[EL MENOSPRECIO DEL SIGLO]

Enrique Peña Nieto. FOTO: Germán Canseco / Proceso
Enrique Peña Nieto. FOTO: Germán Canseco / Proceso

LOS ÁNGELES, CA. –La Sociedad Interamericana de Prensa, dirigida por Ricardo Trotti, con base en Miami, un organismo que se presenta sin fines de lucro y defensor de la libertad de prensa, anunció la 72ª Asamblea General para realizarse en México, DF, en la segunda semana de octubre, de la cual recibí invitación. Mi sorpresa fue leer que la inauguración estará a cargo de Enrique Peña Nieto, y compartirá escenario con el expresidente de Uruguay, José Mujica.

En los últimos decenios he condenado los crímenes del gobierno mexicano, y he sentido particular indignación por los colegas asesinados, feminicidios en todo el país y víctimas de fabricación de delitos encarceladas con sentencias perpetuas. Y enfatizo decenios, no un año o dos. Han sido generaciones mermadas en México por gobiernos criminales, y no somos pocos los periodistas nacionales e internacionales que hemos desenterrado y reconstruido historias macabras sin que los responsables paguen por ello.

Por eso y más, no puedo guardar silencio en este evento de doble filo. Me parece inaceptable que periodistas con el sello del New York Times y otras casas editoriales de prestigio internacional acepten participar en un evento sobre la libertad de prensa, en un país donde el gobierno asesina cada 26 días a un colega, y a sabiendas que esos crímenes se quedan en completa impunidad porque el gobierno se los atribuye al narcotráfico, como si fuera una nebulosa entidad separada del Estado.

Me parece inaceptable que el director del diario mexicano El Universal se muestre tan condescendiente con Enrique Peña Nieto y su largo historial de crímenes de derechos humanos –desde Atenco hasta Nochixtlán– y lo cuele como “una digna personalidad” para hablarnos a los periodistas sobre la libertad de prensa en un país plagado de fosas clandestinas y personas inocentes en las cárceles.

Periodistas y editores internacionales que parecerían no tener pudor en compartir escenario con un gobierno criminal son quienes pretenden darnos conferencias magistrales sobre la libertad de prensa y la cobertura en América Latina. Desde el director de El País, de España, medio en el que me formé como periodista internacional y trabajé en una de sus delegaciones, y que ahora su línea editorial resulta tan flexible y cuestionable como la del propio Juan Ruiz Healy, que celebra 100 años del diario, con el PRI y sus gobiernos aliados sentados en un restaurante de lujo y planas llenas de publicidad gubernamental.

¿Qué pasa con los medios en el mundo? ¿Qué es el periodismo hoy? ¿La costumbre de halagarnos nosotros mismos y a los que tienen el poder para que nos den su reconocimiento? ¿Acaso tan diluidas están las fronteras éticas del periodismo, que parecería corresponder a principios de épocas remotas? ¿Todos los periodistas, editores y personajes públicos que participan en esta asamblea de la prensa interamericana en realidad han defendido la libertad de prensa? ¿Es esto lo que tienen en común con periodistas que hemos sido amenazados, exiliados, callados o asesinados por ejercer nuestra libertad para informar?

Es obvio que no. Un periodista puede compartir un tiempo con un criminal de derechos humanos, con un genocida, o un narcotraficante por un interés profesional en el ejercicio de su derecho a informar la parte oscura del ser humano. Pero no puede compartir la mesa con un criminal de derechos humanos para brindar y celebrar por una libertad que ha sido coartada a los demás.

Un periodista no es sólo lo que escribe y dice. También es su visión y su conciencia. Y lo podemos comprender con la incesante propaganda hacia el gobierno mexicano. Basta que periodistas de fama pública nacional o internacional coloquen las críticas a Peña Nieto en otro ángulo para desviar la atención del ciudadano sobre la gravedad de sus crímenes de derechos humanos. Ciertamente, el periodista puede ser crítico, pero para cualquier gobernante de la calaña de Peña, es un triunfo a su imagen que se le califique de ignorante plagiador de textos, por ejemplo, como lo hizo Carmen Aristegui, en vez de investigar y registrar su genocidio y complicidad con el narcotraficante más poderoso del mundo. Igual sucedió con Felipe Calderón, a quien criticó de “borracho”, mientras grupos de activistas y cientos de miles de usuarios de las redes sociales pedían su renuncia por el genocidio de más de 200 mil personas con una guerra en la que su gobierno favorecía claramente al mismo narcotraficante que se sigue favoreciendo ahora.

Con respecto a la asamblea por venir de la Sociedad Interamericana de Prensa, parecería que tuviera un doble objetivo al haber invitado a Peña a dar el discurso de inauguración frente a medios internacionales.

No encuentro más respuesta que la búsqueda de legitimidad de Peña solicitada a una organización de periodistas latinoamericanos radicados en Miami que se prestan a sus intereses. Sobre todo, en un momento de crisis de imagen de Peña por su corrupción y represión contra maestros opositores a su denostada reforma educativa.

La agenda implícita está armada: Por una parte, Peña es el anfitrión de la prensa internacional, por lo tanto todos los medios asistentes estarán obligados a reproducir su discurso y le darán legitimidad a su actuación de “presidente respetuoso de la libertad de prensa”. Con ello se olvida el número de periodistas asesinados y las miles de agresiones a la prensa mexicana de a pie, e incluso las recientes amenazas al corresponsal de The Guardian por revelar en Europa los apartamentos de lujo no declarados de su mujer Angélica Rivera en Miami. La misma ciudad sede de la organización que convoca al evento, por cierto.

Y por otra parte, poner a Peña junto al expresidente José Mujica, como si la corrupción y criminalidad del primero, pudiera ser diluida con la honestidad y humildad del segundo. Más perverso aún como si en México, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el mismo gobierno fueran parte normalizada de la gestión pública, y todo continuara en una rutina sexenal que la prensa prefiere ignorar. Nada más vergonzoso para la historia del periodismo.

México es un país donde la libertad de expresión y los derechos individuales no se respetan. Y el gobierno de Peña Nieto es responsable de ello. Es responsable de favorecer la impunidad y mantener instituciones judiciales torturadoras, que fabrican delitos y obstaculizan investigaciones sobre crímenes de Estado. Es responsable de mantener un sistema penal federal con presos inocentes y sentencias perpetuas, mientras criminales como Isabel Miranda de Wallace, que inventó el secuestro y homicidio de su hijo para obtener notoriedad política y poder económico, se sientan a la mesa con él. Es responsable de mantener un ejército que dispara sin pudor contra su pueblo y desaparece estudiantes, activistas y opositores al régimen. Es responsable de la destrucción y expropiación de propiedades de las comunidades indígenas y campesinas. Es responsable de violar el libre tránsito en nuestro país con retenes de militares violadores y feminicidas. Es responsable de simular una guerra contra el narcotráfico, mientras protege a sus delincuentes aliados.

El gobierno de Peña es responsable de estos crímenes de lesa humanidad que mantienen a México suspendido en el tiempo de las dictaduras latinoamericanas de hace tres o cuatro decenios. Callar o permitir que la prensa minimice su gravedad es complicidad. Es favorecer una prensa indigna, tendenciosa y desinformadora que Peña y sus gobernadores pagan con recursos públicos para distorsionar la realidad y atacar a los grupos sociales críticos a ellos. Y no me refiero a esos personajes de televisión con su monótona cantinela de noticiarios a modo, sino al periodismo serio.

Nuestra tarea es decir la verdad, no ser cómplice de mentiras e información distorsionada. No somos saqueadores mentales detrás de una pantalla con anuncios del gobierno. Nuestra tarea es ayudar a comprender lo que está sucediendo, no ocultarlo con eufemismos y recovecos lingüísticos. Nuestra tarea es ejercer ese periodismo necesario y no de modo cínico.

Quien ejerza el periodismo e ignore la responsabilidad del gobierno de Peña Nieto en la profunda fractura del Estado de Derecho en México, no tiene autoridad moral ni ética para hablar en nombre de la libertad de prensa ni dar “consejos” al gremio. Nuestro principio para ejercer el periodismo es uno y sin equívocos: ética. Si no, no es periodismo.

La Sociedad Interamericana de Prensa debería reconsiderar la participación de Peña Nieto en una asamblea de esta índole, porque el verdadero terrorismo de Estado es el que mata gente inocente. Y Peña Nieto es uno de los culpables.

Twitter: @gpelizarraga

etalle de imagen usada para la portada del libro El caso Wallace, editado por Ed. Aguilar.
etalle de imagen usada para la portada del libro El caso Wallace, editado por Ed. Aguilar.

Segunda parte

LOS ÁNGELES, California.- Las evidencias sobre rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda dados a conocer por Los Ángeles Press, el pasado 31 de mayo, indignaron fuertemente a su madre Isabel Miranda Torres. “Que den pruebas, no suposiciones”, escribió a esta periodista por su cuenta de Twiter @WallaceIsabel y abundó por el mismo medio descalificando la información periodística: “los delincuentes se mienten tanto a sí mismos que se creen sus propias mentiras…”.

En el primer contacto por la misma cuenta, Miranda adjuntó la imagen de una denuncia en contra de Ámbar Treviño Pérez, quien fue abogada de la inculpada Brenda Quevedo Cruz, en 2010. En el documento se señala la orden de acción penal PGR/SIEDO/UEIS/144/2010 en contra de Treviño por supuestos delitos de “falsificación de documentos, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, responsabilidad profesional y delincuencia organizada con finalidad de cometer secuestro”.

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Por esta acusación, se libró la orden de aprehensión contra la abogada Ámbar Treviño y estuvo presa del 9 de marzo al 10 de mayo de 2010.  El Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Durango resolvió la exoneración de cargos y le dictó el auto de libertad –el 6 de mayo– bajo el Exhorto Número 67/2010 del Juez Decimoquinto de Procesos penales “por falta de elementos para procesar en favor a Ámbar Treviño por los antijurídicos de falsificación de documentos…”. Isabel Miranda no desconoce este dictamen, y sin embargo, sigue usando una denuncia presentada por ella misma como prueba de «delincuencia organizada con intención de secuestro» en flagrante calumnia contra la abogada.

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Fragmento del auto de libertad en favor de Ámbar Treviño, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Procedimientos Penales exhorto número 27/2010.

El perjurio de Isabel Miranda ante la Corte de Chicago 

Otra de las pruebas que delataron a Isabel Miranda sobre la manipulación del caso Wallace es el delito de perjurio cometido contra la Corte de Chicago en Illinois, el 6 de enero de 2008, al haber presentado una carta apócrifa de no antecedentes penales de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Brenda Quevedo Cruz, refugiada en Estados Unidos después de la acusación pública de Miranda en 2006, fue localizada y detenida en Louisville, Kentucky en 2007. Los agentes de Migración la internaron en un centro de detención en Chicago, donde enfrentó el juicio de deportación. Fue cuando la Corte de Chicago solicitó el récord de los antecedentes criminales tanto de la inculpada como de la presunta víctima de secuestro Hugo Alberto Wallace Miranda.

Quevedo Cruz no tuvo antecedentes penales. Wallace Miranda, por el contrario, había sido procesado por el delito de “contrabando” en 2001. Sin embargo, el documento presentado a la Corte de Chicago por su madre afirmaba:

“Hugo Alberto Wallace Miranda does not have any preliminary investigations, court orders or criminal background for a crime for local matters in this Attorney General’s Office”.

La misiva en inglés contiene un logo alterado del Gobierno de la Ciudad de México y el membrete de la Procuraduría General de la República con el número 203/2606/08-10. Incluía supuestamente la firma del entonces fiscal Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Juan Maya Avilés (actualmente retirado del cargo).

en ingles

La Secretaría de Seguridad Pública en México es quien realiza los trámites de no antecedentes penales, y para ello se requiere el acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente y credencial de elector presentado por el interesado. De acuerdo a la información oficial, si éste no puede asistir, lo puede tramitar un familiar directo, con carta poder firmada por el interesado. Ante la pregunta de esta periodista a la funcionaria pública que atiende dichas solicitudes de si era posible otorgar una carta de no antecedentes penales a una persona fallecida a petición de la madre, respondió sin cortapisas que no, pero continuó: “A menos que sea una institución que lo solicite a nuestra institución, esto es que mande un oficio por escrito a la secretaría” –y reiteró– “una solicitud de institución a institución, esos son casos especiales en los que no se niega”.

–¿Puede un fiscal de Autosecuestros firmar una carta de no antecedentes penales, suponiendo que se solicitó de institución a institución? –preguntó la periodista.

–No, de ninguna manera. Ningún fiscal está autorizado para firmar esos documentos, sólo los directores y,  por ausencia, los subdirectores –respondió la funcionaria.

–Tengo copia de una carta de no antecedentes penales presentada en una Corte de Estados Unidos, firmada por un fiscal de Antisecuestros y con un sello de la Ciudad de México y membrete de la PGR. La carta es de 2008, ¿esto posible, es decir, podría ser legal?

–No es posible. Le repito, ningún fiscal firma cartas de no antecedentes penales, eso no es una política nueva, es nuestro reglamento. Pero además nosotros dependemos de la Segob (Secretaría de Gobernación), no del Gobierno de la Ciudad de México. La carta de no antecedentes penales la expide la Secretaría de Seguridad Pública y las cartas llevan el sello de la Segob.

La explicación de la funcionaria coincidió con la información del sitio oficial de la PGR en la red: “La Procuraduría General de la República no expide cartas de no antecedentes penales, toda vez que éstas son solicitadas a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social”.

El gobierno mexicano, a través del agente del Ministerio Público, Jesús Andrés Hernández López, desmintió a Isabel Miranda y presentó una declaración jurada en apoyo de la petición de extradición de Brenda Quevedo Cruz, al localizar información criminal a nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda. En este documento, se hizo referencia a la orden de reaprehensión por el Juez Decimotercero de Distrito de Procedimientos Penales Federales dentro de la causa 196/2001. En su declaración dijo el agente que Wallace fue liberado bajo fianza por la cantidad de $14,665.00 pesos mexicanos (USD$ 1,173).

Anter Penales HAW 11

De acuerdo con la argumentación de la defensa de Quevedo Cruz en el juicio de deportación, realizada por el abogado Stanley J. Horn,  y el despacho jurídico en el que trabajaba entonces “Horn, Khalaf, Abuzir, Mitchell & Schmitd”, el gobierno mexicano no proveía las suficientes evidencias de que su cliente hubiera participado en el supuesto crimen y le resultaba “cuestionable la veracidad de las confesiones” de los imputados que habían intentado retractarse.

“De hecho, la evidencia proveída por el gobierno –señaló Horn en el alegato de ocho páginas– junto con las explicaciones de la acusada son radicalmente diferentes. La falta de evidencia del gobierno es todavía más cuestionable basada en la información proveída por Quevedo Cruz que demuestra una excelente probabilidad de que la supuesta víctima esté viva, incluyendo los récords de llamadas telefónicas, correos electrónicos y testimonios…”. La defensa de Quevedo concluyó que si a su cliente la deportaban sería torturada en México para obligarla a incriminarse. Tal como sucedió, aunque no se ha incriminado hasta la fecha, pese a haber sufrido dos torturas y la violación sexual de sus agresores, el 27 de noviembre de 2009 y el 13 de octubre de 2010.

El esposo de Isabel Miranda, sin comparecer

La evidencia más contundente para Isabel Miranda Torres ha sido la prueba de ADN obtenida de un elemento piloso y una gota de sangre, encontrados en el departamento de Perugino #6, supuesto lugar del crimen, correspondiente al perfil biológico de su cónyuge José Enrique del Socorro Wallace Díaz. Sin embargo, una segunda acta de nacimiento que se dio a conocer en la primera parte de este reportaje revela que él no es el padre biológico de Hugo Alberto. A Enrique Wallace se le citó a declarar en varias ocasiones, pero su esposa, Isabel Miranda, respondió, al Juez Décimo Sexto de Distrito de Procedimientos Penales el 9 de noviembre de 2006 que no tenía comunicación con él y desconocía su paradero:

“…me permito informar a usted que desconozco dónde pueda ser localizado el C. José Enrique del Socorro Wallace Díaz en virtud de que por cuestiones personales, familiares y de seguridad nos separamos por mutuo acuerdo, esto fue debido a los problemas derivados del secuestro de nuestro hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, por lo que en la actualidad, no convivo con él y desconozco dónde pueda ser localizado”.

Posterior a esa fecha, a Isabel Miranda y Enrique Wallace se les ha visto en diferentes ocasiones en eventos sociales. Uno de éstos fue el 15 de diciembre de 2011, el cual se trataba de un festejo de cumpleaños de un alto funcionario, cuyo evento fue amenizado por el Mariachi de la Secretaría de Marina. Incluso en la campaña política de Miranda cuando aspiró a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal en 2012, Enrique Wallace acompañó a su esposa en varios eventos políticos. No obstante, desde 2006 hasta la fecha no se le ha obligado a presentarse ante el Ministerio Público para responder a la solicitud de la autoridad.

Carta Isabel niega a Enrique (1)

En evento social de 2011

los Sres. Wallace en evento social 2

En evento político de 2012

En la campaña a la jefatura de Gobierno en 2012. Foto: red
En la campaña a la jefatura de Gobierno en 2012. Foto: red

El torturador, de las confianzas de Isabel Miranda

Dos de los inculpados identificaron al agente del Ministerio Público, Oswaldo Jiménez Juárez, como su torturador: Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín. Por parte de la defensa de Quevedo se presentó una inconformidad de no acción penal contra Jiménez Juárez ante la Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la indiferencia de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor de Quevedo Cruz, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a Quevedo por la tortura recibida el 27 de noviembre de 2009.

Fragmento imagen de texto

NO Ejercicio de la Accion Penal A.P. 411 AP DGDCSPI 11. 06 Jul 2012. 2

En la reciente audiencia pública del 5 de marzo de 2014 en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, que presidió el Juez  Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres inculpados con la causa penal 35/2006, estuvieron presentes María Isabel Miranda, su hermano Roberto Miranda, defensores de oficio, secretario y el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez.

En el careo, tanto Jacobo Tagle como César Freyre deslindaron a Brenda Quevedo de toda responsabilidad. Incluso, ratificaron que ella no conocía personalmente a Hugo Alberto Wallace Miranda, sólo había escuchado hablar de él. Según el análisis del abogado especialista, Luis Vargas, de la  Asociación contra la Fábrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos, “los puntos más importantes derivados de las preguntas hechas por Brenda Quevedo a Jacobo Tagle y César Freyre durante el careo, refuerzan la hipótesis relativa a la inocencia de Brenda y la fabricación de acusaciones en su perjuicio”.

Abunda Vargas que las declaraciones por parte de los co-procesados que llegaron a incriminar a Brenda al inicio del proceso “fueron obtenidas a base de torturas, malos tratos, amenazas y aleccionamientos como puede comprobarse mediante las pruebas existentes y las declaraciones desprendidas del presente careo”.

Jacobo Tagle, en su declaración preparatoria, ya había expuesto que “fue víctima de tortura física y psicológica, amenazas a su familia y maltratos de los que ha sido objeto en el CEFERESO de Villa Aldama, Veracruz”. César Freyre también manifestó que Brenda no fue partícipe del crimen y afirmó haber sido víctima de tortura física y mental, por lo que puso una denuncia ante la Corte Interamericana de derechos Humanos por los actos de tortura.

En la audiencia, era la primera vez que leía un documento el agente ministerial Oswaldo Jiménez Juárez. Fue cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Veracruz, donde tuvo la segunda tortura.

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Después de esta denuncia, Jacobo Tagle fue trasladado con “carácter urgente” del penal Altiplano No.1 al CEFERESO No. 12 en Guanajuato, a solicitud de José Luis Musi Nahmías, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, según el oficio SEGOB/OADPRS/20847/2014, con fecha del 12 de mayo. La defensa de Tagle solicitó el motivo de traslado y de incomunicación, y la respuesta del Juez Cuarto de Distrito de Procedimientos Penales, Ricardo Garduña Pasten, fue que había sido “por seguridad” porque lo estaban “molestando verbalmente” de acuerdo al alegato de Musi. La familia, por su parte, declaró a la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad que Jacobo Tagle no estaba siendo hostigado en el penal como para decidir con urgencia su traslado y mantenerlo incomunicado, “Jacobo estaba bien”, enfatizó a la organización de derechos humanos.

Martes 27 de julio de 2010, al salir de la de la audiencia. Foto: Alfonso García/Metro
Martes 27 de julio de 2010, al salir de la de la audiencia. Foto: Alfonso García/Metro

En la imagen, de izquierda a derecha, se encuentra Roberto Miranda (hermano de Isabel Miranda), Oswaldo Jiménez Juárez, Isabel Miranda, el abogado Ricardo Martínez Chávez y el sobrino de Isabel Miranda. La evidente relación entre Miranda y el agente ministerial identificado como responsable de tortura Oswaldo Jiménez Juárez con Miranda, sin embargo no ha sido investigada por las autoridades, pese a las denuncias de los inculpados y la valoración psiquiátrica certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como Protocolo de Estambul, tanto de Brenda Quevedo como de Jacobo Tagle.

Los nacimientos de Isabel Miranda

Isabel Miranda, además de tener varias versiones de su vida, ha usado diferentes nombres personales, ha dado diferentes nombres de padres y diferentes fechas de nacimiento. Los ha utilizado en documentos oficiales, como en el acta de nacimiento de su hijo Hugo Alberto Miranda Torres, bajo el nombre de Isabel Torres y el padre Jacinto Miranda Jaimez, que ya se reportó en la primera parte. Miranda señaló el pasado 1 de junio en su cuenta de Twitter que no sabía quién era «Isabel Torres», pero guardó silencio con el nombre de su hijo de apellidos Miranda Torres y de su primera pareja, que se separó de ella después de haber registrado a su hijo en 1970.

Crédito: Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
Crédito: Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad

Isabel Miranda –en entrevistas a los medios– ha dado, al menos, cuatro fechas de nacimiento: 1949, 1951 (con dos fechas distintas) y 1955. A CNN, por ejemplo, dijo que había nacido el 27 de mayo de 1951 y así fue difundido por la televisora, mientras que a El Universal le especificó el 17 de enero de 1951. Pero en las actas de nacimiento y el CURP de Hugo Alberto, así como en el libro El Caso Wallace, de Martín Moreno, del que ella es la única fuente, coinciden en que la fecha de nacimiento de su hijo es el 12 de octubre de 1969. Si ella hubiese nacido en 1951, habría tenido su hijo a los 16 años; edad en la que dijo haberse casado con Enrique Wallace. El acta de reconocimiento a Hugo Alberto, por parte de Wallace Díaz se expidió con fecha del 19 de noviembre de 1975, año en que nació su hija Claudia, y Hugo Alberto tenía seis años de edad.

Si Isabel Miranda hubiese nacido en 1955, como ha sostenido a TV Azteca y a la Revista Quién, entre otros medios, y siguiendo la fuente de su biógrafo Martín Moreno, habría tenido a su hijo a los doce años de edad. Sin embargo, en las actas de nacimiento de su hijo, con lo apellidos «Wallace Miranda» ella dice tener 24 años de edad, y en la de «Miranda Torres», 21 años.

Isabel Miranda también ha cambiado los nombres de su padre. refiriendo los nombres de Fausto Miranda, Heriberto Miranda y Alfredo Torres, usados también en documentos oficiales. En el caso de la madre, el nombre de pila ha sido constante: Mónica, pero varía en los apellidos: Torres Jaimes y Romero.

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Quiénes han visto a Hugo Alberto Wallace

Hay siete testigos que afirman haber visto a Hugo, en diferentes fechas posteriores al supuesto homicidio. Algunos de estos testigos cuando informaron a las autoridades judiciales de haber sido testigos visuales, o de evidencias como llamadas por teléfonos, mensajes de texto, correos electrónicos, gastos con tarjeta de crédito a su nombre, fueron hostigados por Isabel Miranda y acusados de intentar extorsionarla o de querer “dañar a su familia”.

Uno de estos casos fue el del empresario José Luis Moya, pareja sentimental de la mejor amiga de Hugo Alberto en 2005, quien después de dar su testimonio, en 2006, de manera contundente a las dos procuradurías, la federal y la del DF, Isabel Miranda lo acusó públicamente a los medios de intento de extorsión. Incluso, en su última comparecencia, dos horas antes fue amenazado de muerte.

En su declaración, Moya afirmó que tenía información de que Hugo estaba vivo:

“(…) que tengo información que consta que se encuentra con vida Hugo Alberto Wallace Miranda, y según declaración de la señora Isabel, dice que estoy interfiriendo y tengo documentación del secuestro, lo cual es falso, porque no he interferido en su investigación en ningún lado y solicito a esa representación social que acredite con pruebas la señora Wallace y sus testigos cómo he interferido en su investigación y contrariamente a sus falsas imputaciones de extorsión que hizo públicas en televisión y medios de prensa. Omitió la señora Informar que antes de su denuncia ya nos habíamos presentado voluntariamente a las dos procuradurías y al programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, para ponernos públicamente a disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las indagatorias y tan es así que cuando recibí los primeros mensajes de Hugo Alberto, informe telefónicamente a ambas procuradurías, y personalmente a algunos funcionarios, siendo, al respecto declaro que he recibido mensajes telefónicos vía TELCEL, supuestamente de Hugo Wallace, y se confirme la posible autenticidad de los mismos en un principio porque se le hicieron preguntas claves de información que solamente entre él y Laura Domínguez conocían, y es de hacer notar a esta representación social de la federación que antes de tener el contacto supuestamente con Hugo, recibimos información y documentación de un supuesto informante que también nos informó que Hugo Wallace estaba vivo, y en el teléfono celular 5533337676, Hugo Wallace presuntamente ha tenido múltiples conversaciones con Laura”.

Laura Domínguez, amiga muy cercana a Hugo Alberto Wallace y de muchos años, también fue amedrentada por Miranda y no quiso volver a hablar del tema, después de que ella misma le había pedido a José Luis Moya que le ayudara a buscar a su amigo. Cuando Moya empezó a tener resultados contundentes de la investigación y parte de ésta la dio a conocer en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Miranda mostró su hostilidad hacia ellos que ayudaban con la investigación, y poco después se convirtieron en el blanco de sus amenazas. Laura Domínguez pidió a la defensa de los inculpados que no la buscaran, porque su vida estaba en riesgo.

Otra de las personas intimidadas por Miranda fue el padre biológico de Hugo Alberto, el señor Jacinto Miranda, quien en una reunión privada también enfatizó a una fuente confidencial: “por favor, no me vayan a llamar declarar, puedo decirles todo, pero no me llamen a declarar”. Jacinto Miranda radica ahora en Baja California.

Una persona más que vio a Hugo Alberto con vida fue un informante, que de acuerdo a varios funcionarios públicos de testigos, tuvo contacto directo con Isabel Miranda. “El Alfil”, es el alias con el que se llegó a identificar y señaló en su declaración que Hugo Alberto estaba vivo. La información fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en ese entonces a cargo de Jorge Rosas García, uno de los 21 funcionarios denunciados en marzo de 2013 por delitos cometidos en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, contra la administración de justicia, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. La información de “El Alfil” se dio en junio de 2006, sin embargo, para febrero de 2007 ya había desaparecido la declaración de las indagatorias. Según la fuente, ese año, había nuevas llamadas de Hugo Alberto Wallace, a través de un nuevo celular, y se dieron constancias de acuse de recibo por parte de Jorge Rosas García, expedidas en su oficina de Plaza de la República, Número 43, en el segundo piso.

Otra persona cercana a Hugo Albeto Wallace lo reconoció en un bar en Tres Palos, municipio de Acapulco. Al saludarlo le dijo: “No mames, guey, tu madre está lucrando con tu muerte”. A lo que Wallace respondió haciendo un chasquido con la boca: “Ah, mi madre está loca, por eso ni la veo”. Después de beber algunas cervezas, se despidieron, y antes de irse, Hugo Alberto lo amenazó de muerte si llegaba a mencionar que lo había visto.

Hay dos testigos más que estuvieron en contacto con Hugo Alberto Wallace en dos ocasiones después de la fecha de su supuesto homicidio. A mediados de julio y la primera semana de agosto de 2005. La primera ocasión él iba conduciendo una camioneta negra con vidrios oscuros, acompañado por otras dos personas en el auto; y la segunda, Hugo conducía una motocicleta, también acompañado por otras dos personas. Estos testigos han aceptado declarar ante el Ministerio Público de la Federación y ante cualquier autoridad judicial en México, después de que se concrete su ingreso al programa de protección internacional de testigos y víctimas, promovido por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad con sede en Montreal, en coordinación con la organización sin fines de lucro Protección Internacional para testigos y víctimas, basada en Bruselas.

* * *

Primera parte: Hugo Alberto Wallace, con rastros de vida pese a su madre

*Un reportaje original de Los Angeles Press

 

Isabel Miranda logró notoriedad política con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo. Foto: red
Isabel Miranda logró notoriedad política con el supuesto secuestro y homicidio de su hijo. Foto: red

Primera parte

LOS ÁNGELES, California.- A nueve años del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hay cada vez más evidencias de rastros de vida, de acuerdo a las investigaciones de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, con sede en Montreal. El caso Wallace, como se ha difundido en México desde el 11 de julio de 2005, ha mantenido a seis personas encarceladas por años, auto-incriminadas bajo tortura. La madre de la presunta víctima, Isabel Miranda de Wallace, quien ha logrado notoriedad política y poder económico a raíz de este caso, ha sido también acusada de delitos como perjurio, corrupción a funcionarios públicos para obtener y manipular pruebas, amenazas de muerte a inculpados y familiares y amigos de éstos, y pesa sobre ella la acusación de ser la responsable de haber mandado torturar a los seis inculpados dentro de los penales.

El presidente de la asociación, David Bertet, dio a Los Ángeles Press copia de documentos oficiales a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres como evidencias de que Hugo Alberto Wallace Miranda está vivo y mantiene una doble identidad, igual que su madre. Se trata de documentos oficiales expedidos en años posteriores a la fecha del supuesto homicidio, así como un puntilloso análisis comparativo, de 29 páginas, sobre las declaraciones auto incriminatorias bajo tortura, con las cuales sentenciaron a los inculpados. El documento además presenta las inconsistencias lógicas en las evidencias que ha presentado Isabel Miranda de Wallace a lo largo del proceso judicial, hasta obtener un acta de defunción, pese a no haber cuerpo de la supuesta víctima, en la que las causas de la muerte se dedujeron de una autopsia ficticia firmada por la médico forense Blanca Olimpia Patricia Crespo Arellano, con cédula 1878723. La expedición del acta de defunción fue ordenada del  expediente 879/13 con el número 130223472, por la juez Décima primera del Juzgado de lo familiar, Silvia Araceli García Lara, mientras que la juez 18 del Registro Civil del Distrito Federal, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe y selló el documento dándole legalidad a la copia fotostática reproducida del original.

Acta Defuncion HAW (1)

El 12 de mayo de 2014 se expidió también un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969, en el Distrito Federal, y registrado el 15 de enero de 1970. El padre biológico aparece en el documento como Jacinto Miranda Jaimez, un militar actualmente retirado con residencia en Baja California y quien no reconoció el secuestro de su hijo, sino sólo su “desaparición”. La madre, Isabel Torres Romero, seis años después del nacimiento de su hijo Hugo Alberto, y en nuevas nupcias, volvió a registrarlo con el apellido de su segundo cónyuge: Wallace. Sin embargo, Isabel decidió quedarse con el apellido de su primer esposo: Miranda. Y así, la segunda identidad de su hijo se configuró con los apellidos Wallace Miranda, y la de ella, Miranda de Wallace. Una tercera modificación de su nombre en documentos oficiales es el de María Isabel Miranda Torres, los mismos apellidos de su hijo con los que lo registró su padre biológico.

 

ACTA HUGO ALBERTO MIRANDA TORRES (1)
Acta de nacimiento como Hugo Alberto Miranda Torres.
Acta de nacimiento como Hugo Alberto Wallace Miranda
Acta de nacimiento como Hugo Alberto Wallace Miranda

Otro documento que llamó la atención de los activistas franco-canadienses, fue la inscripción de Hugo Alberto Miranda Torres en la Cédula Única del Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010. Un documento que sólo el interesado puede obtener en ese país y el cual se obtuvo con el acta de nacimiento como documento probatorio.

ACTA HUGO ALBERTO MIRANDA TORRES (2)

David Bertet señaló que se han observado los pasos de Isabel Miranda de Wallace desde que la asociación participó en la defensa de Florence Cassez, y ahora representa la defensa de los derechos humanos de algunos inculpados en el caso Wallace, en el que destaca el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien lleva ocho años presa y ha sido torturada dos veces en los penales “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en Islas Marías, Nayarit, al que fue trasladada de manera ilegal, ya que en este penal sólo envían a sentenciados de alta peligrosidad, y a Quevedo Cruz aún no se le da sentencia.

“Por un caso de supuesto secuestro que de hecho nunca sucedió”, dijo Bertet a Los Ángeles Press. “Isabel Miranda de Wallace escogió a algunos amigos de Hugo para culparlos por la supuesta desaparición de su hijo. Jacobo Tagle era amigo de Hugo, y César Freyre por lo menos lo conocía”, afirma el activista desde Canadá, sede de la organización no gubernamental investigadora de casos de presos inocentes en México.

El documento del análisis sobre el caso Wallace fue enviado por la organización a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la causa penal 35/2006-II contra Brenda Quevedo Cruz, después de que la defensa presentara las evidencias ante el Juzgado Décimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales, el 14 de mayo, fecha en que se cerraba el plazo para presentar pruebas en su defensa.  En este documento se muestran las inconsistencias en las seis supuestas evidencias presentadas por Isabel Miranda de Wallace, quien “pretende establecer legalmente como un hecho incuestionable la muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda”. Y se analizan minuciosamente las declaraciones con las que se incriminan bajo tortura a los inculpados Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales.

La imagen siguiente contiene la lista de las evidencias que da Isabel Miranda de Wallace para sostener el “incuestionabilidad” del homicidio de su hijo.

evidenciaswallace

Respecto a los puntos “a” y “b” señaladas por Miranda de Wallace como evidencias, la organización canadiense demostró que el cabello y la licencia de conducir vencida, ambos elementos pertenecientes a Hugo Alberto Wallace Miranda, fueron encontrados en el departamento de Juana Hilda Lomelí (lugar del supuesto homicidio) siete meses después de la fecha en que presuntamente se asesinaría a Wallace con golpes mortales y al que se le desmembraría su cuerpo con una sierra eléctrica, según las propias declaraciones de la madre. El cateo del departamento se hizo a principios de febrero de 2006, pero el departamento ya había sido alquilado por otra persona que respondió al nombre de Rodrigo Oswaldo de Alba, desde el primero de octubre de 2005.

También se demostró que el departamento donde tuvo lugar el supuesto homicidio, ubicado en Avenida Perugino Número 6, no estuvo vigilado durante las dos semanas siguientes. Esto fue entre el 12 y el 26 de julio de 2005, fecha en que ingresaron los agentes federales investigadores, quienes además dejaron la puerta abierta sin ninguna restricción ni advertencia, pese a que allí habría tenido lugar la escena del crimen. Este hecho fue corroborado según la declaración en la secuela procesal de la administradora del edificio, Jaqueline Isabel Galván López, el 25 de mayo de 2006, quien constató que después de siete meses de los supuestos hechos el agente del Ministerio Público, Braulio Robles Zúñiga, –persona de confianza de Isabel Miranda, de acuerdo a su propia declaración– tomó la decisión de poner un sello en la puerta del departamento.

Isabel Miranda precisó detalles del supuesto crimen en ese inmueble, como el que su hijo había sido cercenado por una sierra eléctrica, comprada de madrugada en el Wal Mart de Toreo, y presentó como evidencia la hipótesis pericial en criminalística de campo que sostenía que “sí habría sido posible la mecánica del cercenamiento del cuerpo en el baño del inmueble”, inciso “d” en la imagen. Una fuente confidencial quien fue entrevistada por Los Ángeles Press, destacó, sin embargo, la rotunda negativa de Isabel Miranda para abrir la tubería del baño y constatar pericialmente la existencia de restos de sangre y grasa correspondientes a su hijo, tal como ella lo había sostenido.

El entrevistado recapituló la teoría de la señora Wallace: “Supuestamente César Freyre era el jefe de la banda, y contrató a los hermanos Castillo para cortar el cadáver con la sierra eléctrica. Ya llegaron los hermanos Castillo y cortaron el cadáver, entonces ¿dónde quedó toda la sangre, los huesos, la grasa, si en el baño de Perugino no encontraron más que unas gotas de sangre?”, enfatizó.

“El siguiente punto –continúa el entrevistado– es que si cortaron el cadáver los hermanos Castillo, ¿cómo es que le dejan el cadáver cortado a César Freyre (supuesto jefe de la banda) para que él lo empaque, lo suba al carro y él mismo se lo lleve? Si los Castillo son un par de carniceros, el jefe espera que ellos lo empaquen y lo suban al carro. Sería absurdo que ellos no hubieran hecho el trabajo completo si fueron contratados para eso”.

El lugar de los hechos, rentado después del supuesto crimen

En el análisis de la organización canadiense, por su parte, también se destacó que los nuevos inquilinos del departamento en cuestión, Rodrigo Oswaldo de Alba Martínez y su esposa, desaparecieron repentinamente después de que los agentes de la SIEDO realizaron el cateo en febrero de 2006. Para ello, De Alba hizo una llamada telefónica a la administradora del edificio para informarle que dejaría el inmueble, pero que no podía entregar en persona las llaves del lugar, según la declaración de la administradora, tomada tres meses después del cateo.

Al respecto, el presidente de la organización, David Bertet, enfatizó en el análisis “que resulta, por lo menos, no solamente extraño sino también violatorio de la cadena de custodia que se haya permitido la renta del inmueble por espacio de cuatro meses a otra persona después de que el departamento estuvo abierto por espacio de dos semanas”.

Otros puntos relevantes observados en el análisis de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, es lo inverosímil que resulta haber encontrado un solo cabello presuntamente perteneciente a Hugo Alberto Wallace, “considerando que él habría luchado y recibido golpes durante el secuestro”, se señala en el documento. También cita la declaración de la administradora del edificio quien afirmó además que la alfombra del departamento donde supuestamente sucedió el crimen, no se cambió hasta siete meses después.

Dos notas de rescate idénticas

Hay otra serie de contradicciones en el caso Wallace que son evidentes para las autoridades, según la fuente confidencial, y que sin embargo no se ha actuado al respecto. El entrevistado comentó que las declaraciones del secuestro en la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal (PGJDF) contradicen las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR).  Y menciona que hay dos notas de rescate idénticas, una en el expediente de la PGJDF y otra en el expediente de la PGR. Ello lo constató el Ministerio Público de la PGJDF, Víctor Palemón, quien al revisar el expediente de la PGR, encontró la misma nota original que había entregado Isabel Miranda de Wallace a la institución como supuesta evidencia. “El Ministerio Público se preguntó: ¿cómo es posible que haya dos notas de rescate idénticas, una en cada institución?”, apunta.

La fuente también señaló que la fotografía donde aparece Hugo Alberto Wallace, desnudo del torso, maniatado y vendado de los ojos, que circuló en las instituciones como evidencia de que ya estaba muerto, fue estudiada por un médico forense de la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal. “Si esta persona estuviera muerta, el cuello tuviera rigidez, y el cuello está suelto. Podrá estar drogado, podrá estar desmayado, pero está vivo”, dijo el forense al informante.

La foto de Hugo Alberto Wallace Miranda en el que se presenta como muerto. Foto: cortesía
La foto de Hugo Alberto Wallace Miranda en el que se presenta como muerto. Foto: cortesía

Isabel Miranda miente a la Corte

Isabel Miranda de Wallace cometió perjurio contra la Corte de Chicago, cuando fue llamada como denunciante en el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentaba el juicio de deportación mientras se refugiaba en Estados Unidos. Miranda de Wallace mintió bajo juramento sobre los antecedentes penales de su hijo.

Quevedo fue entregada al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Chicago el 10 de marzo de 2008, en cumplimiento de una orden de arresto emitida el 5 de marzo de 2008, en respuesta a la denuncia de detención preventiva con miras a la extradición.

Durante el juicio, se pidieron actas de no antecedentes penales, tanto de Quevedo como de Hugo Alberto Wallace Miranda. La madre de Wallace afirmó a la corte que su hijo no tenía antecedentes penales y presentó un acta expedida por el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, su hijo había sido procesado en 2001 por contrabando, aunque hay testimonios ante juzgados y medios de comunicación en México que traficaba con drogas y que la ficha signaléctica que evidencia sus antecedentes delictivos fue alterada con la palabra “contrabando”.

Ficha signaléctica de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Hugo Alberto Wallace Miranda con antecedentes penales.

Testimonio de la novia de Hugo

Vanesa Bárcenas Díaz, quien fue novia de Hugo Alberto Wallace, dio su testimonio el 15 de noviembre del 2005, ante el Ministerio Público. En éste explicó cómo inició la relación de noviazgo con Wallace, su embarazo no concluido, la casa donde vivía Wallace, (en contradicción con lo dicho por Isabel Miranda, quien había declarado que su hijo vivía con ella en el momento de los hechos), y las confesiones que le hizo Hugo de que lo buscaban por narcotráfico.

“Quiero dejar asentado, que cuando era novia de Hugo Alberto, éste me comentó que en alguna ocasión había sufrido un intento de secuestro, sin darme más detalles. Sólo me recomendó que me cuidara porque a través de mí lo podrían dañar, inclusive fue por ese motivo que se compró la camioneta Cheroki blindada. También me comentó que en alguna ocasión lo buscaban para detenerlo por narcotráfico, aduciendo que era debido a una ropa que le enviaban, sin saber de dónde, y que las personas que le mandaban la ropa algo habían hecho, y Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico, y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país. No me dio más detalles de esto, ni yo se los pregunté, pero me dijo que ya se había retirado de todo eso y que lo había hecho por mí.”

Periodico El Grafico 2 jun 06.

Bárcenas Díaz también reconoció la voz de Hugo Alberto en un mensaje grabado en un celular en noviembre de 2005, cuatro meses después de su supuesto asesinato.

“Durante la presente diligencia escuché el contenido de un casete, en el que se oye la voz de una persona del sexo masculino que dice «Qué onda, mira ando hasta la madre guey, ya sé que te fallé, pero me vale verga, qué…, aquí puto, qué onda guey, mírame aquí pisteando guey, me vale verga, sabes qué guey, sabes quién me jugó…», palabras que son como si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le contesten, pero la voz del interlocutor no se escucha; por lo que después de escuchar, en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de la persona como la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché muchas veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él; además Hugo Alberto Wallace Miranda acostumbraba hablar por dos teléfonos a la vez; acostumbra a traer consigo dos teléfonos celulares…”.

La tortura a nombre de Isabel Miranda de Wallace

“El gobierno de Peña Nieto y la PGR ya saben de las torturas a los inculpados por parte de Wallace, y de todos modos no pasa nada porque el secretario de Gobernación tiene coba”, dijo a Los Ángeles Press la fuente confidencial.

También Brenda Quevedo Cruz fue explícita y firme en señalar que sus torturadores iban de parte de Isabel Miranda, entre éstos, reconoció por su voz y silueta a Oswaldo Jiménez Juárez, Ministerio Público investigador. También Jacobo Tagle lo identificó como su torturador por su voz y lo señaló ante el juez en una de las audiencias.

La Asociación Canadiense sobre el Derecho y la Verdad, por su parte, ha logrado identificar una serie de contradicciones y discrepancias entre las versiones de los inculpados con las que se incriminan a sí mismos. Incluso, la supuesta confesión de Jacobo Tagle Dobín en video tiene una gran cantidad de cortes de edición que pone en entredicho la veracidad del material.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien fue torturada dos veces y violada, porque no ha aceptado incriminarse, se muestra como evidencia el Protocolo de Estambul presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El documento de once páginas fue elaborado con la declaración de una médica cirujana con especialidad en Psiquiatría, y certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, AC, de quien nos reservamos su nombre por seguridad.

Prot. Estambul Brenda  (1)

Respecto a las evaluaciones psiquiátricas a Quevedo  Cruz, la profesional señaló que Brenda “estuvo expuesta a un evento traumático en donde experimentó eventos que implicaban amenazas de muerte, o un amenaza hacia la integridad física de ella o de otros”.

La agraviada refirió que sintió que iba a morir cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza y le echaron agua en la cara. Así mismo, sintió que su familia estaba en grave peligro. Manifestó que su respuesta fue de terror, así como de desolación y desamparo absolutos.

A lo largo de la declaración, se aborda cada uno de los síntomas de desequilibrio emocional a razón de la tortura a Brenda Quevedo y de cómo asocia su entorno con el dolor físico y emocional ante los estímulos de su memoria.

Al final del documento analítico sobre el caso Wallace, la organización canadiense recomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atraer el caso de Brenda Quevedo Cruz “por la necesidad absoluta de delimitar el rol y el alcance de figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace”, a quien se le identificó como acusadora pública, “lo que representa un peligro mayor para el sistema de impartición de justicia en México”.

*Un reportaje original de Los Angeles Press 

 

GUADALUPE LIZÁRRAGA

El ejército mexicano enviará 400 soldados a Guerrero más para realizar tareas de “orientación y cercanía” en las comunidades indígenas, durante el resto del mes de diciembre del que van corriendo nueve días. Así lo informó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb en supuesto acuerdo con el gobernador Ángel Aguirre, como si la opinión de éste último importara ante las tácticas de las fuerzas armadas para hundir más al país.

La gravedad de esta decisión gubernamental deja clara la postura de Enrique Peña Nieto con los derechos humanos: se trata de una cínica ratificación de un criminal de las libertades y derechos fundamentales. Peña cree que puede controlar a los indígenas por ser indígenas. Cree que puede cercenar sus liderazgos encarcelándolos y asesinándolos, y justificarlos con boletines de prensa para informar que lo hace por seguridad. Cree que corrompiendo a periodistas y medios, puede cercar la verdad. Cree en lo más profundo de su ignorancia que tiene poder. Pero se equivoca. Lo que tiene Peña es fuerza, no poder. La fuerza se hace de ella porque tiene acceso a los recursos públicos y a la manipulación de las instituciones y le permite el secuestro de Estado de Derecho. No obstante, su garrafal ignorancia no es todopoderosa, ni sus creencias pueriles se convertirán en verdades sólo por repetirlas desde el Estado y la televisión.

Es evidente en otras entidades con más problemas de seguridad que Guerrero está siendo solapado el crimen, mientras en Guerrero la lucha es contra los indígenas. ¿Cuántos contingentes se han enviado, por ejemplo, a Michoacán para capturar a los Caballeros Templarios? Las alcaldías, Seguridad Pública y gobierno estatal trabajan con los Templarios, quienes también son apoyados por los militares. De todo se ha informado meticulosamente en los reportajes de Tomás Borges y se ha informado a la Policía Federal. ¿Cuántos contingentes ha enviado Mondragón y Kalb a Veracruz y Tamaulipas para detener a los Zetas vinculados con el exgobernador Fidel Herrera, hoy cómplice del actual gobernador Javier Duarte? ¿Por qué sigue operando el tráfico de estupefacientes a libre fluir por el Golfo de México hacia Estados Unidos?

De las ciudades militarizadas ¿cuántas han erradicado el crimen organizado? El ejemplo más emblemático es Ciudad Juárez y su valle. Activistas asesinados como la familia Reyes Salazar, 20 años de feminicidios consecutivos, presos inocentes en las cárceles, decapitados en las calles, mientras los militares violan, roban, intimidan, se drogan, se alcoholizan, torturan, fabrican delitos y culpables para simulan proteger la región. ¿Cuántos asesinatos han ocurrido a cien metros de los puestos militares en el Valle de Juárez? Hay nombres de militares involucrados en los feminicidios de Juárez, y sólo los han cambiado de ciudad.

El gobierno mexicano confunde erradicar con pactar. El narcotráfico no podría operar con tanto éxito sin la venia de Los Pinos. La complicidad y el involucramiento del gobierno de Peña con narcotraficantes ya es un saber popular. Ahora Peña Nieto insiste en jugar con fuego apostando a un estado narcomilitar, para continuar la estrategia fallida de su antecesor el genocida Felipe Calderón, quien todavía en estos momentos goza de plena impunidad. Pero es imposible que controlen todo y a todos, y salir sin raspaduras. Aún las dictaduras latinoamericanas más despiadadas fracasaron en sus intentos totalitarios. Y la dignidad no es algo que se pueda arrancar de la ciudadanía con un macanazo o una ráfaga de AK-47.

La militarización de Guerrero significa la siguiente fase para desarticular las policías comunitarias indígenas que son la única de esperanza de protección real bajo el sistema normativo indígena conforme a derecho. La militarización de Guerrero significa más violaciones de derechos humanos por parte del Ejército que tiene ya trayectoria de masacres y violaciones a mujeres indígenas en la entidad. La militarización de Guerrero significa nuevos atropellos a los más vulnerables y una amplia tolerancia a los criminales. Ésta es la apuesta del gobierno de Peña por México en el día internacional de los derechos humanos.

 

 

Guadalupe Lizárraga

Desde aquí, aplaudo la participación de la colega Marcela Turati, en la conferencia anual Investigative Reporters and Editors, en San Antonio, Texas. Sensible, valiente y emotiva, sin duda. No obstante, considero oportuno abrir la reflexión a todas las percepciones y experiencias que hemos vivido los periodistas mexicanos, especialmente quienes no hablamos desde el lugar privilegiado que da el medio tradicional ni de los que sugerimos que el crimen organizado es una fuerza enemiga del gobierno de nuestro país.

Es tiempo de contar la verdad, pero de la verdad con juicio y desde cada una de las trincheras. Cada uno de nosotros, los periodistas, tenemos denuncias puntuales, evidencias, argumentos, opiniones, testimonios, sobre lo que es México hoy y al hacerlo público desvelamos el manto mediático que oculta una tiranía efectiva por la narcoviolencia, fraudes electorales y corrupción política.

Como dice Turati, la guerra nos sorprendió a los periodistas. Sí, pero no ahora, ni en 2006 con Felipe Calderón. La guerra se decidió en 1991, con Bush padre y Salinas de Gortari, dos años después del fraude electoral de éste último, y la oposición y los periodistas de los medios tradicionales guardaron silencio.

Los periodistas debemos recuperar la memoria y, con ésta, nuestra energía creativa y ética para exhibir la verdad. Ése es el sentido de nuestro trabajo que abre una puerta a la conciencia de la sociedad mexicana, necesaria para que ejerza su capacidad de juicio. Sin ésta capacidad, seguiremos siendo una sociedad derrotada como ya hace unos veinte años nos lo advertía el sociólogo Sergio Zermeño.

El silencio de los periodistas respecto a la participación de las autoridades en el crimen organizado, los fraudes electorales y la depredación del erario sólo muestra un gremio corrompido por el miedo o la indolencia. Pero debemos preguntarnos ¿es legítimo tener miedo? ¿Por qué elegimos una profesión que no podemos cumplir cabalmente? ¿Por culpa del crimen organizado? Qué conveniente resulta el terror en estos tiempos, sobre todo con cada fraude electoral que reacomoda a los cárteles de la droga. Turati, y los miles de periodistas, no ignoramos que los gobernantes son parte del ‘problema mexicano’, y que Enrique Peña Nieto y sus antecesores no están fuera del crimen.

Entre los gobernantes mexicanos, no hay buenos ni malos. Desde allí se impulsa el narcotráfico y las agresiones a periodistas ordenadas por funcionarios públicos, que con una mano cobran del erario producido por millones de trabajadores contribuyentes, y con la otra cobran las prebendas del narcotráfico. Los periodistas lo sabemos. Turati lo sabe. Si callamos por miedo, entonces, ¿por qué contribuir a una injusticia mayor y legitimar una mentira? Nuestro lenguaje, como profesionales de la palabra, no es inocente frente al hundimiento de México.

Se corre peligro cuando la verdad la manifestamos como la acción individual de un periodista. Somos acallados, reprimidos, asesinados, si no huimos a tiempo del país. Pero la verdad adquiere no sólo importancia, sino poder y fuerza cuando la contamos todos, o al menos un buen número de periodistas comprometidos con el interés público. Si por cada periodista que han asesinado, fuéramos mil contando la verdad por la que fue acallado, otra realidad sería la de México.

No somos pocos los periodistas que tuvimos que salir de nuestro país para salvar la vida y la familia, para trabajar con dignidad o para evitar estar en la mira de un narcopolítico local o nacional. El número de refugios y asilos políticos son historias contadas como la de los migrantes y mujeres golpeadas, con el desprecio que reza: “ellos se lo buscaron” o “por algo tuvieron que huir”.

Marcela Turati dice:

“Yo junto con otras colegas fundamos una organizaciones llamada Periodistas de a Pie, que se dedicaría a dar capacitación a periodistas que cubrimos la pobreza. Sin embargo, tuvimos que cambiar los temas para atender la emergencia. Los talleres eran sobre cómo sobrevivir en una cobertura, cómo entender al narcotráfico, cómo entrevistar a un niño sobreviviente de una masacre, cómo encriptar información que nos ponga en riesgo o cómo limpiarnos el alma para poder seguir cubriendo sin perder la alegría de vivir.”

¿Cómo entender el narcotráfico sin tocar al gobierno, al PRI, a Peña Nieto y sus secuaces? ¿Cómo puede entenderse el narcotráfico a lo largo del eje continental sin la venia de los gobiernos de los países productores y consumidores? ¿Cómo hablar de las redes del narcotráfico sin la coordinación de los gobernadores de los estados? Es tiempo de decir la verdad. La historia del narcotráfico tejida día a día con las muertes de inocentes no es una fábula, ni un destino fatal que se tenga que aceptar como algo imposible de cambiar. Hay que romper el mito de la guerra contra el narcotráfico. Es tiempo.

No somos pocos los periodistas que ya perdimos la “alegría de vivir” al ser expulsados de nuestro país. No somos pocos los periodistas que hemos asaltado la tecnología para contar la realidad que los medios tradicionales callan maliciosamente. No son pocos los periodistas ni los medios que aceptaron la imposición del PRI y a Peña Nieto como un títere de Carlos Salinas de Gortari y la mafia de los narcogobernadores. ¿Cómo podemos seguir con la alegría de vivir en un país secuestrado por la corrupción y la muerte? ¿Cómo podemos ignorar que nuestro silencio tiene consecuencias públicas?

Turati dice que la violencia nos encontró “impreparados”. Yo pregunto: ¿hay que estar preparados para cubrir la violencia o para contar la verdad? No somos soldados. Somos periodistas. Nos formamos en la ética de las palabras armadas con la verdad. No somos fabricantes de mentiras ni de verdades a medias. ¿Cómo evitamos no voltear a otro lado cuando nuestro medio recibe publicidad de quien asesina a nuestra colega? ¿Cómo evitamos no escamotear la información de una tragedia cuando llega a la redacción un cheque en blanco? Hay un muro que levantaron los periodistas con la ética hace veinte años, y hoy se vive las consecuencias públicas de ello. No son implicaciones privadas. No son problemas individuales. Nuestro silencio y corrupción es un problema público, porque la verdad que podría liberar la conciencia colectiva manipula y genera costos para todos como sociedad.

Detrás de un narcotraficante que mata a un periodista, hay un político. No podemos ignorarlo ni seguir callándolo. Es tiempo de decir la verdad. Cada elección local está marcada por una mafia de narcopolíticos. Los nombres con apellidos lo sabemos, y los periodistas en México siguen cubriendo las elecciones como si nada pasara desde 1988. Los nombres están ahí, retumbando en la conciencia de cada ciudadano: Jorge Hank Rhon, Fernando Castro Trenti, Fidel Herrera, Juan Sabines, Eruviel Ávila, Ernesto Ruffo Appel, Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, Humberto Moreira, Vicente Fox, Carlos Salinas, Romero Deschamps… larga la lista de la impunidad.

Turati habla como si el crimen organizado fuera independiente de los gobiernos mexicanos, pues. Pero ya es tiempo de decir la verdad. Ella recuerda el hallazgo de la fosa en Tamaulipas con casi 200 cadáveres. Pero Proceso sigue callado ante los más de 233 restos óseos de mujeres guardadas en la morgue de Ciudad Juárez, o de los huesos fragmentados con reportes de ADN apócrifos que entregan las mismas autoridades a las madres para quitárselas de encima. Los medios tradicionales siguen solapando los feminicidios, contando cuerpos de niñas, como si se tratara de animalitos desde hace veinte años, y publicando la versión de las mismas autoridades que las matan.

También hay que ser autocríticos, y decir que los periodistas de los medios tradicionales plagian muchas investigaciones de los periodistas alternativos. Que el riesgo no siempre lo corren ellos, a quienes sus medios “protegen” con el aura del nombre de poder. También hay que decir que los periodistas tradicionales tergiversan los hechos y que no siempre son víctimas de esta guerra de la que habla Turati. Los hay privilegiados y no pocos. Al igual que no son pocos, incluyendo el medio para el que trabaja ella, que siguen los boletines oficiales como parte central de las “investigaciones”. Que las salas de prensa de todas las instituciones del Estado mexicano tienen nóminas adicionales para los periodistas y que los precios que se pagan del erario varían de un medio a otro. No es lo mismo una “cortesía” para reporteros de Proceso que para un reportero de agencia local. Ésta es la verdadera guerra para la que no estamos preparados, porque no hemos querido estarlo.

Es tiempo de decir la verdad. Los medios tradicionales han legitimado esta narcotiranía que tiene a México hundido. Y los periodistas de estos medios han sido la parte silenciosa de este hundimiento. Cuando se cuenta una verdad, es porque ya fue palomeada desde el poder. Dejemos de tomarle el pelo a la sociedad.

Los periodistas mexicanos no sólo nos convertimos en corresponsales de guerra en nuestra propia tierra, como dice Turati. También somos cómplices de una gran mentira.