[EN BUSCA DEL CIUDADANO]

México ha sido escenario de múltiples debilidades democráticas. En este país, como en otros de América Latina, la fragilidad institucional propicia que los males de la democracia se manifiesten con fuerza.

Basta con recordar la falta de contrapesos entre los poderes, los partidos políticos fragmentados, los anquilosados liderazgos tradicionales, la corrupción rampante en todas las esferas del gobierno y otros factores históricos.

Todos los fenómenos anteriores, representan el caldo de cultivo adecuado y propicio para manifestaciones políticas que se caracterizan por un discurso disruptivo. Liderazgos que se presentan como opciones distintas al poder establecido utilizando un ropaje de libertadores, mesías y salvadores de la patria. Ellos, a los que ahora se les clasifica como populistas, se reproducen fácilmente en todos los sistemas políticos, pero abundan ahí donde las expectativas de los ciudadanos no han sido cubiertas a cabalidad.

El caso emblemático que detonó el debate mundial sobre el populismo fue la victoria de Donald Trump, en Estados Unidos. Muy pocos esperaban que un candidato con esas características ganara las elecciones en una democracia avanzada, con instituciones sólidas y una cultura política ejemplar. Pues bien, ahí, en el epicentro del sistema democrático mundial un populista de derecha se coló para poner en jaque la estabilidad mundial.

Lo anterior dejo una enseñanza clara. Si existe un determinado grado de descontento (con la economía, la política o la clase gobernante), impera el miedo en la sociedad (miedo real o inventado) y un caudillo capaz de construir en la imaginación de suficientes personas un mito y una utopía que den cohesión discursiva a los instintos, frustraciones y reclamos que los enemistan con el estado de cosas imperante, el populismo irrumpirá con fuerza. En cualquier lugar y tiempo.

Derivado de los temores antes descritos, algunas voces expresan su gran preocupación por que en México se instaure un régimen populista. Llegan a tal las fobias que diversos sectores consideran que Andrés Manuel López Obrador candidato puntero en la carrera presidencial, es un populista que terminará por dinamitar la vida institucional de este país.

Para empezar, hay que subrayar que dichos fantasmas han sido parte de una gran campaña de engaño y manipulación; y que los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, son los responsables de promover esos planteamientos equivocados.

Basta con echar un vistazo a la historia política del país para tirar por la borda las mentiras en torno al populismo que se propagan con fuerza en tiempos electorales.

Por principio de cuentas hay que decir que el populismo no se manifiesta como una mera casualidad. Sino que tiene su origen en aquello que se dejó de hacer o hizo mal la democracia.

Bajo este precepto, en México han sobrado los casos en que personajes políticos aprovechan las debilidades de la democracia para forjar su carrera política. Es decir, llevamos años en donde los caudillos, los presidentes (con facultades metaconstitucionales) y los líderes de izquierda y derecha (unos más y otros menos carismáticos), pavimentaron el camino hacia el populismo.

Todos estos actores se valieron de un frágil entramado institucional y los que tuvieron la oportunidad de gobernar introdujeron estos mecanismos como parte de los usos y costumbres del sistema político mexicano.

Dicho de otra manera, México ya tuvo en su historia gobiernos y gobernantes populistas (Lázaro Cárdenas del Río y Luis Echeverría Álvarez, por ejemplo). Lo anterior, por cierto, no pulverizó la vida institucional del país como se pretende hacer creer ahora.

Cárdenas y Echeverría construyeron durante su gobierno una serie de políticas sociales de corte asistencial que bien pueden definirse como populistas. Es decir, crearon mecanismos de control, compra de voluntades y lealtades partidistas que pueden ser explicadas a través de un mecanismo retrógrado: el clientelismo político. Lo que a su vez enalteció la figura presidencial y llevó a la idolatría de los personajes en cuestión.

Es decir, el régimen político lleva varias décadas generando clientelas auspiciadas por políticas que facilitan bienes y servicios a costa de incrementar las bases políticas del partido en el gobierno.

Así se crearon y así funcionan algunas instituciones del país. Lo único que cambia es el proveedor. Algunas veces es un partido político, otras un candidato y unas más un gobierno. Pero todos ellos se benefician de tener una amplia base social que se favorece de las políticas que procuran recompensas mínimas al tamaño de las necesidades.

Por eso, resulta inverosímil que ahora existan preocupaciones infundadas porque puede llegar al poder un líder populista. En realidad, el personaje es lo de menos. Siendo que desde hace años (escondidas o aparentes) se utilizan políticas populistas como parte medular del sistema político mexicano.

Quizá por eso las elecciones en México son cada vez más costosas. Porque hay que comprar voluntades a través de promesas de una vida mejor. Ello se materializa con la distribución de tarjetas que pueden ser intercambiadas una vez que los ciudadanos votan por la opción señalada. Tiempo después vienen los “beneficios” prometidos con un alto costo social.

También puede utilizarse este criterio en los programas sociales que sólo buscan incrementar sus apoyos para perpetuar opciones políticas en el poder. Tratando de generar paliativos y no soluciones a problemas estructurales.

Una de las preguntas más recurrentes en estos tiempos en el país es si existe la posibilidad de que un populista gobierne al país en 2018. Efectivamente existe la posibilidad real de que López Obrador sea presidente. Pero, repito, lo de menos es la persona. Lo que debe de preocupar es el régimen político que alberga en su esencia una alta dosis de populismo. Esto es, favorece la creación de clientelas políticas más que la formación de ciudadanos.

Bajo este criterio, la persona que atienda desde Los Pinos tendrá la tentación de continuar con aquellas políticas más que eliminarlas. Y es ahí donde la discusión debe de centrarse.

Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que su movimiento busca un cambio de régimen y esperemos que cumpla con esa compleja tarea. Porque de nada servirá cambiar de denominación política utilizando la misma estructura populista del sistema.

Para terminar, hay que decir que se extiende cierta preocupación porque se extienda la ola populista. Ese debate es falso. Aquí el régimen político que se instaló a principios del siglo XX está basado en políticas públicas de corte populista que fomenta la creación de clientelas políticas.

Por tal circunstancia, lo que debe de preocupar (más allá de quien gobierna) es la modificación de los entendidos políticos que se han perpetuado en el poder. Gracias a esos mecanismos se han consolidado políticas y clientelas que impiden escenarios de plena competencia y distribución del poder.

Hacia 2018, año en que se renovará la presidencia, el verdadero reto no radicará en elegir una opción política sobre otra. El fondo de la situación será romper las ataduras populistas que se construyeron desde la gestación del régimen en cuestión que suena lejana si se conoce la historia reciente del país.

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

Francisco Olvera Ruiz, gobernador de Hidalgo de 2011 a 2016. FOTO: El Nuevo Gráfico
Francisco Olvera Ruiz, gobernador de Hidalgo de 2011 a 2016. FOTO: El Nuevo Gráfico

PACHUCA, Hidalgo. —Hace unos días, funcionarios del gobierno estatal convocaron a una rueda de prensa para anunciar que el ex gobernador, Francisco Olvera Ruiz dejó a su sucesor, Omar Fayad Meneses, una deuda de 14 mil 834 millones de pesos. Cifra muy superior a los 4 mil 200 millones que Olvera reconoció en agosto pasado. Además de que existe una gran diferencia entre lo anunciado y lo encontrado meses después. Quizá lo más grave es que de ese monto, no existe registro del uso de 5 mil 196 millones de pesos.

Es decir, se detectaron adeudos (mayores a los declarados) en todas las dependencias por concepto de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a otras empresas aseguradoras. Lo cual, de entrada no representa un sano manejo de las finanzas del gobierno anterior. Es decir, se dejó de pagar con la vagabunda idea de que otra persona pague después. Acto absolutamente irresponsable.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, existen otros adeudos que no fueron “debidamente justificados” por la cantidad de 5 mil 579 millones de pesos. Para darle su justa dimensión a este adeudo basta recordar el actual caso de corrupción más citado en el país. Me refiero al de Javier Duarte acusado por un desvío de recursos por cerca de tres mil millones de pesos. Bajo esta óptica, Duarte se queda corto con los faltantes que ahora tienen las arcas del estado de Hidalgo.

Pero ahí no acaba la historia. Por raro que parezca el propio gobernador Fayad declaró en medios al otro día “el tema de la deuda pública está clasificado en el grupo no problemático y manejable de deudas que no excedieron lo que a nivel nacional se presentó en otras entidades”; y remató “al tener el monto total de la deuda pública que asciende a 14 mil 834 millones de pesos, de los cuales mil 400 millones los pagará Petróleos Mexicanos (Pemex) a 20 años, haremos lo que tengamos que hacer como refinanciar, reestructurar y pagar”.

Actualmente, aseguró, “me toca la parte de negociar con la Secretaría de Hacienda que esos créditos fiscales que nos fincan, nos quiten cuando menos recargos o lo que la ley permita”.

Por tanto, lo que tenemos al final del día es un mensaje desafortunado. Porque por una parte se señala un adeudo considerable a las finanzas del estado y se señala a los “posibles responsables”. Pero, a su vez, se pronuncia el actual gobernador con la disposición de negociar y pagar lo adeudado. Lo anterior confunde al más enterado.

En el fondo de toda esta nube de polvo queda algo muy claro. Existe un rompimiento entre las dos administraciones locales. Eso nadie lo puede negar. Por otro lado, hay un doble criterio (incluso diría estratégico) de parte de la actual administración. Por un lado se manda un mensaje fuerte y claro a todos aquellos que tienen pendientes. La consigna es: detectamos faltantes en todas las dependencias (tenemos la información). Así que más vale que se mantengan en alerta. Por otro lado, el mensaje a la ciudadanía es que este gobierno va por los corruptos vengan de donde vengan. Algo que se capitaliza políticamente muy bien.

Sin embargo, se queda un sabor amargo en la boca si los señalamientos de malos manejos en las finanzas del Estado se queda en el terreno del anuncio. Como mera anécdota. A más de uno nos gustaría ver acciones más concretas encaminadas a llevar a juicio a quien resulte responsable de aquellos adeudos al erario público.

Vale la pena subrayar que casos de personajes que se enriquecieron al amparo del poder y con la venia de la pasada administración son muchos. No estaría mal que uno que otro pagara por aquella conducta indebida.

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@2010_enrique

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Como en una suerte de posada, la Procuraduría General de la República (PGR) está tratando de atinarle a una piñata sin tener el pulso adecuando. Esto es, lanza palos de ciego en su estrategia por localizar y capturar a dos ex gobernadores prófugos de la justicia.

Esa dependencia hasta el momento no ha realizado bien su trabajo. No ha localizado a Javier Duarte, no pudo encontrar a Guillermo Padrés (este personaje se entregó por su propia voluntad) y ahora busca a Tomás Yarrington.

No sólo eso, en su desesperación ahora la PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a quien brinde información que lleve al paradero de Duarte y Yarrington. Con esa acción el mensaje que está enviando es que no tiene la menor idea de dónde se encuentran los señalados; y por otra parte, se deduce que durante este periodo de tiempo (en el caso de Duarte meses y en el caso de Yarrington años) no ha recabado las pruebas necesarias para poder capturar a los presuntos delincuentes.

Si lo anterior es cierto, entonces tendríamos que estar muy inquietos. Por dos razones; o bien la PGR tiene un significativo rezago en sus estrategias para capturar a presuntos delincuentes, o en la misma dependencia (por encargo) no se está haciendo nada para capturar a los personajes citados.

Cualquiera que sea el caso es de llamar la atención la parálisis con la que opera esa dependencia. Me resulta difícil de entender cómo esa institución teniendo Delegados en todos los estados, Unidades de Análisis y Control de Información Estratégica, Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), miles de elementos en la Policía Federal Ministerial, 37 Agencias del Ministerio Público y cientos de funcionarios, no pueden localizar a dos personas en el país.

Es más, lo último que supimos de Duarte es que trató de salir del país por Chiapas a través de unos pasaportes falsos. Es decir, no hay que buscarlo en todo el territorio nacional sino limitarse en un estado de la república. Aun así hoy no tenemos nada. Seguimos sin noticias al respecto.

Con todos estos elementos no hay mucho margen para decir que la PGR está actuando de manera eficaz. Por el contrario, su trabajo deja mucho que desear. Pero existe otro elemento en el cuál no se ha profundizado; y es que quizá, la PGR tenga la indicación de no localizar a los ex gobernadores. Es decir está evadiendo su responsabilidad. Dicho en otras palabras, está jugando a la piñata (a que no le atina).

Si éste es el caso (como todo parece indicar), estamos en el escenario de un sistema autoritario donde la justicia se ejerce por encargo. Bajo este parámetro no democrático, las instituciones se subordinan a la voluntad de una persona y, por ende, no existen criterios efectivos para ejercer un pleno estado de derecho.

Es muy lamentable que el Gobierno Federal a través de la PGR siga sumando pendientes y que su lista sea muy larga en asuntos por resolver. Todavía hacen falta muchas explicaciones en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Nochixtlán y ya se suman los asuntos de Duarte y Yarrington, en una lista donde seguramente existen más pendientes.

@2010_enrique
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PACHUCA . –Un buen profesor en la universidad me aconsejó que cuando no pudiera explicar un fenómeno político regresara a los clásicos. Por tanto, habido de criterios interpretativos, recurro al más grande pensador de la filosofía política: Platón. Para él, la peor forma de gobierno era la democracia. No confiaba en ella porque creía que se trataba de una forma corrupta de constituir un gobierno. Según Platón: “en la democracia todo el mundo es libre y en la liberación cada cuál es dueño de hacer lo que le plazca”. Esa libertad, entendida por el filósofo como desorden, representaba su principal defecto.

Siglos después, Alexis de Tocqueville, describió la fortaleza institucional de Estados Unidos en su conocido libro “La democracia en América”. En ese texto el pensador francés aseguró que “lo más importante para la democracia es que no existan grandes fortunas en manos de pocos”.

Pues bien, el pasado martes 08 de noviembre los ciudadanos norteamericanos votaron con absoluta libertad por un magnate que representa los intereses de una minoría clasista, racista y misógina.

¿Qué pasó con el electorado norteamericano?, ¿Por qué no nos ayudan los clásicos a entender este comportamiento?, ¿Cuáles son las claves para entender la elección en aquel país? ¿Qué le depara a los millones de migrantes que viven allá? Todo eso naufraga en un mar de incertidumbres.

Por principio de cuentas, vale la pena hacer una profunda reflexión sobre la masificación de las democracias. Ciertamente no se puede limitar la expresión de los candidatos que encuentran fórmulas fáciles para convencer (engañar o manipular) a robustos sectores de la población. Porque en el juego político caben todos y los electores (presumiblemente) tendrán la suficiente capacidad para escoger a los mejores.

Este razonamiento tiene perfecta sincronía con el sentido común. Pero no está presente en el electorado actual. De tal manera, que también hay que analizar a los que eligen: los votantes. Es decir, ¿por qué han tenido éxito las propuestas cada vez más exóticas y alegadas de la política formal?

Es evidente que existe una degradación del universo político. Los ciudadanos están hartos de los profesionales de la política, y buscan refrescar el panorama, con aquellos que no son políticos de carrera. Eso tiene costos positivos y negativos. Pero la experiencia nos dice que como toda profesión (la política incluida) debe ser ejercida por los expertos en la materia. Así como nadie se dejaría operar del apéndice por un contador, o confiaría a un abogado la construcción de su casa; lo mismo ocurre con un político. No puede gobernar un merolico que arengando a las masas prometa cambiar el rumbo de una nación sin un plan específico, sin una política pública, sin experiencia en los asuntos de gobierno.

Hilary Clinton es una profesional de la política (con todos sus defectos y virtudes) que ante un esperpento como Donald Trump no tiene comparación. Pues aun así, los electores norteamericanos eligieron el camino de la aventura al elegir a un neófito de la política como presidente.

Cabe otra reflexión de Platón, quien sostenía que “el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por lo peores hombres” eso parece describir lo que pasó en Estados Unidos.

Pero por desgracia ese no es el único ejemplo, el pragmatismo político, está cobrando fuerza en distintas regiones del mundo. Basta con citar el Brexit (donde un grupo de electores de edad avanzada decidió que Inglaterra saliera de la Unión Europea), o Colombia (que realizó esfuerzos inconmensurables para llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla y en un referéndum los ciudadanos no respaldaron esta propuesta), o también la reciente reelección de Daniel Ortega en Nicaragua (donde los electores embelesados por aquella figura lo refrendaron en el cargo a pesar de casos de corrupción y escándalo familiar). Todos estos electores no obedecen a los estándares que se han descrito. Se trata, en cambio, de personas sin niveles de sofisticación que buscan las opciones más “sencillas” para los problemas más complejos.

En Inglaterra los que acudieron a votar consideraron que su nación e identidad corrían riesgo con la permanencia de aquella nación en la Unión Europea. En Colombia los odios pasados no permitieron un proceso de pacificación con la guerrilla y los nicaragüenses perdonan todo tipo de abusos y vejaciones de un presidente que vive de glorias pasadas.

Vale la pena hacer muchas lecturas al respecto. Mientras tanto, y esperando que las aguas vuelven a su curso, habría que replantear la incuestionable virtud de elegir a través de la voluntad general a las representantes populares. Algo en esa dicotomía está fallando. Puede ser el método, la fórmula o la consecuencia. Pero la democracia actual está dejando mucho que desear en términos de participación, representación y legitimidad.

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Agustín Sosa Castelán (primer plano) y Adolfo Pontigo Loyola. FOTO: Criterio Hidalgo
Agustín Sosa Castelán (primer plano) y Adolfo Pontigo Loyola. FOTO: Criterio Hidalgo

PACHUCA . –Hubo cambios en la familia universitaria; y no me refiero a la gran familia que conforma la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); no, me refiero a la familia Sosa Castelán. Porque es bien sabido que todo lo que ocurre en la máxima casa de estudios pasa por las manos del cacique universitario: Gerardo Sosa.

De esta manera, deja la rectoría Humberto Veras Godoy (aludiendo una invitación a trabajar a la ANUIES) para que, Adolfo Pontigo Loyola, otrora Secretario General de la UAEH, ocupe el cargo de rector. Hasta ahí, los cambios obedecen “probablemente” a una dinámica de carácter laboral. No obstante, la nota se encuentra en el puesto que se quedó vacante. Es decir, ¿quién ocuparía la Secretaría General? No hay que pensarlo demasiado, Gerardo impuso a su hermano menor: Saúl Agustín Sosa Castelán.

De tal forma que los cambios en la UAEH tienen otra intensión, no son motivados por un plan estratégico para impulsar el desarrollo científico de la educación superior (por ejemplo); sino que se trata de una mera y vulgar estratégica del clan Sosa Castelán para perpetuarse en el poder.

Dicho con claridad, Gerardo impone a su hermano en la Secretaría para que en un futuro (no muy lejano) el benjamín de la familia sea envestido como rector. Y de esta manera, seguir manteniendo el pleno control, hegemonía y dominación de lo que ocurre en la universidad.

Estos movimientos son deleznables desde cualquier óptica. Pero, por si no fuera demasiado lo anterior; resulta que el nuevo Secretario General, según información del diario Criterio del 2 de noviembre: “no aparece con cédula en el Registro Nacional de Profesionales y cuenta con averiguaciones previas en su historial por delitos como homicidio y robo”.

Respecto de estas averiguaciones el semanario Proceso documentó los hechos en su edición de 1991 donde “al hermano del presidente del patronato de la UAEH se le señaló por los delitos como asalto y homicidio en las averiguaciones previas 5/65/989, 5/100/989, 5/103/989, 5/169/989, 5/170/989 y 5/l72/989, iniciadas en Huejutla”.

Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH u jefe del clan Sosa. FOTO: Criterio Hidalgo
Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la UAEH y jefe del clan Sosa. FOTO: Criterio Hidalgo

Una carta de presentación un tanto incómoda para alguien que puede ser rector de la universidad pública más grande del estado; institución que, según el diario “El independiente”, está dentro de las 50 mejores universidades de Latinoamérica.

Pero, al parecer, a la familia Sosa no le preocupan estas nimiedades. Mientras que Gerardo se encuentra afianzado en el Patronato que administra el pabellón universitario, el rancho, el club, la editorial y el transporte universitario, entre otras empresas, su hermano ya se perfila como rector sin mayores obstáculos a la vista.

Ante este panorama cabe preguntarse ¿Hasta cuándo veremos una renovación de quienes administran la universidad? ¿Cómo se puede poner un alto a la ambición de Gerardo Sosa? ¿Cuándo existirá un mecanismo democrático en la asignación del rector en la universidad?

Hace falta que los propios universitarios sin necesidad de pedir la intermediación del gobierno (que por cierto, ha sido pasivo a lo que ocurre al interior de la UAEH) tomen cartas en el asunto para tratar de erradicar ese faraónico poder que tiene Sosa.

En todos los círculos sociales se discute sobre el daño que le hacen a la sociedad los políticos pervertidos por los excesos (dinero, poder, lujos, corrupción). De la misma manera, hay que erradicar a los entronados en los cargos de la UAEH, que utilizan esos espacios como herramienta para impulsar proyectos personales (fracasados e inacabados, por fortuna) pero pagados e impulsados a costa de todos los universitarios.

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