[FORO ABIERTO]

Pablo Vargas González es postdoctor en ciencia pollítica, presidente de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos

Es difícil que a una persona se le pueda catalogar o etiquetar desde un solo calificativo, mucho menos a quién se entrega apasionadamente por lo que cree y piensa. Es el caso de Bonfilio Salazar Mendoza, quién a los 81 años recibirá un merecido reconocimiento por organizaciones de la sociedad civil de Hidalgo. Su trayectoria de vida ilustra múltiples facetas en que deja una huella invaluable.

En el marco del 22 aniversario de la Fundación Arturo Herrera Cabañas en que desarrolla cada mes de abril una gran cantidad de actividades culturales, un grupo de organizaciones civiles ha instituido el “reconocimiento al valor ciudadano” para aquellas personas que han generado contribuciones indispensables para la vida social, y han engrandecido, sin aspavientos de ninguna clase, las condiciones de vida de esta entidad hidalguense.

bonfilio salazar
Hoy toca el turno al Profe Bonfilio Salazar, como se le conoce en Hidalgo, y es precisamente esa profesión que lo va distinguir durante toda su vida, el vínculo con la enseñanza y la educación, que aun jubilado sigue dando lecciones de pedagogía, enseñar con el ejemplo. Nacido en la ciudad de Pachuca en 1935, no es ajeno de la construcción del México post revolucionario, quién observa que la educación es un tema fundamental, por eso decide estudiar la carrea de profesor en la escuela Normal Superior Benito Juárez de Pachuca.

La actividad educativa y cultural desde joven lo lleva a vincularse con los principales grupos culturales del estado de Hidalgo. Apasionado del dibujo logra participar en libros y revistas de los años 40´s a los 60´s. Profesor de carrera en diferentes instituciones logra trascender por su preparación y liderazgo en una época donde los maestros tienen una gran credibilidad social sobre todo en Hidalgo un pueblo con grandes problemas sociales y principalmente de educación.

En los años turbulentos de las movilizaciones sociales y de la aparición de una nueva generación de jóvenes, México es gobernado por un régimen duro y de poco diálogo, en ese marco llegó a la gubernatura de Hidalgo en 1968 el profesor Manuel Sánchez Vite, líder sindical del SNTE y Senador de la República, quién tuvo la oportunidad de nombrar como secretario particular al profe Bonfilio, de 1969-1973. Y ese vínculo con Sánchez Vite pudo etiquetarlo políticamente sobre todo en el desenlace de ese grupo político que fue despiadadamente destronado por el presidencialismo de Luis Echeverría.

En abril de 1975 el grupo político Huichapan (Rojo Gómez, Rojo Lugo, Lugo Verduzco, Lugo Gil) desestabiliza la gubernatura del doctor Otoniel Miranda con el desafuero desde la Cámara de diputados federal, y regresan al poder de la entidad. Identificado con el defenestrado grupo de Sánchez Vite, el profesor Bonfilio Salazar se queda fuera en la administración pública por unos años.

A su regreso a Pachuca rescata con muchos esfuerzos su plaza del magisterio y regresa a la docencia. En la política local, fuertemente controlada, el profe Bonfilio “se queda en la banca” durante muchos años, como parte del castigo político que se estila en estas tierras. Será reconocido hasta el periodo 1991-1994 en que retorna como Presidente de la Asamblea Municipal de Pachuca.

Después de este periodo se va dedicar al trabajo civil y orientado fuertemente a la causas ciudadanas.

El vínculo ciudadano con diferentes sectores de la sociedad hidalguense es indudable. Ha tenido un papel relevante dentro del Grupo Renovador Normalista promoviendo actividades y rescatando la memoria histórica del magisterio. Actualmente es coordinador del Comité del Centro Histórico de la Ciudad de Pachuca, desde la cual ha sido foco de críticas desde las autoridades por que no se logra alinear a las erróneas decisiones y destrozos que esta administración ha creado sobre todo en el Reloj de Pachuca.

Cada semana escribe su columna “El fusil” y creó un blog donde se suman diferentes voces críticas a las torpezas gubernamentales. Por eso y mucho más, el profesor Bonfilio Salazar Mendoza recibirá el reconocimiento ciudadano el miércoles 4 de mayo en la Fundación Arturo Herrera Cabañas, a las 18 hrs.

PABLO VARGAS GONZÁLEZ

Ante la brutal noticia, que conmocionó a parte de la sociedad hidalguense de que el alcalde del municipio Tepehuacán de Guerrero Hilario Mendoza Benítez propinó tremenda golpiza a su esposa María Virginia Ortiz Monroy, la Cámara de Diputados local inició tibiamente un procedimiento para el desafuero. Esta instancia advierte que puede tardar semanas o meses, cuando la reforma energética la aprobó en un par de horas.

El 24 de diciembre pasado cuando estábamos organizando la fiesta de noche buena y el intercambio de regalos y buenos deseos llegó la noticia de que el alcalde Mendoza Benítez practicó una buena sesión de box y artes marciales con su esposa a tal grado de romperle la mandíbula y golpear en el vientre hasta dejarla en estado inconsciente. Todo ello fue agravado por los improperios dirigidos y las amenazas.

En una entidad donde la violencia de género presenta graves indicadores y donde se han ido sumando la muerte violenta de mujeres, que desde luego en esta entidad no podemos calificar como “feminicidios”, en las últimas semanas es necesario que las autoridades competentes hagan su trabajo y vayan a fondo.

El asunto toma no solo visos penales, a todas luces constatables, ya que la presidenta del DIF municipal presentó una denuncia por golpes y amenazas que se comprueba por los testigos y las lesiones que forzaron a una intervención quirúrgica. Sino de carácter político ya que para hacer frente a los cargos el alcalde debe ser desaforado por el Congreso Local hidalguense. Pero aquí es donde pueden presentarse las dilaciones u otras prácticas que impidan la justicia no solo para la víctima sino claramente para la sociedad.

Se trata de un hecho que tiene varios elementos que son violatorios de leyes locales, federales e internacionales. No puede tratarse un tema que se ha colocado en la opinión pública nacional, como un “asunto doméstico” donde se apliquen normas superficiales o los “usos y costumbres”. Con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en 2011 ahora aplican inclusive los tratados internacionales que en materia de derechos de la mujer están vigentes.

Tan solo México firmó y ratificó aunque tardíamente varios tratados y convenciones internacionales siendo la más importante la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW) es todo un catálogo de prevención y protección de las mujeres contra la violencia y la discriminación. Los Estados Partes se comprometen a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Por su parte la Procuraduría estatal (PGJE) ya hizo su labor, integró la averiguación previa y envió la “pelotita” al Congreso Local solicitando un juicio de declaración de procedencia (desafuero) en contra del alcalde golpeador. Pero este apenas es el primer paso. Deben seguirse los procedimientos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero también las normas internas de los diputados.

Una entidad como Hidalgo que requiere de mensajes contra la impunidad, la falta de justicia, y de credibilidad, en este caso pone la atención sobre los trabajos y actuaciones del Congreso Local. Ante hechos plenamente comprobables y verificables no es posible usar un discurso “engaña bobos” ni mucho menos prácticas dilatorias para proteger a los victimarios.

La prensa ha dado cuenta de que no es el único caso en altos funcionarios golpean a sus esposas o las maltratan. Muchos otros casos ni siquiera llegan a la luz pública. El alcalde golpeador debe enfrentar los cargos desde las dos posiciones como gobernante y “servidor público” y como ciudadano. En ambos no cabe duda que se han afectado los intereses de la sociedad.

No sería aceptable que el hecho se politizara y se quisiera blandir banderas. Hemos visto en tiempos recientes la docilidad y aplicación de los diputados para temas de mayor calado e importancia que las han despachado en minutos. En este caso la sociedad les demanda la aplicación de criterios nuevos “pro persona” y “pro víctima” que requiere la rapidez y el compromiso.

El malestar con el PRi es generalizado. Foto: El Financiero

PABLO VARGAS GONZÁLEZ

En un año se han hecho grandes reformas de Estado que se habían dejado interrumpidas o tratadas de manera superficial y sin ningún cambio favorable para la sociedad o el mejoramiento del gobierno. Se prometió mover a México y se está logrando: la inconformidad a un año de gobierno es patente sobre todo en materia de la reforma energética que incluye la privatización de los recursos naturales del país.

Mover a México es la consigna actual pues la reforma del PRI y del PAN no resuelve la corrupción imperante en PEMEX, la injerencia de los líderes sindicales, y de la perdida y saqueo de recursos en esta paraestatal. En virtud de que no ha habido una consulta nacional que amerite esta decisión sobre el patrimonio del país es necesario expresarse en todos los ámbitos y salir a la calle.

El proyecto de dictamen de la reforma energética que pretende aprobarse la semana próxima modifica por completo el régimen constitucional en materia de hidrocarburos establecido después de la expropiación petrolera, y propone cambios de fondo a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, que dan paso a los contratos de riesgo en varias modalidades, incluso el de concesiones, en beneficio de las empresas extranjeras.

El artículo 27 señala que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones.

Además la propuesta presidencial no tiene límites: detalla que se darán contratos de servicios, de utilidad y de producción compartidas, además de licencias. Estas últimas contienen los elementos de una concesión, entre éstas, que se cede parte de la riqueza para que las petroleras la exploten. Se establece además que el pago a las trasnacionales será en efectivo, con un porcentaje de las ganancias e incluso con barriles de petróleo.

En el documento elaborado por PRI y PAN, en el que finalmente prevaleció la iniciativa panista, se propone reformar el artículo 28 constitucional, a fin de que la refinación de petróleo, la petroquímica básica –que incluye el procesamiento del gas natural–, así como la generación de electricidad dejen de ser actividades estratégicas, a fin de que queden totalmente en manos de empresas privadas.

En ese nuevo marco constitucional, se obliga a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a competir con las trasnacionales. Para ambos organismos, que estarían descentralizados, se prevé un régimen transitorio que contendrá las formas y plazos para convertirlas en empresas productivas del Estado.

No se dice nada de la transparencia, ni del control del Estado sobre las empresas privadas transnacionales: Se trata de un entreguismo gubernamental a ultranza. Todo ello a pesar de grandes manifestaciones en el zócalo de la ciudad de México y en las redes sociales, la iniciativa del presidente Peña Nieto está derrotada, y se adelanta una rotunda negativa a la posibilidad de que se entreguen los recursos naturales a empresarios, nacionales y extranjeros. Las redes sociales no son vinculantes pero manifiestan un significativo estado de ánimo de los sectores sociales.

Todo ello tiene fuertes implicaciones en tres ámbitos: 1) privatización de los recursos naturales sobre todo por la modificación del Art. 27 y 28 Constitucionales, existen indicios reales de que se privaticen los recursos naturales (petróleo, gas y Luz) 2) la perdida en la soberanía nacional y 3) en las condiciones de vida de los sectores sociales populares.

Los legisladores disque “representantes populares” no pueden tomar una decisión de esta naturaleza. El caso de PEMEX y de los recursos naturales son propiedad de la nación y no de algunos gobernantes y partidos políticos. Por lo cual se requiere el conocimiento y acuerdo mayoritario, y no debe circunscribirse a la “democracia representativa”, de que sean los “representantes populares” los que tomen la decisión.

Por eso es valiosa la propuesta de “mover a México” en defensa de PEMEX y de la soberanía del país. Lo políticos no pueden decidir solos. Hace falta una Consulta Nacional deliberativa. En cada plaza pública, en las escuelas, universidades, sindicatos, barrios y comunidades se tiene que expresar la sociedad. El país está en juego.

PABLO VARGAS GONZÁLEZ

Que se puede esperar si se quieren imponer decisiones a la sociedad y a los ciudadanos en asuntos fundamentales del país. La llamada reforma educativa y la propuesta del gobierno federal de “reforma energética” son temas de una amplia discusión nacional y no solo de un puñado de políticos y de partidos que no les interesa resolver los problemas reales y afondo del país. La respuesta social no se ha dejado esperar, las inconformidades crecen y es necesario abrir consultas y dialogo.

No terminaba la semana de la presentación de la “reforma energética” (12-18 de agosto) en que se acompañó de una avalancha de información favorable, y hasta una encuesta que apoyaba el cambio a los artículos 27 y 28 constitucional, cuando los profesores de varias entidades federativas se movilizaron en protesta pública contra la reforma educativa y el cambio a leyes reglamentarias (19-25 de agosto).

Los profesores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han salido a las calles a defender el proyecto de educación pública ante el terrible acoso y amenaza tanto de los líderes del SNTE como de las autoridades de la SEP. Después del golpazo que se le dio a Elba Esther Gordillo, al descabezar la oposición formal a la reforma educativa, solo ha quedado la sumisión de los líderes al nuevo gobierno.

La movilización que los profesores han hecho a las cámaras de diputados y Senadores, así como los plantones en el Zócalo del Distrito Federal y el acordonamiento son resultado de la falta de consulta y dialogo con los sectores involucrados. Se han impuesto cambios a la educación sin tomar en cuenta las opiniones de expertos y de los trabajadores. La respuesta de la sociedad es clara: no al nuevo autoritarismo que se quiere imponer como “modernización”.

Pero en las dos últimas semanas se desplegó un modelo de comunicación a favor del gobierno federal. En el monopolio televisivo (Televisa y TV Azteca), beneficiado con la “reforma en telecomunicaciones”, y junto con sus repetidoras en la radio, y un conjunto de periódicos se plegó en una orquestada embestida contra los inconformes que se dejaron notar en redes sociales, y después un linchamiento contra las protestas de los profesores.

En menos de una semana se vio no solo el regreso del modelo de comunicación social controlado por el Estado autoritario, sino lo más grave la cerrazón, la falta de manejo político para resolución de conflictos y la tentativa autoritaria que se prepara para la represión, con amenazas e intimidación.

En este marco destaca el linchamiento mediático de la radio y la televisión comercial contra los profesores. Impresionante, y peligroso discurso que dejo ver por los comentaristas oficiosos e incluso los spots oficiales y noticieros orquestados. Un discurso no solo Diazordacista sino con el tufo y la caída del supuesto velo democrático, con el que ganaron las elecciones.

El agresivo y violento discurso de los medios de comunicación descalificaron a todo tipo de profesor: delincuentes, vándalos, terroristas, guerrilleros que solo quieren interrumpir la “marcha del progreso y la modernización” de este nuevo gobierno y de los pobres niños que no tienen clases. Sin duda, un peligroso modelo de toma de decisiones que puede llevar a la radicalización de la sociedad. Es necesario hacer política, y abrir los cauces del diálogo.

La sociedad y los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a manifestar su posición frente a las reformas. El próximo domingo 1° de septiembre se llevará a cabo una consulta nacional en todas las principales plazas del país sobre la privatización de Pemex y el cambio al Artículo 27 constitucional. Es necesario y urgente que la sociedad opine y participe sobre asuntos de incumbencia nacional, no dejemos que los políticos decidan por nosotros.

PABLO VARGAS GONZÁLEZ

La propuesta que faltaba, que representa la “Joya de la Corona” del “Pacto por México” sin lugar a dudas es la reforma energética, que incluye no solo abordar cambios sustantivos a la propiedad de los recursos naturales (petróleo, gas, energía eléctrica) sino también el papel de México como una país colonizado. Dado que se juega la soberanía nacional, requiere una consulta extensa a los mexicanos y mexicanas.

Empeiza una lucha mediática por quién puede convencer. Sin embargo en las redes sociales, la iniciativa del presidente Peña Nieto va perdiendo terreno, y se adelanta una rotunda negativa a la posibilidad de que se entreguen los recursos naturales a empresarios, nacionales y extranjeros. Pero todos sabemos que las redes sociales no son vinculantes pero si un significativo estado de ánimo de algunos sectores sociales.

En la TV y la Radio Comercial, completamente monopolizada por intereses económicos es preponderante la oferta de “Modernización” del gobierno federal. Inclusive hablan de quitar los “Mitos” y de “hacer a un lado los prejuicios históricos”, es decir se habla de que el nacionalismo sobre el petróleo es un mito pasado de moda. Esto habría que comprobarlo y precisamente hace falta una real Consulta nacional como ocurrió en 2008 cuando Felipe Calderón también quería imponer una “reforma petrolera”.

Hasta ahora los postulados de la propuesta presidencial, que los únicos que la han aplaudido son los países y empresas transnacionales interesadas en la riqueza mexicana. Hay desde la cancha oficial muchas promesas (Esos si son Mitos geniales): en sus cinco puntos fundamentales propone:

1) Permite al Estado firmar contratos de utilidad compartida con el sector privado, con ello va generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Con los contratos de utilidad compartida el país, se dice que “no privatiza” pero pagaría parte de las ganancias a las empresas transnacionales. 2) Propone un nuevo régimen fiscal para Pemex. En la iniciativa de reforma hacendaria se propondrá un nuevo esquema de contribuciones para Pemex en donde el gobierno, ahora si actuará con racionalidad.

3 y 4 Impulsa la reestructura de Pemex. Se promete que Pemex se modernizará y que se mejorarán las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de Pemex. Algo impensable mientras se de apoyo y protección a los líderes sindicales, Jeques Petroleros del Sindicato (STPRM).

5) Indica reglas de contenido nacional en las compras y proyectos de infraestructura de la paraestatal. Su objetivo es utilizar el gran poder de compra del sector energético como palanca de desarrollo de la nueva política industrial mexicana.

Todo ello tiene fuertes implicaciones en tres ámbitos: 1) privatización de los recursos naturales sobre todo por la modificación del Art. 27 Constitucional, existen temores reales de que se privaticen los recursos naturales (petróleo, gas y Luz) 2) perdida en la soberanía nacional y 3) en las condiciones de vida de los sectores sociales populares.

En caso de los Pueblos Indígenas no se han considerado a fondo la magnitud de la reforma energética y el impacto que puede tener en territorios y pueblos, que pueden perder su identidad cultural y el control de regiones y comunidades en zonas petroleras. La reforma del gobierno es también desnacionalizadora porque descalifica la mano de obra de técnicos y científicos mexicanos.

Hay que ser claro. El caso de PEMEX y de los recursos naturales son propiedad de la nación y no de algunos gobernantes y partidos políticos. Por lo cual se requiere el conocimiento y acuerdo mayoritario, y no debe circunscribirse a la “democracia representativa”, de que sean los “representantes populares” los que tomen la decisión.

Por eso es valiosa la propuesta de cientos de organizaciones civiles que organizan una Consulta Nacional para el 1° de septiembre. En cada plaza pública, al menos habrá una casilla en cada municipio para que el ciudadano de su opinión: si o no está de acuerdo con la privatización- modernización de PEMEX.