóviles.

Alejandro Murat, de Oaxaca, es el jefe del Ejecutivo electo más acaudalado, con once inmuebles, cuatro vehículos y dos cuentas bancarias que, en conjunto, están valuadas 24.5 millones de pesos. Como director del Infonavit, puesto que ahora ocupa el hidalguense David Penchyna Grub, exaspirante a la gubernatura de su entidad, el hijo de José Murat ganó 7.6 millones de pesos en 2015.

El valor de las propiedades de los panistas Antonio Gali Fayad, de Puebla, y Javier Corral Jurado, de Chihuahua, asciende a 24.3 millones de pesos y 16.6 millones de pesos.

APORTACIONES AL PRI DE LOS EX CANDIDATOS A LAS GUBERNATURAS 

Alejandro Tello Cristerna / Zacatecas / 367 mil 172.74 pesos / Gobernador electo
Omar Fayad Meneses / Hidalgo / 337 mil 912.6 pesos / Gobernador en funciones
Esteban Villegas Villarreal / Durango / 301 mil 388.64 pesos / Derrota electoral
Blanca Alcalá Ruiz / Puebla / 202 mil 300.34 pesos / Derrota electoral
Héctor Yunes Landa / Veracruz / 200 mil pesos / Derrota electoral
Baltazar Hinojosa Ochoa / Tamaulipas / 144 mil 29 pesos / Derrota electoral
Lorena Martínez Rodríguez / Aguascalientes / 103 mil 394.24 pesos / Derrota electoral
Enrique Serrano Escobar / Chihuahua / 83 mil pesos / Derrota electoral
Marco Antonio Mena Rodríguez / Tlaxcala / 65 mil pesos / Gobernador electo
Alejandro Murat Hinojosa / Oaxaca / 5 mil 400 pesos / Gobernador electo
Mauricio Góngora Escalante / Quintana Roo / sin registros de cuotas partidistas / Derrota
Quirino Ordaz Coppel / Sinaloa / sin registros de cuotas partidistas / gobernador electo

TOTAL: 1 millón 809 mil 597.56 pesos

En México existen 9 mi indigenas que permanecen en prisión. FOTO. DIARIO DF
En México existen 9 mi indigenas que permanecen en prisión. FOTO. DIARIO DF

MÉXICO . –No hablar español y no ser asistidos al momento de rendir una declaración por un defensor público que entienda su lengua materna, le cuesta a indígenas mexicanos ser encarcelados injustamente, responsabilizados de delitos que van desde la vagancia y faltas a la moral pública, hasta delincuencia organizada y trasiego de droga.

A esta debilidad del sistema de procuración de justicia, se suma la amenaza de los cárteles del narcotráfico, quienes reclutan a originarios de pueblos autóctonos para la producción y tráfico de estupefacientes.

En los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), incluidos los de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y del Altiplano, en el Estado de México –donde se encuentra, entre otros exlíderes de organizaciones criminales, Omar Treviño Morales, El Z-42, de Los Zetas, José Tiburcio Hernández Fuentes, alias El Gafe, del Cártel del Golfo, y Servando Gómez Martínez, La Tuta, de La Familia Michoacana–, están recluidos 288 indígenas por la presunta comisión de delitos federales, reveló a la Agencia Alternativa Desde Abajo el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en respuesta a una solicitud de información (folio 3670000000115).

De esta población penitenciaria, 61 están presos por probables delitos contra la salud –que considera la producción, transporte, tráfico, comercio y suministro de drogas–, 57 inculpados de ilícitos contra la vida y la integridad corporal, y 36 por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Desde 2011, el entonces director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Xavier Abreu, reconoció que la lucha contra y entre cárteles del narcotráfico había cobrado nuevas víctimas: los indígenas que se encontraban entre el fuego cruzado de bandas antagónicas o que eran reclutados, a la fuerza, para actividades criminales.

A esto se suma quienes, según la actual titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, han sido privados injustamente de su libertad, como Mario Bautista Bautista y Guadalupe López Bautista, de la etnia wirrárika nativa de la Sierra Madre Oriental, que fueron detenidos el pasado 29 de mayo en el aeropuerto internacional de Guadalajara por llevar entre sus pertenencias peyote, planta endémica de México que posee una larga tradición de uso medicinal y como ritual entre los indígenas.

A pesar de que el gobierno mexicano otorga un permiso a los nativos con el fin de moderar el consumo del peyote –llamado también la planta sagrada-, el delito que se les imputó a estas personas fue tráfico de estupefacientes.

“Era natural que llevaran esta planta que para ellos es sagrada y forma parte de su espiritualidad, pero no sólo llevaban peyote, sino otras muchas cosas que los definen y caracterizan como cultura”, dijo Florentino Moreno, vocero del Movimiento Magisterial Democrático en Jalisco, en un comunicado para protestar por esta aprehensión.

Ambos indígenas, que participaría en San José del Cabo, Baja California Sur, en el encuentro “El rescate de las culturas”, estuvieron presos por ocho días en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde se encuentran reos de alta peligrosidad como Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, líder del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y José de Jesús Meléndez Vargas, El Chango, uno de los fundadores de la Familia Michoacana.

En el documento entregado a Desde Abajo, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social refiere que, de los 288 indígenas presos en cárceles federales, 16 están recluidos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y otros ilícitos acumulados a sus causas penales como privación ilegal de la libertad, contra la vida e integridad corporal y contra la libertad e inexperiencias sexuales.

Nueve más por delincuencia organizada y otros delitos agregados, dos por privación ilegal de la libertad y uno por lavado de dinero, entre otros. Además revela que las etnias con mayor presencia en los Ceferesos son la tepehuana, con 41; tarahumara, con 29, y nahua y zapoteca, ambas con 26.

ENGORDAN CÁRCELES NATIVOS Y NATIVAS DE PUEBLOS AUTÓCTONOS 

De acuerdo con el último Censo Penitenciario de la CDI, en todas las prisiones del país, incluidas locales y federales, están recluidos y recluídas más de nueve mil indígenas. Esto, a pesar de que de 2013 a 2016, a través del Programa de Derecho y Acceso a la Justicia se han liberado, de acuerdo con el gobierno federal, a 4 mil 158.

Detenciones arbitrarias, falta de asistencia de intérpretes-traductores en lenguas autóctonas, ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües con conocimiento de usos y costumbres son violaciones a los derechos humanos que padece este sector de la población, reconoció Nuvia Mayorga el 20 de febrero de 2015 al inaugurar, en la capital del país, el Seminario de Capacitación sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano.

Pese a su fuerte pronunciamiento, uno de los casos de encarcelamiento arbitrario se dio en Hidalgo (estado de origen de la titular de la CDI y el cual aspira a gobernar aunque en el proceso electoral 2016 no obtuvo la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI)) donde tres indígenas de la comunidad de San Joaquín, en Tecozautla, permanecieron recluidos durante tres años (el tiempo que lleva la funcionaria federal en su cargo) en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, acusados de un fraude fiscal por 486 millones de pesos.

Apenas el 16 de agosto de este año, sin que exista un remediación de daños por estar presos injustamente, fueron liberados al no acreditarse la comisión del delito.

Celso Mejía Caballero, Juan Caballero Hernández y Margarita Hernández Lugardo fueron encarcelados en agosto de 2012 señalados de supuesto contrabando de telas; sin embargo, sus abogados comprobaron, mediante una prueba grafológica, que el empresario Óscar Corro López falsificó, en 2009, sus firmas y usó sus identidades.

“Al fin se hizo justicia, sabíamos que nosotros no debíamos nada. Somos inocentes, somos gente humilde, de trabajo”, dijo Celso Mejía a los medios la noche que salió del Cereso de Pachuca.

“Nosotros vinimos (a la cárcel) a pagar una pena y nunca supimos qué era de lo que nos estaban acusando, estuvimos tres años privados de nuestra libertad”, añadió Juan Caballero, campesino hñahñú para quien es difícil entender que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los acusara de un fraude fiscal millonario porque un empresario falsificó sus firmas y gestionó un crédito de importación de telas a nombre de una cooperativa que habían fundado estos indígenas.

La esposa de Celso abandonó la comunidad y él perdió su patrimonio, al igual que Juan; Margarita, además de problemas económicos, tiene un delicado estado de salud a consecuencia de un mal tratamiento de su diabetes mientras estuvo encarcelada.

Estos indígenas habían pedido el indulto al presidente Enrique Peña Nieto, al argumentar irregularidades en su proceso penal y carencia de pruebas para incriminarlos, además de su condición que los ponía en desventaja hasta las instituciones públicas; sin embargo, el mandatario no les otorgó el perdón.

 

El verdadero responsable, Óscar Corro, nunca ha pisado una cárcel.

CÁRTELES, AL ACECHO DE INDÍGENAS

En su edición de julio de 2012, el semanario Newsweek dio a conocer que indígenas rarámuris eran obligados por narcotraficantes mexicanos a transportar cargamentos de 50 libras de mariguana en una mochila.

Ellos, convertidos en “mulas”, caminaban días por el desierto de Mojave en Adelanto, California, algunos con éxito; otros eran apresados por la Patrulla Fronteriza y procesados, indicó Ken Del Valle, un abogado defensor en El Paso, Texas, que había representado, hasta esa fecha, a más de una docena de los indígenas tarahumaras desde 2007.

Seis meses antes, el 28 de diciembre de 2011, un grupo de sicarios del Cartel de Sinaloa quemó todo el pueblo de Tierras Coloradas, en el municipio de Mezquital, en Durango, en aparente venganza porque indígenas colaboraban con el cártel rival de Los Zetas.

Por intentar defender su comunidad, los habitantes de este poblado fueron forzados a escapar de sus casas y ver, desde lejos, cómo éstas ardían entre las llamas.

De acuerdo con el documento proporcionado a Agencia Alternativa Desde Abajo por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 113 de los 288 indígenas presos en cárceles federales tienen en su causa penal un cargo por delitos contra la salud (81 como único cargo y el resto acompañado de otros ilícitos como asociación delictuosa y contra la seguridad pública, entre otros).

Además, la Procuraduría General de la República (PGR) reveló, en otro documento (SJAI/DGAJ/12470/2014) entregado a Desde Abajo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ha investigado a 801 indígenas por probable comisión de crímenes del fuero federal, principalmente en tres entidades: Oaxaca, con 198; Nayarit, con 118, y Chiapas, con 116.

Los delitos con mayor incidencia, indicó la fiscalía, son contra la salud, violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y de índole ambiental.

Al presentar, en junio de 2014, las conclusiones a la observación que hizo sobre los derechos de los niños y adolescentes en México, la Unicef expresó una preocupación por la manera con la que grupos del crimen organizado reclutaban a menores de edad.

El organismo de la ONU expuso que los infantes indígenas, al igual que los migrantes, son grupos altamente vulnerables.

CUESTA $23, MIL LIBERAR A UN INDÍGENA PRESO INJUSTAMENTE 

Por cada indígena preso injustamente que liberó en 2014, el gobierno federal gastó 23 mil 534 pesos.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reveló a la Agencia Alternativa Desde Abajo, como respuesta a una solicitud de información (0062500050014), que ese año destinó 28 millones 100 mil pesos para el programa de excarcelación de indígenas, con el que logró la liberación de mil 194 presos.

Sin embargo, sólo 13, es decir el 1.08 por ciento del total, lograron su libertad absoluta, mientras que 589 la consiguieron de forma provisional.

En el oficio DPCMJ/2014/OF/629 elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y obtenido a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la CDI precisa que 26 originarios de pueblos autóctonos obtuvieron sus libertad por acuerdo reparatorio y suspensión del proceso, siete bajo reservas de ley, 20 por falta de elementos para procesar, 150 su libertad anticipada, 34 porque no hubo ejercicio de la acción penal y a once se les otorgó el perdón legal.

Los delitos con mayor incidencia entre quienes fueron liberados son contra el patrimonio (395), contra la vida y la integridad corporal (348), contra la salud (114), contra la familia (106) y por supuesta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (45).

Sin embargo, también hubo indígenas que eran prisioneros por “vagancia y malvivencia”, o presumibles ilícitos “contra la dignidad y contra la moral pública”; uno en cada caso, y no eran liberados porque no tenían recursos para pagar la fianza.

Para 2015, el presupuesto de la Comisión para excarcelación, pese a que más de ocho mil seguían presos, disminuyó a 26 millones 537 mil 620 pesos.

Sin embargo, pese al recurso federal, mientras el sistema de procuración de justicia carezca –como hasta ahora reconoce la propia CDI- de suficientes defensores con conocimiento de lenguas autóctonas, así como de usos y costumbres, y persista el reclutamiento del crimen organizado, los indígenas robustecerán, aún más, las cárceles mexicanas.

ANEXO ESTADÍSTICO

Tabla: Los diez estados con más indígenas investigados por la PGR

Oaxaca 198
Nayarit 118
Chiapas 116
Guerrero 50
Puebla 42
Sonora 40
Distrito Federal 26
Hidalgo 25
Estado de México 23
Guanajuato 22

  • No hay indígenas investigados en Baja California Sur, Quinatana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
  • Los delitos con mayor incidencia son contra la salud, violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos ambientales.
    Fuente: Procuraduría General de la República

Indígenas recluidos en Centros Federales de Readaptación Social.

Grupo étnico número de internos
Amuzgo 4
Cakchiquel 1
Chatino 1
Chinanteca 6
Chol 2
Chontal 1
Cora 21
Guajiro 1
Huasteco 3
Huichol 8
Kekchí 4
Lacandón 3
Mame Man 3
Maya 15
Mayo 2
Mazahua 3
Mazateco 2
Mixe 2
Mixteco 12
Náhuatl 26
Otomí 9
Pápago 1
Popoluca 2
Purépecha 7
Quiché 1
Tarahumara 29
Tepehuacano 41
Tlapaneco 2
Totonaco 4
Triqui 3
Tzetzal 5
Tzotzil 19
Yaqui 10
Zapotecas 26
Zoque 2
Otros 4
TOTAL 288

Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social

En el país viven 68 diferentes pueblos originarios y que hablan 364 variantes lingüísticas. Asimismo, de acuerdo con el Censo 2010 y de la Encuesta Intercensal del año pasado, 25.7 millones de mexicanos se asumen como indígenas. En 2013 había 8 mil 500 indígenas presos en el país; en 2014 bajó a 8 mil, pero en enero de 2016 subió a 9 mil. Lo anterior, pese a la excarcelación de más de 4 mil entre ese trienio.

 

De izquierda a derecha, el gobiernador de Hidalgo, Francisco Olvera, el cantante Miguel Bosé, y Guadalupe Romero, (derecha), presidenta del DIF estatal. FOTO: Oficial
De izquierda a derecha, el gobiernador de Hidalgo, Francisco Olvera, el cantante Miguel Bosé, y Guadalupe Romero, (derecha), presidenta del DIF estatal. FOTO: Oficial

PACHUCA – Durante dos años, el sistema DIF Hidalgo, que trabajó en coordinación con el Poder Ejecutivo, no logró la meta económica que se fijó con las presentaciones de la banda mexicana Maná, con su tour Drama y Luz, y del artista español Miguel Bosé; por lo tanto, no hubo proporcionalidad en el desembolso realizado con las ganancias obtenidas por la venta de boletos en taquilla.

Para la organización del concierto “Enamórate de Hidalgo con Maná”, que se llevó a cabo el 14 de febrero de 2014 y tenía como objetivo recaudar 20 millones de pesos que serían destinados a la construcción y equipamiento de la Casa de la Mujer Hidalguense, el gobierno estatal gastó 4 millones 661 mil 803 pesos, sin contar los honorarios de la agrupación jalisciense, pero sólo logró la mitad del recurso estimado.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información (00059516) que Agencia Alternativa Desde Abajo dirigió al Poder Ejecutivo, este monto incluye el pago de dos paquetes de publicidad electrónica en medios digitales de la plataforma Google (Search, Youtube, Enterprise), cada uno a 812 mil pesos, contratados el 31 de marzo y el 13 de junio de 2014 a Sixsigma Networks México SA de CV, empresa que en 2004 recibió de manos del presidente Vicente Fox el Premio Nacional de Tecnología, pero durante la campaña electoral de 2006 fue exhibida por crear las redes pormexico.org.mx con las que el equipo de campaña del panista Felipe Calderón Hinojosa realizó su propio mapa de georreferencia para identificar personas por nombre, apellido, dirección y hasta preferencia electoral antes de las votaciones.

Este uso ilegal del padrón fue denunciado el 26 de junio de 2006 por la periodista Carmen Aristegui en su noticiario matutino de XEW.

El gobierno también pagó un millón 488 mil 258 pesos por “difusión”; 457 mil 40 pesos por renta de espectaculares, impresión de lonas y vayas rígidas, y 67 mil 280 pesos por servicio de alimentación para los funcionarios invitados al evento. Los proveedores fueron Adela Cobos Cobos, Martín Mauricio Méndez Meneses y Gastronomía Saka SA de CV, respectivamente.

En la respuesta a la solicitud de información, el Ejecutivo ocultó cuánto pagó a la agrupación por el concierto, así como el dispendio en equipo de producción que, reveló el empresario Darío de León durante la conferencia de prensa para anunciar esta presentación, alcanzará un peso de 80 toneladas, entre escenario, iluminación, audio y video.

Aunque la Unidad de Transparencia lo omite, la banda mexicana de pop rock percibe 400 mil dólares por una presentación de una hora 40 minutos, asegura El Universal, quien, para enlistar a los diez cantantes mexicanos que más cobran por presentación, habló con agencias de talento en enero de 2013.

Sólo Luis Miguel (850 mil dólares), Paulina Rubio (500 mil dólares) y Marco Antonio Solís (450 mil dólares) devengan más que Maná por subir a un escenario, según la publicación del diario más longevo de México.

Por lo tanto, para obtener el costo total se requiere sumar los 4 millones 661 mil 803 pesos de organización y los 400 mil dólares (5 millones 360 mil pesos, debido a que el precio del dólar estaba en 13.40 pesos en febrero de 2014) que corresponden a los honorarios del cuarteto conformado por Fernando Olvera, Juan Callejos, Alejandro González y Sergio Vallín, que ha ganado cuatro premios Grammy.

No obstante, el sistema DIF Hidalgo únicamente recaudó 10 millones 867 mil 164 pesos, pese a que los precios oscilaron de 2 mil 500 a 200 pesos en las áreas Platino, Oro, Verde, Rojo, Azul y Amarillo, y se esperaba, según los organizadores, una asistencia de entre 30 mil y 40 mil hidalguenses.

Con Miguel Bosé, el gobierno bajó la expectativa al fijar como meta de recaudación 12 millones de pesos, los cuales se destinarían a construir la Casa de los Adolescentes.

El contrato con el cantautor español fue por diez millones de pesos, “el cual incluye el Rider Técnico y los servicios de Catering y los gastos de operación para la realización del concierto por un importe total de dos millones 389 mil 177 pesos”.

Sin embargo, en este caso encubrió el gasto por publicidad y logística, por lo que no es posible precisar el costo total.

Si el gastó fue similar al que realizó un año antes con Maná (4 millones 661 mil 803 pesos), habría destinado cerca de 15 millones de pesos.

Mientras que la recaudación final de recursos, asegura, fue de 17 millones 157 mil 688 pesos

Ambos conciertos se llevaron a cabo en el parque David Ben Gurión. Para proteger el pisal Homenaje a la mujer del mundo, obra de Bayron Gálvez, los organizadores pagaron en 2014 38 mil 767 pesos a la empresa Promoción, entretenimiento y cultura SA. En 2015 no dieron a conocer si cubrieron ese concepto.

A pesar de que el gobierno informa parcialmente los costos (pese a que utiliza dinero público), en ningún caso se cumplen las metas económicas.

Para este año, el sistema DIF que preside Guadalupe Romero Delgado y el gobierno de Francisco Olvera Ruiz organizaron un concierto con Juan Gabriel, el 1 de julio en el mismo recinto, con el objetivo de reunir fondos para el Hospital General de Pachuca.

El denominado “Divo de Juárez” cobra 2 millones 297 mil 160 pesos por actuación, según El Universal.

Gobierno, ajeno a Fiesta del Viento

Presentación de la "Fiesta del Viento". FOTO: Agencias
Presentación de la “Fiesta del Viento”. FOTO: Agencias

Respecto a la Fiesta del Viento, festival cultural dedicado a la música y a las artes escénicas, el Ejecutivo aseguró que la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión, otorgó el permiso correspondiente para el uso de estas instalaciones los días 5, 6 y 7 de marzo del presente año.

Mientras que a Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo apoyo con la instalación de filtros, a implementación de un operativo, el establecimiento de un puesto de mando, con un representante de cada dependencia que interno en el evento, y la realización de recorridos.

Sin embargo, afirma que no fue organizador del evento, por lo que desconoce costos y ganancias obtenidas. Tampoco reveló el nombre de la empresa que estuvo a cargo de este festival y solicitó los permisos.

PACHUCA – En esta historia no hay culpable en prisión por el homicidio de Ana Itzel, una menor de 14 años de edad violada, estrangulada y sepultada clandestinamente, pero sí un largo historial de acusaciones por tortura, amenazas, corrupción y uso indebido de la función pública

Juan Carlos Escamilla Rodríguez pasó 720 días en prisión acusado de la desaparición y asesinato de su hija Ana Itzel Escamilla Téllez, ocurrido en mayo de 2014, hasta ser liberado por falta de pruebas. Tras este fallo, no hay culpable en reclusión por el homicidio de la menor de 14 años de edad, debido a que no hubo otra línea de investigación. El crimen, por lo tanto, está impune.

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Juan Carlos Escamilla Rodríguez pasó 720 días en prisión acusado de la desaparición y asesinato de su hija, mediante fabricación de pruebas, tortura y extorsión de agentes oficiales. FOTO: Oficial

Un juzgado federal había advertido que Porfirio Austria Espinoza, el juez responsable del caso, “incurrió en una ilegal motivación al realizar el análisis” de las pruebas (y fincar cargos), entre ellas el hecho de que, bajo los efectos de la cocaína, el señor haya trasladado a la menor –sin atarla– en una motocicleta de tamaño reducido (marca Itálika, modelo EX 125-2), por un camino escabroso, junto con una bolsa de ropa, una pala y un pico para cavar una fosa y enterrarla, como aseguraron en su informe los agentes de la Coordinación de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), contra quienes se iniciaron quejas en la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH) por probable tortura, amenazas, así como tratos inhumanos y crueles.

A consideración del juez federal, este hecho carecía de verosimilitud para que Austria Espinoza determinara que Escamilla cometió un feminicidio. Tras el primer amparo (883-2014-1), había reconfigurado el crimen como homicidio, más estaba advertido de que, de no dictar nueva sentencia y subsanar las contradicciones podría ser sujeto a proceso y removido de su cargo, informó el abogado José de Jesús Neri Cano, a cargo de la defensa.

El miércoles 15 de junio, a las 2:30 de la tarde, el supuesto “autor material e intelectual” del crimen salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, donde permanecía desde el 25 de junio de 2014, confirmó su esposa Janeth Téllez Islas, quien, además, dio a conocer que tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de “ultrajes”, por el cual había sido detenido, aunque fue procesado por feminicidio, irregularidad que ya había exhibido el juzgador federal.

“Ni que tu hija valiera tanto”

—Qué pena que le duela más la pérdida de su esposo que la de su hija—, le recriminó Jesús Castro Rojo, coordinador del Grupo Homicidios, a la madre de Ana Itzel, el día que le notificaron la “culpabilidad” de Escamilla, que horas antes había sido detenido por “ultrajes a la autoridad”, pero después le atribuirían la violación, asesinato y sepultura clandestina de la menor.

Deje las cosas como están, recuerde que tiene más hijos—, le soltó a quemarropa el agente. Palabras que parecían advertencias.

—¿Qué me trata de decir?, ¿acaso me está amenazando? —, cuestionó la madre, aún con el luto por la muerte de su hija y las dudas tras la captura de su esposo.

—Ni que haya valido tanto su hija—, le replicó el comandante, indiferente, pero sin perder el tono amenazante.

Esa fue la primera advertencia que recibió Janeth Téllez Islas. A esa -narra-,, se sumarían otras más contra ella, su esposo y sus hijas, que documenta la Comisión de Derechos Humanos en la queja VG-1887-14, en la que también está inmerso quien fuera primer comandante de la Coordinación de Investigación, Valentín Vázquez Baños, por presunta tortura y fabricación de pruebas.

El reporte que ambos funcionarios entregaron, y se sumó al testimonio de Escamilla Baños –quien aseguró haber sido golpeado para declararse culpable, mas no se le practicó el Protocolo de Estambul–, narra el traslado del cuerpo, junto con las herramientas para sepultarlo, en la motocicleta, hecho que para el juez federal no tuvo verosimilitud.

En la “confesión”, además, dice que la niña no accede al domicilio y que fue privada de la vida en la entrada del mismo; sin embargo, el juez federal hizo referencia que sí ingreso, “tan es así que su uniforme se encontraba en la casa, al igual que una tina de agua tibia”. Otra inconsistencia que se observa es que Ana Itzel, según la “versión oficial”, fue abusada sexualmente; sin embargo, si la menor no entró a su hogar, ¿fue violada a la entrada, sin que nadie lo notara?

Por estas contradicciones, en el amparo 813 del juzgado tercero de distrito, se considera que Porfirio Austria “no valoró de manera íntegra las pruebas”.

El año que murió Ana Itzel (de asfixia por estrangulación, según la necropsia que forma parte de la averiguación previa 12/SPM/758/2014), hubo 19 asesinatos de mujeres en Hidalgo cuyos cuerpos presentaron signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, de acuerdo con la PGJEH. En 2015; 20. Hasta mayo de este año sumaban dos.

Al no haber en prisión alguien “penalmente responsable”, el asesinato de Ana Itzel, cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en el ejido de Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca –el 26 de mayo de 2014–, donde permaneció siete días hasta que fue identificado, está impune.

“Estaba drogado”, dicen; pero no hicieron prueba toxicológica

—Es una pena, pero su esposo confesó, a mí personalmente me lo dijo—, le insistió Cuauhtémoc Granados Díaz, director de Averiguaciones Previas de la PGJEH, a la madre de Ana Itzel, para tratar de convencerla de que firmara un documento en el que reconocía esta culpabilidad.

—Él lo hizo y no se arrepiente—, insistió Granados, quien argumentó que el supuesto autor del crimen estaba “bajo el influjo de las drogas”, pero, excusó, no le aplicaba prueba toxicológica porque la sustancia ya no iba a aparecer en su organismo. “Es como si voy el fin de semana a tomarme unos tragos, hoy ya no aparece”, le dijo el funcionario, afirma Janeth Islas.

Esta versión la contradijo el abogado, quien asegura que la cocaína, sustancia que aseguran los agentes consumió el inculpado (que supuestamente había adquirido en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, y la trasladó en un autobús –del que la autoridad no conoce a qué línea pertenecía– sin que, al momento de revisión en aquella terminal, fuera encontrada), puede detectarse hasta tres meses después, mientras que al momento de la declaración habían transcurrido 36 días desde la denuncia por desaparición.

Acumulan longevo historial por tortura

Alejandro Straffon, procurador de Justicia de Hidalgo, apeló la sentencia que liberó a Jesús Escamilla. FOTO: Agencias
Alejandro Straffon, procurador de Justicia de Hidalgo, apeló la sentencia que liberó a Juan Carlos Escamilla. FOTO: Agencias

 

Los agentes acusados de amenazas y tortura en contra de la familia de Ana Itzel Escamilla Téllez, menor asesinada en 2014, acumulan 29 quejas por probables violaciones a derechos humanos. Detenciones ilegales, tratos inhumanos y crueles e incluso robo son las acusaciones que pesan sobre los comandantes.

De 2002 a la fecha la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) –que respondió a una solicitud de información (folio 0131816) – tiene registro de 25 quejas iniciadas contra Jesús Castro Rojo, coordinador del Grupo Homicidios, de las cuales once se archivaron por no acreditarse violaciones, siete por falta de interés, cinco por propuesta de solución, una por desistimiento y una por incompetencia posterior. Asimismo, no se han emitido recomendaciones en su contra.

Al tercer día de la detención de su marido por el supuesto delito de “ultrajes a la autoridad” –aunque fue procesado por su presunta responsabilidad en la violación, muerte y sepultura clandestina de su hija Ana Itzel, confesión que, asegura, rindió bajo tortura–, Castro Rojo le hizo otra advertencia a Janeth Islas para que no insistiera en el caso.

Usted no entiende, señora, ¿o qué, se cree muy valiente? —, le reprochó el comandante en el estacionamiento de la PGJEH, mientras bajaba de un automóvil blanco sin rótulos de la corporación.

—Sí, me creo muy valiente—, contestó (aunque con temor) la mujer, que recién se había enterado del traslado de su esposo al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, donde permanecería 720 días hasta su liberación el pasado 15 de junio por falta de pruebas.

No entiende que se la va a cargar la chingada—, amenazó Rojo, contra quien, de acuerdo con información que proporcionó la CDHEH, que proviene del sistema de quejas y orientaciones con el que cuenta este organismo, recurren acusaciones de tortura y detenciones ilegales.

—No tengo miedo. Mi hija está muerta y si eso pasa la voy a alcanzar—, respondió la señora, quien, al narrar, aunque la voz se quebranta, insiste en que seguirá “luchando por la verdad porque no perdí a un animal, perdí a mi hija”.

Entre las quejas contra el coordinador del Grupo Homicidios está la TA-0208-15 por presunto robo, debido a que el 3 de febrero de 2015 ingresó junto con cuatro agentes más a una vivienda de la que, acusan los agraviados, extrajeron 40 mil pesos y diversos documentos. El asunto se cerró por una propuesta de solución.

Y también por posible violencia contra una mujer a quien, un mes atrás, se le había practicado una cesaría, pero fue detenida en su domicilio en Zempoala, sin presentar orden. El menor de un mes, y otro de tres años, fueron resguardados por un tío que inició la acusación VGJ-2380-12.

En contra de Valentín Eduardo Vázquez Baños, quien fuera primer comandante de la Coordinación de Investigación, de 2002 a la fecha se han iniciado cuatro quejas, de las cuales una se archivó por falta de interés y dos por propuesta de solución. Asimismo, se emitió la recomendación R-VGJ-0010-13 por tortura contra una persona que tuvo lesiones en el ojo y en la clavícula derecha a consecuencia de los golpes que, denunció, le propinaron para se declarara culpable de ser “halcón” de Los Zetas.

“Le tronaron la clavícula y declaró puras tonterías aceptando lo que ‘ellos’ le decían”, refiere el expediente de la CDHEH sobre el incidente de este hombre que fue detenido en Plaza Juárez, sin orden de aprehensión.

La CDHEH acreditó el proceder ilegal de los acusados y pidió intervención al secretario de Seguridad Pública Alfredo Ahedo Mayorga, pero no fueron removidos de sus funciones.

Apelan libertad

Mientras la familia acusa la “fabricación de un culpable”, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que apeló la resolución mediante la cual Juan Carlos Escamilla Rodríguez obtuvo su libertad después de dos años en prisión acusado de la violación y homicidio de su hija Ana Itzel, acaecida en mayo de 2014.

La dependencia confirmó que el 15 de junio, día en que el padre de la menor cuyo cuerpo fue localizado semienterrado en el ejido de Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, abandonó el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, apeló el auto de plazo constitucional en cumplimiento de la ejecutoria de amparo y cuenta con 180 días para allegarse de nuevos elementos de prueba que permitan esclarecer esta muerte “y, en su caso, podría solicitar la reaprehensión del inculpado”.

La PGJEH también dio a conocer –a petición del autor– que el agente de Investigación Valentín Eduardo Vázquez Baños, a quien la familia de Ana Itzel acusa por tortura y amenazas, ya no labora en la fiscalía estatal, mientras que Jesús Castro Rojo, otro señalado por los mismos posibles delitos, fue reasignado a otro grupo, desde hace un año. Rotado, para que no creara “amistades” ni “compromisos”.

Además, añadió, “existe colaboración absoluta con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y las investigaciones que realiza, así como de las recomendaciones que pudiera emitir”.

La madre de la menor de 14 años que fue asesinada, Janeth Téllez Islas, aseguró que debido al hostigamientos que recibía de estos funcionarios tuvo que cambiar de domicilio mientras su esposo estaba recluido, mismo que identificaron ambos comandantes que, insistió, siguieron acosándola, al igual a que a sus hijos, motivo por el cual, dijo, los responsabiliza de cualquier situación que pueda pasarle.

Con independencia de la resolución del órgano colegiado judicial, indicó la PGJEH, “es una instrucción del procurador Alejandro Straffon Ortiz que la averiguación previa continúe en integración, en garantía de que el homicidio de la menor no quede impune”.

Actualmente lo está, al no haber en prisión alguien “penalmente responsable” del asesinato.

… Y magistrado culpa a la defensa

Juan Manuel Menes Llaguno, presidente del Tribunal de Justicia de Hidalgo. Atribuyó a la defensa del presunto culpable el retraso en su liberación. FOTO: Especial
Juan Manuel Menes Llaguno, presidente del Tribunal de Justicia de Hidalgo. Atribuyó a la defensa del presunto culpable el retraso en su liberación. FOTO: Especial

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Juan Manuel Menes Llaguno, justificó que la resolución para dejar en libertad a Juan Carlos Escamilla Rodríguez tardó 720 días debido a que la defensa no aportó pronto las pruebas. Mientras tanto, el “presunto culpable” pasó dos años en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, tiempo en el que se familia acusa amenazas de dos agentes de la Coordinación de Investigación, y él tortura.

“Déjeme decirle que en la instrucción se presentaron varias pruebas que no se presentaron antes para determinar su presunta responsabilidad. Y no es un ‘usted dispense’, sino es una tardanza en la aportación de pruebas por parte de la defensa.

“Esa sí es una cosa que, de alguna manera, tenemos que ver que en el nuevo sistema (de justicia penal) si nos va a ayudar muchísimo, porque ahí (en el viejo régimen) los jueces trabajan al ritmo que las partes quieren, pero en el nuevo sistema los jueces son más activos, participan más en todas estas, digamos, resoluciones”, declaró Menes Llaguno tras ser cuestionado sobre las observaciones que hizo el juez quinto de distrito del centro auxiliar de la novena región con sede en Zacatecas, sobre el actuar del juez Porfirio Austria Espinoza, a cargo del caso.

Con esta modalidad, opinó el magistrado, lo importante es que casos como el de Ana Itzel, “no se vayan a dos años” para determinar que, con las pruebas que valoró Austria, no era posible acreditar la culpabilidad del delito y que la persona sea liberada de reclusión, sino que “esto se arregle en cosa de meses”.

Y en tanto el magistrado aseguró que los dos años en reclusión eran responsabilidad de la defensa, diputados locales hicieron un llamamiento al procurador General de Justicia, Alejandro Straffon Ortiz, y al propio Menes Llaguno por inconsistencias en procesos y sentencias que, al ser revocadas, impiden que exista responsables en prisión por crímenes “sentidos por la sociedad”, como el caso de Ana Itzel, estudiante de la secundaria Técnica 40, de Pachuca, que fue reportada como desaparecida el 19 de mayo de 2014, pero su cuerpo sería localizado el 1 de junio en una construcción del ejido de Tilcuautla con avanzado grado de descomposición que, al verla, la madre expresó “Dios mío, como fue que la quemaron”, mas no fue así.

“Creo que en el afán de poder dar una pronta solución a un caso, como este consternó a la sociedad, y como muchos otros, tratan de sacar rápido al culpable, al primero que encuentren.

“Sí se tendría que hacer un llamamiento a que los agentes, la policía investigadora, la Procuraduría, los jueces, todo el personal encargado de impartir justicia, hagan un debido proceso”, consideró la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Imelda Cuellar Cano.

“No digo que el papá de la niña sea inocente, porque no sabemos, pero hubo muchas irregularidades en el proceso y eso hace que a lo mejor una gente culpable salga de un problema tan grave.

“Aunque tarden un poco más en entregar cuentas se debe hacer un debido proceso e investigar correctamente, no que sea mediática la reacción”, indicó.

Por su parte, el panista Juan Carlos Robles Acosta planteó que es “la corrupción en los ministerios públicos” la que contribuye a que existan irregularidades en los procesos.

Juez aletargó reclusión

El abogado José de Jesús Neri aseguró que Juan Carlos Escamilla Rodríguez debió ser liberado hace 17 meses, cuando se concedió el primer amparo, pero el juez Porfirio Austria Espinoza –entonces a cargo del caso– no acató ordenamientos federales. Por estas omisiones, anticipó, podrían iniciar un proceso penal en su contra.

“El juez es el que retardó esta situación. El primer amparo salió en diciembre de 2014 y emitieron el nuevo auto de plazo en enero. Él (Juan Carlos Escamilla) tuvo que salir absuelto en enero de 2015.

“Obviamente se quieren cubrir, se quieren tapar”, dijo el litigante tras la declaración del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Juan Manuel Menes Llaguno, sobre una supuesta tardanza de la defensa para aportar pruebas que propició que el acusado pasara dos años en prisión.

Además de Austria Espinoza, que no acató los ordenamientos federales, mencionó que podrían proceder contra Jesús Castro Rojo y Valentín Vázquez Baños, entonces agentes de la Coordinación de Investigación a quienes la familia de la menor acusa de tortura, amenazas y fabricación de un culpable.

“No me adelanto, me sujeto a lo que la familia diga, pero sí se pueden iniciar procedimientos por su mal actuar para que, en su momento, sean destituidos de sus funciones”.

Asimismo, confirmó que el juez Porfirio Austria no fue quien acató la resolución, ya que él fue rotado al juzgado primero penal de Pachuca, sino una jueza de quien no recordó el nombre al momento de la entrevista. De acuerdo con el directorio del Poder Judicial del Estado, Janeth Montiel Mendoza es la única jueza del sistema procesal penal en el distrito de Actopan, donde fue radicada la causa penal 117/2014 contra Escamilla Rodríguez.

“Para qué quieren más días, si ya lo tuvieron 2 años en prisión”

La madre de Ana Itzel Escamilla criticó el posicionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) al apelar la resolución que deja sin efecto el auto de formal prisión contra su esposo, y aseguró que si en dos años que estuvo preso no acreditaron su culpabilidad, no lo harán en los 180 días que tienen de plazo para allegarse de nuevos elementos de prueba y, en su caso, solicitar su reaprehensión.

Demandó, además, el esclarecimiento del caso, pues al no haber un probable responsable en prisión por este feminicidio –debido a que el cuerpo de la exestudiante de secundaria tenía huellas de violencia sexual–, el crimen está impune.

“Exijo a las autoridades me den respuesta de que paso con mi hija, pues ese es su trabajo (…) ahora resulta que nesecitan 180 dias cuando tuvieron dos años en su poder a juan carlos escamilla y no le pudieron comprovar nada (sic)”, escribió la mujer en una cuenta de redes sociales que habilitó para dar a conocer presuntas irregularidades en la investigación del caso y el proceso penal contra el padre de Ana Itzel.

Antes, cuando el supuesto autor intelectual y material del asesinato estaba recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, envió cartas al gobernador para notificarle el proceder de las autoridades que, a consideración del abogado José de Jesús Neri Cano, podrían ser hechos constitutivos de delito, pero no obtuvo respuesta.

Janeth Téllez cuestionó “¿cómo piensan resarcir todo el daño a mi familia?”, pues asegura que en los dos años que su esposo estuvo preso perdió su patrimonio y tuvo que sacar a su hijo menor de la escuela porque no tenía para solventar sus estudios.

Asimismo, exigió la destitución de los agentes de investigación Jesús Castro Rojo, Valentín Eduardo Vázquez Baños y del director de averiguaciones previas Cuauhtémoc Granados, quien, afirma, le dijo que, aunque el móvil del crimen había sido “una cuestión de drogas”, no le podían realizar examen toxicológico a su marido porque ya no saldrían los resultados de la supuesta ingesta de cocaína.

Para esta investigación se intentó contactar a Juan Carlos Escamilla, pero la familia pidió tiempo para que el denominado “presunto culpable” haga pública su historia mientras estuvo en reclusión.

A dos años del crimen, aunque su esposo fue absuelto del asesinato de su hija, la madre de Ana Itzel dice temer por su vida y responsabiliza a estas personas de cualquier daño que ella o su familia pudieran sufrir.

Los comandantes, incluso, persuadieron a su hija Icsayori Téllez para que testificara en contra de su padre y asegurara que “las tocaba” y eran víctimas de acoso sexual, reveló.

A la hermana, en 2014 menor de edad, los comandantes la subían a los vehículos que utilizaban para intentar convencerla. Esta irregularidad ya fue observada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), aseveró Janeth Islas.

Después del encarcelamiento, el hostigamiento y las amenazas no cesaron, asegura.

El juez Porfirio Austria Espinoza, quien estuvo al frente del caso, obtuvo el título de licenciado en derecho en 1971, por la UNAM (cédula 197542, según el registro Nacional de Profesiones). Él fue apercibido por “incurrir en una ilegal motivación al realizar el análisis” de las pruebas y determinar que Escamilla Rodríguez era el autor material del feminicidio, consideró un juez federal.

En su trayectoria acumula señalamientos por posible uso indebido de la función pública. Tan sólo el 23 de noviembre de 2015 un grupo de casi 20 personas se manifestó en su contra en el Juzgado Segundo Penal de Tulancingo, y fue acusado de aplicar sentencias “con opacidad, parcialidad y que sean frecuentes (presuntos) actos de corrupción”.

Por su parte, el litigante Neri Cano comentó que, aunque la ley contempla el derecho de apelación para la PGJEH, “no veo cómo puedan resolverlo, porque ya no se pueden incorporar más elementos (de prueba) de los que (ya) estaban. En su momento, la sala correspondiente tendrá que resolver con los elementos que obran en la causa penal, ya no se puedan integrar más.

“Él sale absuelto por falta de elementos para procesar, no lo pueden acusar otra vez porque hay un principio legal que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si en dado caso, suponiendo que se llegara a revocar la resolución (mediante la cual el inculpado fue puesto en libertad), nosotros interpondríamos un nuevo amparo”, anticipó.

Por las inconsistencias en el proceso de este “y otros casos sentidos por la sociedad”, legisladores de oposición alistan un llamamiento al procurador Alejandro Straffon Ortiz.

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Imelda Cuellar Cano, expuso que, si esta persona era responsable, las irregularidades permiten su libertad, mas, si no lo es, pasó dos años recluido por un crimen que no cometió. En ambos casos, recalcó, el asesinato está impune.

La “versión oficial”

Alfredo Ahedo Mayorga, secretario de seguridad pública d Hidalgo. Defiende la versión oficial. FOTO: Especial
Alfredo Ahedo Mayorga, secretario de seguridad pública d Hidalgo. Defiende la versión oficial. FOTO: Especial

El móvil del homicidio habría sido “una cuestión de drogas”, según el secretario de Seguridad Pública, Alfredo Ahedo Mayorga.

La adolescente, que había sido reportada como desaparecida el 19 de mayo en Tornacuxtla, murió, según los resultados de la necropsia, de asfixia por estrangulación. Su padre –que había salido a las calles para exigir justicia en una marcha el 5 de junio en la que los participantes también solicitaron el cese de la violencia feminicida ante los casos de muertas y extraviadas–, bajo el influjo de los enervantes, la habría agredido sexualmente.

En la conferencia de prensa que encabezó para dar a conocer la detención de Escamilla Rodríguez, el jefe de la policía del estado añadió que de acuerdo con las investigaciones, cuando el hombre descubrió que su hija no tenía movimiento, la envolvió en un costal, la subió en una motocicleta y condujo aproximadamente un kilómetro, para llevarla al terrero donde permaneció enterrada 7 días hasta que las autoridades la localizaron. Esa vez la reportó como desaparecida y el ministerio público activó la alerta Amber.

(Esta investigación sobre probable corrupción e irregularidades en la impartición de justicia fue publicada, en cinco entregas, en diario Criterio, del 20 al 24 de junio de 2016. El autor, que también es colaborador de la Agencia Alternativa Desde Abajo, presenta esta versión ampliada del caso)

 

 

 

Guadalupe Romero y Francisco Olvera. Erogaciones. FOTO: Oficial
Guadalupe Romero y Francisco Olvera. Erogaciones. FOTO: Oficial

PACHUCA – Para pagar salarios de cinco empleados al servicio de la familia Olvera Romero, además de costear el suministro de agua potable y de energía eléctrica para la Casa de Gobierno, el Poder Ejecutivo de Hidalgo dispuso, durante dos años, de 857 mil 661 pesos del presupuesto público.

En esta propiedad ubicada en la colonia Periodistas de Pachuca, donde habitan el mandatario José Francisco Olvera Ruiz; su esposa Guadalupe Romero Delgado, presidenta del sistema DIF, al igual que sus dos hijos, laboran cinco personas que dependen de la Dirección General de Servicios: una cocinera, una recamarera y dos operativos de limpieza, con remuneración mensual de 4 mil 809 pesos cada uno.

Asimismo, como parte de la estructura gubernamental, está contratado un ayudante de mantenimiento, que realiza trabajos de plomería y de electricista, quien recibe un pago de 4 mil 905 pesos, reveló el Poder Ejecutivo a la Agencia Alternativa Desde Abajo en respuesta a una solicitud de información (folio 00058216) sobre los gastos de mantenimiento de esta residencia, que es vigilada permanentemente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), y por la escolta personal del exalcalde capitalino.

 

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También dio a conocer que el terreno del inmueble tiene una extensión de 5 mil 697.81 metros cuadrados. Sin embargo, no accedió a proporcionar el valor catastral ni la composición interna de esta propiedad que, precisó, cuenta con mil 843.26 metros de construcción; es decir, el número de niveles, de habitaciones, de despachos y el resto de áreas por las que está constituida.

  • El costo del servicio de energía eléctrica, aseguró, fue de 51 mil 425 pesos en 2014 y de 46 mil 889 pesos en 2015. La cuenta, especificó, es la 259071102100.
  • Mientras que por el abastecimiento de agua pagó 85 mil 663 pesos en 2014 y 94 mil 324 pesos en 2015, por la cuenta 50591.
  • El recibo más alto por electricidad fue de 5 mil 753 pesos, que corresponde a diciembre del año antepasado. El de agua, de 8 mil 835 pesos; que data de febrero de 2015.

La suma de ambos servicios en el último bienio es 278 mil 301 pesos. En ese mismo lapso, la nómina de la Casa de Gobierno ascendió a 579 mil 360 pesos, sin contar prestaciones decembrinas. Ambos costeados con presupuesto público.

Gasto en escoltas, “información reservada”

 

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Francisco Olvera. Faltan datos. FOTO: Oficial

Aunque el pago se realiza con recursos del erario, el gobierno de Hidalgo clasificó como “información reservada” el gasto en escoltas para la protección del gobernador Olvera Ruiz, ya que considera que la divulgación de los salarios de cada integrante de esta guardia personal “pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas y por ende la del Estado”.

Así como “la seguridad pública en general al originarse, con esta revelación, perjuicios o daños irreparables a las funciones de las instituciones públicas del Estado, al ser información estratégica de seguridad, por lo que el daño que puede producirse con su publicación es mayor que el interés público de conocerlo”, expuso, el 5 de junio de 2015, en el oficio de contestación a la solicitud 00088915, dirigida por el autor.

El mandatario Francisco Olvera Ruiz es dueño de tres viviendas: una en fraccionamiento Valle de San Francisco, otra en Valle de San Javier y una última en Valle Hermoso, además de una camioneta Tahoe 2010. Lo anterior costa en la declaración patrimonial difundida en el portal de transparencia del Gobierno de Hidalgo, en la cual, no obstante, no se proporciona el valor de los bienes.

Su salario, dice ese documento, es de 75 mil 339 pesos.

Se precisa que el Poder Ejecutivo, que recibió la solicitud de información el 15 de diciembre del año anterior, pero respondió hasta el 8 de abril del presente, 115 días después -cuando la Ley de Transparencia pone como límite 20 días hábiles-, no proporcionó datos sobre los gastos realizados durante el primer trimestre de 2016. Tampoco proporcionó datos referentes a otras erogaciones para el mantenimiento de la Casa de Gobierno.