Pueblo

La construcción ciudadana y popular en México

 

Alberto Buitre

Este lunes 5 fue encontrado sin vida el cuerpo del dirigente en el Estado de Guerrero del Partido Comunista de México, Raymundo Velázquez Flores, quien fuera asesinado junto a otros dos camaradas de nombre Samuel Vargas Ramírez y Miguel ‘N’, cuando volvían a su hogar en el municipio de Coyuca de Benítez luego de una reunión política del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Continue reading…

 

 

“Pido al presidente, a Mauricio Funes, a que me ayude para que la sala [del Constitucional] acepte a interrumpir el embarazo”. Quien habla es Beatriz, la joven de 22 años, de El Salvador, cuyo embarazo de un feto inviable pone en serio riesgo su vida. Hace 20 días grabó un video en el que rogaba una solución a las autoridades de su país. “Yo me siento mal con todo lo que está pasando, porque no quieren hacerlo [la interrupción del embarazo] sabiendo que el niño no va a vivir al nacer”, explica la joven en la grabación con voz muy débil. Pero de nada han servido sus súplicas. El constitucional salvadoreño denegó la petición de amparo de la joven para que se le practique el aborto.

Ese país centroamericano prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia, algo que a Beatriz no se le escapa: “Los médicos del hospital han sido muy amables conmigo. Ellos también están preocupados por mi vida. Querrían hacerlo pero no pueden porque ellos tienen miedo a que les vayan a meter presos. Pido que no les vayan a meter presos”. En El Salvador la interrupción del embarazo puede penalizarse con hasta 50 años de prisión para las mujeres que se sometan a esta intervención –se las procesa por homicidio agravado— y 12 para los médicos que la realicen.

La muchacha, enferma de lupus y con graves problemas renales, grabó este video ayudada por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto cuando los magistrados del Constitucional aún estudiaban su caso. En las imágenes no se le ve el rostro, pero mueve las manos nerviosa. “Sería lo mejor que hicieran por salvar mi vida… porque no tiene sentido seguir con mi embarazo si el niño no va a vivir”, apunta. El pronóstico del hijo que espera es nefasto, según el comité médico que la atiende: el feto tiene anencefalia (sin cerebro). Sobrevivirá, si lo hace, como máximo unos días; y no sin sufrimiento.

Cada día que pasa el estado de salud de Beatriz -que tiene otro hijo de un año y medio- es más complicado. Va a entrar ahora en la semana 25 de gestación y aunque por el momento permanece estable, según los médicos, se le han detectado otras patologías añadidas como preclamsia y un aumento importante del líquido amniótico. Si logra superar el embarazo tendrá, según los expertos, secuelas añadidas a la enfermedad que ya padece. “Quisiera que la sala acepte y hagan lo que tengan que hacer conmigo porque yo quiero vivir. Les pido de corazón que lo hagan”, pide.

Imputada si viaja para abortar

El caso de Beatriz ha suscitado una gran movilización internacional. A las campañas de organizaciones de mujeres y por los derechos civiles de El Salvador se han sumado otras como Amnistía Internacional o Católicas por el Derecho a Decidir. En España, el PSOE ha pedido al Gobierno de El Salvador que ampare el caso de la mujer. El líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado en el Congreso que el caso de Beatriz es “dramático”.

La número dos del PSOE, Elena Valenciano, se ha reunido esta tarde con el embajador de ese país en España, Edgardo Suárez Mallagray, para tratar de interceder en el caso. Sin embargo, el diplomático ha explicado a Valenciano que, tras el dictamen de la Sala Constitucional, la vía legal está agotada en El Salvador. “Es un problema constitucional en ese país. En la legislación salvadoreña no hay preeminencia de la vida de la madre sobre el no nacido; por lo tanto a partir de ahí todo se complica. No es que el Gobierno de El Salvador no quiera, es que es un problema de la Constitución”, ha declarado Valenciano al salir de la reunión.

Además, las autoridades salvadoreñas han incidido en que, según la legislación de ese país, la mujer podría ser imputada también de vuelta a El Salvador si decidiera salir del país para interrumpir su embarazo. “Podría ser acusada de colaboración en delito y se expondría a una pena de hasta dos años de cárcel”, ha aclarado Valenciano.

Esa opción, la de viajar para poder ser intervenida en otro país con infraestructura y red legal para hacerlo, es una de las que estudian los abogados de la mujer y las organizaciones que la apoyan. En España, la plataforma Decidir nos hace Libres también ha solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy que conceda asilo a Beatriz, para que pueda ser intervenida en España. De hecho, el Grupor Dator –que tiene clínicas en varios puntos de España, entre otros en Madrid– se ha ofrecido para costear el viaje de la mujer y un acompañante, así como la intervención. En España, la interrupción del embarazo en situaciones de anomalía fetal extremadamente grave o incompatible con la vida, como es el caso de la salvadoreña, están permitidos sin plazo si un comité de expertos lo autoriza.

Cubadebate/EFE

Al cumplirse ayer el cuarto día de la huelga de hambre que el pasado 9 de mayo iniciaron diez madres y familiares de víctimas de desaparición, ante las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República, las manifestantes en ayuno denunciaron que, salvo por un breve intercambio de comentarios del subprocurador Ricardo García Cervantes –expresados el día en que inició la protesta–, ninguna autoridad se ha acercado a consultar sus demandas, ni entablar un diálogo formal para su desahogo.

Postrada por la debilidad dentro de una casa de campaña, Margarita López, madre de Yahaira Guadalupe Bahena López –una joven de 19 años desaparecida en 2011, por policías de Oaxaca–, reiteró que “lo que exigimos es una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, en la que estén presentes además el procurador General de Justicia, Jesús Murillo; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; y el comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón, y queremos que nos expliquen por qué no se han emprendido acciones concretas para la búsqueda de nuestros hijos e hijas desaparecidos”.

Por su parte, Ana María Maldonado Chávez, mamá de Carlos Palomares Maldonado –joven desaparecido en la Ciudad de México, en 2010–, informó que más allá de la conversación de algunos minutos que sostuvo el subprocurador de Derechos Humanos, cuando estaban montando su campamento sobre la lateral de Paseo de la Reforma, “a como veo las cosas, a como veo la respuesta negativa del gobierno, esto va para largo”.

Cabe destacar que, a causa del deterioro de su salud, dos de las madres suspendieron el ayuno el pasado 11 de mayo –María Guadalupe Aguilar, mamá de José Luis Arana, desaparecido en Guadalajara en 2011; así como Gabriela Sánchez, mamá de una adolescente víctima de un abuso sexual impune–, además de que tanto a Margarita López, como a Ana María Maldonado, les ha sido sugerida la hospitalización, por los paramédicos apostados desde el sábado junto al campamento.

Este lunes, la huelga de hambre de madres y familiares de víctimas de desaparición cumple su quinto día.

“Para el gobierno no pasa nada”

Los padres y madres en huelga de hambre denunciaron que durante los primeros dos días de la protesta les fue negada asistencia sanitaria y médica, y no fue sino hasta el pasado sábado que el Gobierno de la Ciudad de México les facilitó dos letrinas portátiles y una guardia permanente de paramédicos.

Los síntomas de la falta de alimento, señalan, comienzan a resentirse. A continuación, te presentamos el testimonio de Érika Montes de Oca, tía de Sergio Eduardo Guillén, joven desaparecido en el DF, en 2012; Irma Alicia Trejo, mamá de Francisco Albavera, joven desaparecido también el año pasado en la capital del país; Atanasio Rodríguez Sampayo, papá de Alejandro Rodríguez, joven desaparecido en 2010 por policías municipales de San Luis Potosí, así como de Margarita López y Ana María Maldonado.

 

 

Fuente: Animal Político 

Rios Montt, genocida acusao. Foto: agencias

Más de 200 defensoras de derechos humanos de la región mesoamericana expresan su reconocimiento y apoyo al histórico juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, represores militares durante la dictadura en Guatemala de 1982-83, a quienes se les acusa por el delito de lesa humanidad de genocidio contra poblaciones indígenas de ese país. Continue reading…

Por unanimidad de votos, se aprobó el día de hoy en el Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, con perspectiva de género, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Continue reading…