Afortunadamente muchas mexicanas y mexicanos no estamos dispuestos a aceptar la imposición. Desde el 2 de julio ha habido diversas acciones, incluidas las marchas anti imposición de Peña Nieto en la ciudad de México, reproducidas en las capitales de los estados y otras ciudades del país e incluso del extranjero, como la realizada el día domingo 22 de julio, en la que participaron miles de personas que llenaron el zócalo de la ciudad de México. (más…)

por Otilia G. Sánchez Castillo

A escasos días de las elecciones presidenciales hemos visto una serie de acciones por parte del PRI-Gobierno que lo único que demuestran es el miedo que tienen de que las elecciones se salgan de su control y no puedan instrumentar el fraude electoral como en otras elecciones, con la consecuencia de que su candidato, Enrique Peña Nieto, no llegue a ser el Presidente de la República.

Tienen razón en sentir miedo. Gracias al movimiento #Yo soy 132 se ha roto el cerco y la manipulación informativos que jugaron un papel fundamental en el fraude del 2006. Por eso el PRI ha recurrido, primero a la descalificación del movimiento argumentando que es un movimiento creado por la coalición de izquierda (ojalá y estuviera así de organizada); después, a través de amenazas a las y los integrantes, así como a sus madres y padres para que los presionen para retirarse del mismo; no conformes con esto también han recurrido a las agresiones físicas como es el caso de la agresión a dos estudiantes, integrantes del movimiento #YoSoy132, el 14 de junio, que fueron golpeados y posteriormente detenidos por policías del municipio de Tlalnepantla de Baz en Estado de México, una tercer estudiante fue agredida por una camioneta supuestamente conducida por Armando Ugalde, hermano de Arturo Ugalde, alcalde priista por el PRI del municipio; o las agresiones a un grupo de estudiantes pertenecientes al movimiento #YoSoy132 en la ciudad Cuautla, Morelos, el pasado 22 de junio, en donde dos estudiantes resultaron con heridas en la cabeza.

Nuestro estado lamentablemente no es la excepción. Integrantes del movimiento #Yosoy132 en Hidalgo han denunciado hostigamiento, amenazas de uso de la fuerza pública en su contra, así como amenazas de levantones, secuestro e incluso de violaciones sexuales que recientemente recibieron cuatro estudiantes, lo que motivó la exigencia a José Francisco Olvera Ruíz, Gobernador del Estado, de que les sean garantizados sus derechos establecidos en nuestra Constitución, así como una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, presentada el pasado jueves 21 de junio.

En ese mismo contexto, el miedo a que no gane el candidato priísta, se encuentra la agresión hecha a Verónica Jiménez, corresponsal del diario Reforma, quien hace una semana fue detenida de manera arbitraria por elementos de Seguridad Pública de Pachuca, “acusada de alterar el orden público y dañar el equipamiento urbano, por fotografiar a brigadistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que regalaban objetos promocionales previo al proceso electoral del próximo 1 de julio, liberada sin cargos después de 40 minutos, aunque empleados de la Coordinación Jurídica pretendían hacerla firmar un documento en el que aceptaba haber agredido a brigadistas y haber dañado mobiliario público, pegando propaganda contra el candidato presidencial del PRI.”

¿Cuánto miedo más pretende crear entre la población el PRI Gobierno? ¿Cuántas agresiones más debemos aguantar? Es momento del cambio, y este cambio está en nuestras manos. La ciudadanía, sobre todo el sector de las y los jóvenes, va a participar de manera más activa cuidando el voto para que haya certeza electoral. Pero también hay que estar atentas a las diversas estrategias del PRI, que utilizará para garantizar que triunfe su candidato: desde el voto comprado, para cuyo pago deberán presentar la comprobación mediante fotografía tomada con teléfono celular; la entrega de la boleta electoral con el voto ya marcado a favor de Peña Nieto para que cada persona deposite en la urna, y que para recibir el pago del voto, deberá entregar, a las y los coordinadores priístas, la boleta en blanco que recibieron en su casilla electoral; hasta la presencia en las casillas de gente pagada por el PRI con camisetas, gorras o insignias de los partidos de oposición, para levantar en las actas de casilla las “irregularidades” y tratar de que los resultados de la votación sean anulados. Claro está que también habrá “desayunos”, “carruseles” y otras mapachadas que por muchos años les han sido útiles.

Si observamos cualquier irregularidad el día de la jornada electoral, se pueden denunciar a través de las direcciones electrónicas contamos.org.mx y coordamlo@gmail.com, para posteriormente presentar la denuncia correspondiente a la autoridad competente. Todas las personas podemos participar en la vigilancia de las casillas, la defensa del voto y en hacer valer la democracia.

por Otilia G. Sánchez Castillo

El 10 de junio de 1971, día de la festividad de Corpus Christi, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se dieron cita en el Casco de Santo Tomás para realizar una manifestación por las calles de la capital mexicana y exigirle al entonces presidente Luis Echeverría (1970-1976) una reforma universitaria, liberación de presos políticos y libertades democráticas para estudiantes y obreros. La manifestación, que en su inicio fue pacífica, terminó convertida en una masacre por la irrupción en ella del grupo paramilitar de “Los Halcones”, que abrió fuego para reprimir a las y los estudiantes, lo que dejó decenas de muertos y medio centenar de heridos.

Es importante no olvidar esta masacre realizada por parte del estado mexicano formó parte de la guerra sucia, guerra que incluyó la desaparición forzada, el asesinato, la tortura, las golpizas, como prácticas generalizadas hacia los movimientos y organizaciones sociales, pero también hacia toda persona sospechosa de participar en la lucha, incluyendo a familiares de luchadores y activistas, que buscaban una verdadera democracia, en el marco de la libertad y justicia social.

Esta verdadera democracia con libertad y justicia social continúa siendo el anhelo del pueblo de México, ya que lamentablemente hemos venido viviendo por décadas en la simulación y el control mediático, que ha permitido el incremento de la pobreza, de la injusticia y de la violencia.

Por ello es tan importante el que hoy nuevamente las y los jóvenes se estén organizando, devolviendo la esperanza de que se pueda lograr un cambio democrático en nuestro país. Las y los jóvenes del movimiento “Yo soy 132” no sólo han evidenciado la manipulación mediática sino que también han exigido medios de comunicación veraces, y logrado abrir los canales de televisión de mayor audiencia para la transmisión del segundo debate presidencial el domingo pasado.

También otros sectores de la población se están aglutinando alrededor de este movimiento, no para cooptarlo como quisiera el gobierno, o para dar elementos para que se siga descalificando, deslegitimizando su organización y objetivos. Así en Pachuca se ha organizado la “Brigada de los 60’s” constituida por personas que vivieron el movimiento del 68, que han militado en la izquierda social y política, y que más allá de lo partidos políticos, reivindican las demandas del “Yo soy 132” para participar no sólo en la observación ciudadana del proceso electoral, sino en cuidar el voto directamente en las casillas electorales.

Hoy va a ser más difícil que quienes tienen el control del país puedan instrumentar impunemente otro fraude electoral como el de 1988 o como el más reciente, el del 2006, ya que hay cientos de miles de ojos atentos, informados y que informan a través de las redes sociales, que participan activamente y que no se dejan manipular.

Como bien expresaron en su “Manifiesto por nuestros mártires de 1971” el Consejo Político de Egresados Izquierdistas del Instituto Politécnico Nacional, “hoy es el tiempo de pasar de la reclama a un régimen de derecha de oídos sordos, a la construcción organizada de un gran movimiento popular nacional e incluyente que resuelva revocar el actual régimen, y construir un gobierno popular que nos permita resanar y construir un país más justo, libre y soberano, donde el que estudia tenga asegurado un trabajo, donde sus conocimientos resuelvan problemas en lo económico, tecnológico, político y social y beneficien a su pueblo con su servicio, y sea retribuido con justicia, y garantice un patrimonio y un porvenir para la siguiente generación de mexicanos, en un país donde cada quien pueda disfrutar realmente de los resultados de su duro trabajo, sin miedo a salir a las calles y sin miedo a ser uno más de las estadísticas fatales de este régimen”.

Lo ha reiterado Andrés Manuel López Obrador “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, y lo estamos viendo.

por Otilia G. Sánchez Castillo

No cabe duda que las redes sociales le han dado un nuevo giro a las campañas presidenciales ciudadanizándolas.

De lo más destacado en las redes sociales ha sido, la información que se ha generado a partir del desencuentro de Peña Nieto con el estudiantado de la Ibero el viernes 11 de mayo, y que el duopolio y otros medios de comunicación como la Organización Editorial Mexicana, se han esforzado en hacer creer a la población que esas acciones de protesta en contra de Peña Nieto fueron realizadas por “porros y acarreados”, no por estudiantes.

Esto originó, nuevamente a través de las redes sociales, diversos comunicados y videos para demostrar, en primer lugar, que quienes se manifestaron en la Ibero son parte del estudiantado, no porros ni acarreados, y en segundo lugar que están informados y son responsables de sus acciones, como se puede ver en el video en que 131 chicas y chicos muestran su credencial que los acredita como estudiantes de dicha Universidad. Aquí quiero resaltar el hecho de que el 65 % de las personas que en el video se identifican con su credencial de la Universidad son mujeres.

Precisamente este video dio nombre a la marcha “Yo soy 132” convocada por estudiantes de las Universidades Iberamericana, Anáhuac, ITAM, Tec de Monterrey, Universidad del Valle de México y la UNAM, a través de las redes sociales, como apoyo a las y los estudiantes de la Ibero y en defensa de la libertad de expresión. Esta marcha que partió de la Ibero hacia las instalaciones de Televisa en Santa Fé, en la ciudad México, sitio en donde se encuentra la oficina de Emilio Azcárraga Jean, presidente del Grupo Televisa, se realizó el pasado viernes.

Así, las redes sociales han permitido informar de manera verídica y simultánea a los acontecimientos, así como convocar a diversas manifestaciones, no sólo en el ciberactivismo o activismo virtual, sino para realizar desde la ciudadanía acciones específicas de apoyo o de protesta, como la marcha antes mencionada. Hay que aclarar que también existe el ciberacarreo como el practicado por las y los “ectivistas” de Peña Nieto el día del debate, con el fin de crear falsas tendencias en el ciberespacio, como se demuestra en el video Twittergate.

Evidentemente existen dos realidades alrededor de la candidata y los candidatos presidenciales: la que se presenta a través de los medios de comunicación tradicionales como son las televisoras y los medios impresos que nos hacen creer que quien encabeza la preferencia electoral es Peña Nieto; y la que existe en las redes sociales en donde, de acuerdo con el análisis de Reputation Level, servicio de monitoreo, análisis e inteligencia on line, Andrés Manuel López Obrador es el candidato del que más se habla en las redes sociales.

Las redes sociales son utilizadas principalmente por las y los jóvenes, y recordemos que las personas menores de 35 años representan el 40.6% del padrón electoral, por ello no es de extrañar que Andrés Manuel López Obrador haya ganado la elección con el 85.1% de la votación, en el simulacro realizado por la UNAM el pasado viernes.

Sin embargo el poder de los medios de comunicación tradicionales, en particular el de las televisoras, no debe despreciarse ya que pueden ayudar a imponer al Presidente de México, como ya nos lo recordó AMLO durante el primer debate. Y esto no hay que olvidarlo.

por Otilia G. Sánchez Castillo

La verdad estoy sorprendida, sin embargo creo que la sorpresa mayor fue la que se llevó Enrique Peña Nieto, exgobernador del estado de México y actual candidato a la Presidencia de la República por la Coalición Compromiso por México, en su visita a la Universidad Iberoamericana el pasado viernes.

Desde que llegó a esa universidad fue recibido con abucheos, gritos de rechazo y de protesta por parte del estudiantado. Él mismo reconoció al inicio de su intervención que “podrán estar algunos de acuerdo o no, y quienes no lo estén, espero, aunque sea un poco poderlos convencer”. El clímax llegó al final, cuando ya se había dado por terminado el evento y él decidió contestar el cuestionamiento reiterado sobre Atenco, reconociendo que, palabras textuales: “tomé la decisión de emplear la fuerza pública para restablecer el orden y la paz… reitero fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Esta declaración desató el rechazo y la indignación tanto de las y los estudiantes que se encontraban dentro del auditorio en donde se realizó la asistencia de Peña Nieto al Foro el Buen Ciudadano Ibero, como de quienes veían su transmisión en vivo afuera del auditorio, quienes de asesino no lo bajaron, recordándoles que “Atenco no se olvida”. Ante la magnitud de las manifestaciones verbales en su contra Peña Nieto se vio prácticamente obligado a huir de las instalaciones universitarias.

De verdad qué bueno que la población tenga memoria histórica, sobre todo las y los estudiantes como el pasado viernes lo demostraron, ya que sólo así podremos evitar repetir los errores del pasado. Para quienes no tienen esta memoria les recuerdo que, siendo Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México y Vicente Fox Quesada Presidente de nuestro país, “en mayo de 2006, policías estatales y federales instrumentaron un operativo policíaco plagado de violaciones a los derechos humanos cometidas indiscriminadamente en contra de integrantes de un movimiento social, simpatizantes de dicho movimiento y pobladores de la localidad, que en muchos de los casos no tenían ninguna vinculación con el movimiento social Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, fueron violados en sus derechos de propiedad privada al haberse presentado cateos ilegales y daño de sus propiedades. Doscientas once personas fueron detenidas arbitrariamente (sin orden de aprehensión), todas fueron torturadas y/o maltratadas. Dos personas perdieron la vida, entre ellos un menor de edad. De las personas detenidas 47 fueron mujeres, quienes además de ser víctimas de la mayoría de las violaciones de derechos humanos mencionadas anteriormente, fueron torturadas a través de la violación sexual y otras formas de violencia sexual como tocamientos, insultos y amenazas de violación”, como está documentado en el informe presentado de forma conjunta ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, por parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), organización no gubernamental con estatus consultivo especial y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (Centro Prodh), organización no gubernamental con estatus consultivo Roster.

Las víctimas de estas violaciones a sus derechos humanos “presentaron múltiples quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual realizó una investigación y emitió una recomendación dirigida al Secretario de Seguridad Pública Federal, al Gobernador del Estado de México y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también investigó estos hechos y en febrero de 2009 determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos, de las cuales eran responsables mandos medios y bajos policíacos”, por lo que de ninguna manera validó el uso de la fuerza pública, como aseveró Peña Nieto en la Ibero. Aún más, el 30 de junio de 2010, el máximo tribunal amparó a 12 quejosos relacionados con los hechos, quienes estaban acusados por el delito de secuestro equiparado, y ordenó su inmediata liberación, como fue el caso de Ignacio Medina Valle dirigente del Frente en Defensa de la Tierra quien había sido sentenciado en el 2007 a 67 años y seis meses de cárcel. “La Suprema Corte llegó a la conclusión de que en los procesos penales llevados a cabo en contra de los quejosos se otorgó valor probatorio a pruebas ilícitas y que se les acusó de delitos que no habían cometido.”

Por estas violaciones a los derechos humanos el Estado mexicano ha recibido diversas recomendaciones de parte de organismos internacionales como son el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.

Indudablemente que tanto el caso de Atenco como los feminicidios que durante el sexenio de Peña Nieto se incrementaron en el estado que gobernó y cuyas cifras ha tratado de maquillar, son dos asuntos fundamentales que la ciudadanía debe tomar en consideración para definir su voto en las próximas elecciones presidenciales.

En nuestro país los debates entre las personas candidatas a la Presidencia de la República son una práctica relativamente nueva, hasta el pasado domingo sólo se habían realizado seis debates: dos en 1994, dos en 2000 y dos en 2006.

A raíz de la reforma electoral de 2008 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) estableció en su artículo 70 que:

“1. Con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto coordinará la realización de dos debates entre los candidatos registrados a dicho cargo, conforme a lo que determine el Consejo General.

2. Los debates serán realizados en el día y hora que determine el Consejo General, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos. En todo caso, el primer debate tendrá lugar en la primera semana de mayo, y el segundo a más tardar en la segunda semana de junio del año de la elección…

3. Los debates serán transmitidos, en vivo por las estaciones de radio y canales de televisión de
permisionarios públicos, incluyendo las de señal restringida..”

Así, el pasado domingo 6 de mayo se realizó el primer debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, un ejercicio necesario para la democracia pero cuyo formato fue insuficiente, demasiado rígido.

Dos aspectos me parecen importantes de resaltar, por un lado, y a pesar de la negativa de Salinas Pliego en transmitir el debate por TV Azteca y de que Televisa lo transmitiera por el canal 5, canal con la menor cobertura de sus estaciones televisivas, hubo un interés real de la ciudadanía por observarlo, ya que incluso tuvo casi el doble de audiencia que el partido de futbol transmitido por TV Azteca. Por otro lado, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de llegar “a fondo” del origen de la situación por la que atraviesa el país y que nos mantiene sumidos en la pobreza y la violencia, quién es en realidad Enrique Peña Nieto, y lo que significaría para el pueblo mexicano que el PRI o el PAN llegara a la presidencia del país. No existía mejor oportunidad para que las y los mexicanos conociéramos esta información y hubiera sido absurdo no aprovecharla. De acuerdo con María de las Heras, directora de la encuestadora Demotecnia, Andrés Manuel López Obrador, “El candidato de las izquierdas fue el que ocupó el primer lugar indiscutible respecto a quién se había visto más preparado para gobernar y como el que se había visto más confiable”.

No es casualidad que la candidata del PAN y los candidatos del PRI y del PANAL coincidieran en que es importante, para el desarrollo de nuestro país, la participación de la iniciativa privada en sectores estratégicos como son el petróleo y la generación de energía eléctrica, en otras palabras, su privatización. Aún más, Quadri de manera reiterada insistió en acabar con los monopolios tanto en el petróleo como en la electricidad, sólo que ambos son monopolios de estado por ser precisamente sectores estratégicos para el desarrollo y la soberanía del país. Vázquez Mota expresó su propuesta sobre los bonos ciudadanos para invertir en Pemex, que ya intentó Calderón en su propuesta de reforma energética que no fue aprobada en el Congreso de la Unión. Pero lo más delicado, y que la candidata del PAN no lo dijo en el debate, es que además pretende poner en la bolsa de valores a petróleos mexicanos. Si esto no es privatización de los recursos del estado, entonces qué cosa es.

Aún queda otro debate establecido por la ley, que se realizará el 10 de junio en Guadalajara, Jalisco.

Es importante conocer a quienes hoy pretenden llegar a la Presidencia de México y sus propuestas. Votar sin conocerlos es un grave riesgo para nuestro país y para el bienestar nuestro y de nuestras familias.

Al igual que en otros estados del país en que diversas organizaciones y personas han manifestado su rechazo a la reforma constitucional al artículo 24, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el viernes pasado la Constituyente Feminista de Hidalgo entregó en el Congreso local una carta con diversos argumentos en contra dicha reforma. Me permito transcribir en este espacio algunos fragmentos de la carta entregada:

“La modificación del Artículo 24 constitucional para adicionar al derecho de libertad de creencias el derecho a la libertad de convicciones éticas y a la libertad de conciencia […] no es más que una estratagema para, por un lado, ampliar los poderes hegemónicos de una iglesia por sobre las demás y, por el otro, vulnerar el estado laico.

Este hecho quedó evidenciado en el dictamen emitido por la Cámara de Diputados que dentro de su Considerando Tercero señala que: ‘son elementos constitutivos de la libertad religiosa […] los siguientes: libertad de conciencia en materia religiosa; libertad de culto; libertad de difusión de credos, ideas u opciones religiosas; derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia o grupo religioso; derecho a la educación religiosa; derecho de asociación religiosa; y la objeción de conciencia. Cabe señalar que además se indica la necesidad de revisar el contenido de los artículos 3°, 5°, 27 y 130 constitucionales, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento’.

Si bien es cierto que la reforma del Artículo 24 constitucional aprobada en el Senado de México el pasado 28 de marzo elimina los considerandos aprobado en la Cámara de Diputados en el sentido de reformar los artículos constitucionales ante mencionados, la inclusión de la libertad de convicciones éticas en el texto del Artículo 24 lo único que hace es generar mayores problemas y
futuras controversias, ya que lo que para una persona o grupo puede ser éticamente correcto, para otra persona o grupo puede ser éticamente reprobable. ‘Por ejemplo, mientras que para algunos la eutanasia es una convicción ética, para otros se trata de una convicción éticamente reprobable; y lo mismo se puede decir de otros temas como el aborto, la maternidad sustituta, las transfusiones sanguíneas, la fertilización in vitro, las investigaciones con células madre, la clonación, etcétera. ¿Se encuentran estos dilemas amparados o no por la libertad de convicciones éticas?

La ’libertad de convicciones éticas’ degenerará en un Estado confesional, es decir, en un Estado con una ética oficial, lo que implicará cambios de la mayor trascendencia: de decisiones jurídicas se pasará a decisiones éticas; el razonamiento jurídico será reemplazado por el razonamiento ético; del campo jurídico se pasará al campo de la ética o la moral; de tribunales de derecho se pasará a tribunales moralistas.’

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 18 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. La libertad de pensamiento es mucho más amplia que la libertad de convicciones éticas, y ya se encuentra considerada en el artículo 24 constitucional vigente.

La libertad de creencias a la que se refiere el Artículo 24 constitucional en su redacción actual ‘queda relacionada con la libertad interior del pensamiento: así como cada persona puede opinar, juzgar, razonar, afirmar o negar, también tiene libertad para creer, que es un acto intelectual semejante al acto de asentir’ .

La legislación vigente en materia de libertad de creencias no sólo salvaguarda esta libertad, sino que, además de no prohibir ninguna religión, protege el derecho a practicar ceremonias, devociones y actos de culto. “

La Carta finaliza exhortando al H. Congreso del Estado de Hidalgo “para que no apruebe la reforma del Artículo 24 constitucional enviada por el Senado de la República, lo que permitirá, junto con la reforma al Artículo 40 constitucional, que también se encuentra en proceso de dictaminación en los Congresos estatales y que eleva a rango constitucional el carácter laico del estado mexicano, fortalecer la laicidad que debe prevalecer en todo estado democrático.”

Habrá que ver qué deciden al respecto las y los diputados locales.

En pleno periodo vacacional dieron inicio las campañas electorales y después de tantas trampas, por parte de los partidos políticos, para evadir el cumplimiento de las cuotas de género, que a duras penas se cumplió gracias con el jalón de orejas de parte del IFE.

Esto no ha sido gratuito, la lucha de las mujeres por ejercer nuestro derecho a votar y ser votada ha durado cientos de años y por lo que se ve todavía es largo el camino por recorrer, ya es difícil eliminar el medievo introyectado en la mente de los varones, que afloró cuando la autoridad electoral presionó a sus partidos políticos y coaliciones a cumplir con lo estipulado en la legislación federal: “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad” (COFIPE, Art. 219). ¡Claro que la parte final de este artículo los partidos políticos ni la ven ni la oyen! Paridad, sí como no, pero para el año 3000.

Así, hubo argumentos del PRI y del PAN tan absurdos, como que no habían cumplido con la cuota de género “por falta o ausencia de solicitud de participación” o que no estaban obligados “a lo imposible ni a postular candidatas en aquellos distritos o elecciones donde no exista interés manifiesto” de parte de las mujeres. Yo creo que por eso ajustaron sus candidaturas con hermanas, esposas o hijas de las dirigencias o de quienes ostentan algún cargo público, ya que al parecer no existen mujeres militantes.

De verdad no me explico cómo los partidos políticos, las coaliciones y sus ahora candidatas y candidatos pretenden convencer al electorado con sus promesas de campaña, y sobre todo cómo van a cumplir con dichas promesas si es que el voto da la ciudadanía les favorece, cuando fueron obligados a cumplir con algo tan elemental como son las cuotas de género. No se puede elegir cuáles leyes se cumplen y cuáles no. La legislación no es discrecional ni se debe torcer para alcanzar sus ambiciones personales o de grupo.

Por cierto el PRI en Hidalgo es el único partido político que las dos fórmulas para la Senaduría están encabezadas por varones, y sólo lleva a una mujer como suplente. En los demás partidos y la Coalición Movimiento Progresista, una fórmula la encabeza un hombre y la otra la encabeza una mujer.

Otro dato adicional en Hidalgo, a excepción de Xóchitl Gálvez, quienes encabezan las candidaturas para la Senaduría por el PRI, el PAN y la Coalición Movimiento Progresista han ocupado al menos una diputación federal. Sería bueno conocer su participación en dicho cargo: sus asistencias, sus iniciativas, sus votaciones, quiénes concluyeron su periodo, quiénes solicitaron licencia para andar de chapulín, buscando otro cargo.

Lo mismo habría que revisar en el caso de quienes aspiran a una diputación federal, ya que no se vale que, además de lo que cuesta una elección y lo que cuesta salarialmente mantener una diputación o una senaduría, se den el lujo de dejar botado el cargo, por otro que se ajuste mejor sus ambiciones políticas, dejando de lado sus compromisos con la ciudadanía.

Del 23 al 26 de este mes visitó nuestro país el Papa Benedicto XV, Joseph Ratzinger, máximo jerarca de la iglesia católica, como parte de su viaje apostólico a México y Cuba.

Esta visita se da en una coyuntura política nacional bastante delicada. Por un lado la propuesta de reforma del Artículo 24 constitucional que aún se encuentra en el Senado y a la que un gran número de personas nos oponemos por su impacto negativo en el estado laico; el proceso electoral para la Presidencia de la República, sobre todo con el antecedente del fraude electoral del 2006; y la violencia generalizada en el país por la guerra contra el narcotráfico.

No es casualidad que se haya elegido que la visita fuera en el estado de Guanajuato, uno de los estados más conservadores del país, que ha vulnerado de diferentes formas los derechos humanos, ha criminalizado a las mujeres que han tenido abortos espontáneos, y que durante la guerra cristera participó activamente junto con otros estados del Bajío, lo cual fue reconocido, entre líneas, por Ratzinger al recordar, en su discurso de llegada, el mensaje de Juan Pablo II: “Agradezco … el afecto al Papa y la fidelidad al Señor de los fieles del Bajío y de Guanajuato”. No olvidemos que Juan Pablo II canonizó a 25 de mártires, un sacerdote y una religiosa en el año 2000, y Benedicto XVI a 10 laicos y 3 sacerdotes en el 2005, todas estas personas participantes en la guerra cristera.

Tampoco es casualidad que en ese mismo discurso, se haya referido a la “… inigualable dignidad de toda persona humana, creada por Dios, y que ningún poder tiene derecho a olvidar o despreciar. Esta dignidad se expresa de manera eminente en el derecho fundamental a la libertad religiosa, en su genuino sentido y en su plena integridad”. Asuntos que evidentemente corresponde resolver al estado mexicano y que sin embargo seguramente trató con Calderón en su reunión privada, lo cual significaría una intervención del Estado Vaticano en los asuntos de nuestro país.

A diferencia del 2010, en que el escándalo internacional de los curas pederastas obligó a Ratzinger a ofrecer diversas disculpas públicas a las víctimas, aquí en nuestro país, no consideró en su agenda recibir a las personas víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, a pesar de que solicitaron una entrevista. Por el contrario, el obispo José Guadalupe Martín Rábago, principal anfitrión del Papa Benedicto XVI en Guanajuato, es un conocido protector de sacerdotes pederastas; y quienes participaron en la logística de su bienvenida fueron los Legionarios de Cristo, organización creada por el pederasta Marcial Maciel quien fuera protegido tanto por Ratzinger cuando era director de la Doctrina de la Fe como por el propio Juan Pablo II.

Ni una sola mención merecieron estas víctimas en su “saludo a los niños” que realizó el sábado 24 en la Plaza de la Paz en Guanajuato, a pesar de que en su mensaje habló de diversos sufrimientos que enfrentan algunos “niños”. Como escribiera Gabriela Rodríguez “Quienes controlan las conciencias deciden a quién se encubre y a quién se castiga, quién gana y quién pierde. Quienes controlan las conciencias sustentan la impunidad”.

Y si bien en México las condiciones para la mayoría de sus habitantes no son nada sencillas, tampoco lo son para la iglesia católica que ha visto mermada su feligresía a nivel mundial, y por ende, los recursos económicos que ésta provee, aunque en nuestro país, la alta jerarquía católica tenga un gran poder en diversas estructuras del gobierno, violentando el estado laico. Así que no es raro imaginar que esta visita permitió un intercambio de favores, en el marco del proceso electoral: más recursos económicos a cambio de apoyo político desde el púlpito, en donde los menos beneficiados son precisamente la feligresía y el estado laico.
Cosas veredes.

La reforma del artículo 24, de aprobarse, será un espléndido regalo a Benedicto XVI, que llega a México en esta semana, y a toda la jerarquía católica que sigue apostando a recuperar todo su poder de antaño.

¡Si Juárez no hubiera muerto..! (más…)

El día de mañana se conmemorará el Día Internacional de las Mujeres. El lema de las Naciones Unidas para este día es “Habilitar a la mujer campesina-Acabar con el hambre y la pobreza”.

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer están ganando terreno en todo el mundo, falta mucho para que pueda decirse que las mujeres y las niñas gozan de los derechos fundamentales, la libertad y la dignidad que son su derecho de nacimiento y que garantizarán su bienestar. Esto es más evidente en las zonas rurales del mundo. Las mujeres y niñas de estas zonas, a quienes está dedicado este Día Internacional de las Mujeres, componen la cuarta parte de la población del mundo, pero suelen ocupar los puestos más bajos en todos los indicadores económicos, sociales y culturales, desde los ingresos y la educación hasta la salud y la participación en la toma de decisiones.

Esto es de particular relevancia en nuestro estado en el que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, hay 1 millón 379 mil mujeres y 1 millón 286 mil hombres, es decir, más de la mitad de la población son mujeres (51.8%); en donde el 97 % de las localidades del estado tienen menos de 2500 habitantes, y en ellas se concentra el 47.8% de la población estatal, por lo que estamos hablando de un estado básicamente rural. A esto le sumamos que 330 mil personas viven en situación de pobreza extrema (12.3%), el 42.7% en situación de pobreza moderada, y 58.8% de la población vive con un ingreso inferior a la línea de bienestares. No en balde Hidalgo está en el 6° lugar de los estados más marginados

Diversos estudios han demostrado que la pobreza afecta más y de diversas formas a las mujeres. La desigualdad entre los géneros rurales en general, que repercute en mayor discriminación hacia las mujeres, y que les impide, entre otros aspectos, su participación en la toma de decisiones tanto familiares como comunitarias; el acceso limitado al crédito, al cuidado de su salud y a la educación son las principales dificultades que afrontan las mujeres rurales.

De acuerdo a los datos tabulados por el Consejo Estatal de Población para el 2005, las mujeres rurales analfabetas representan el 57.6% de la población rural. De éstas, el 67.8% de 5 años y más no asistía a la escuela. Con relación a su nivel de escolaridad, el 16.3% no tenía algún tipo de estudios, el 4.1% concluyó preescolar, 27.7% primaria incompleta, el 18.4% primaria terminada, 16.7% finalizó la secundaria, 6.5% secundaria incompleta, 1% estudios técnicos o comerciales con secundaria completa, 6.6% tenía preparatoria o bachillerato y 2.7% nivel profesional y posgrado.

En cuanto a la salud reproductiva, la fecundidad de las mujeres rurales es superior a la de las mujeres que viven en el ámbito urbano. Para el 2005 el promedio de hijos en el contexto estatal fue del 2.6: para las mujeres de las zonas urbanas de 2.27 y para las mujeres rurales 2.99 hijos. Esto, además de un mayor riesgo para su salud, significa también una mayor carga de trabajo. A nivel estatal, de acuerdo con la ENADID 2009, de las mujeres de 15 a 49 años de edad, 43.6% reportó haber tenido al menos un embarazo durante el periodo de 2004 a 2009. Existen condiciones que ponen en riesgo el embarazo de las mujeres, que en muchos casos derivan en un bajo peso del recién nacido o en un aborto espontáneo. En Hidalgo el 4.7% de los últimos embarazos ocurridos en dicho periodo terminaron como aborto. Al final del ciclo reproductivo, más de una quinta parte de las mujeres de 45 a 49 años experimentó la pérdida del producto antes de que éste fuera viable.

Además, es precisamente en las áreas rurales en donde principalmente se ha criminalizado a las mujeres que han interrumpido voluntariamente su embarazo.

“Se necesitan políticas estratégicas debidamente financiadas, coherentes y sistemáticas para el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales en vez de los enfoques casuísticos que a menudo caracterizan a las políticas actuales.” (Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU)

En diciembre comentaba sobre las reformas constitucionales que ponen en riesgo el estado laico, y que la Iglesia, o mejor dicho, la jerarquía católica y los grupos vinculados a ella, ha intentado y sigue intentando recuperar el poder y el control que tuvo en nuestro país hasta mediados del siglo XIX.

Esto no son sólo alucinaciones mías. Resulta que la Arquidiócesis de México publicó en su página web el 15 de febrero pasado las “Orientaciones Orientaciones Pastorales del Sr. Arzobispo Primado de México y sus Obispos Auxiliares sobre el voto responsable de los fieles católicos y personas de buena voluntad”, una guía para inducir el voto entre la feligresía católica, a pesar de que el Artículo 130 Constitucional prohíbe expresamente a los ministros “asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios…”

Lo que sin duda para mucha gente esto es una clara violación de nuestra Constitución, para la Secretaría de Gobernación no es así, por lo que va a realizar un diagnóstico para ver si es legal o no dicha acción. De hecho la propia Secretaría de Gobernación impulsará que las asociaciones religiosas, léase iglesias, promuevan entre su feligresía el “derecho al sufragio libre, secreto y universal; al tiempo que divulguen entre sus ministros de culto el marco legal vigente en materia religiosa, ello con el único propósito de evitar conductas que puedan constituir actos de proselitismo político a favor o en contra de candidatos o partidos políticos. Lo anterior, sin menoscabo de los derechos y libertades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todos los ciudadanos sin distinción”, de acuerdo con el boletín de prensa No. 70, de fecha 24 de febrero de 2012, emitido por dicha Secretaría.

En las orientaciones pastorales sobre el voto se establece que “los Pastores del Pueblo de Dios” tienen el deber de “orientar a los fieles en aquellos planteamientos políticos que, por sus implicaciones religiosas, morales y sociales, contradicen las enseñanzas de la Iglesia Católica con el objetivo de que sus opciones políticas sean morales y justas”. Para ello llaman a la feligresía a considerar al menos 9 puntos para la emisión de su voto, pero la parte medular se centra en los siguientes aspectos:

“En lo concerniente a los valores emanados del Evangelio, los católicos deben estar atentos al compromiso de los candidatos y sus partidos de respetar el primero de todos los derechos, que es el derecho a la VIDA, desde el momento de la concepción hasta su fin natural.

Los fieles cristianos católicos deben tener claridad que no es posible hacer una opción política por quienes son partidarios o promotores de falsos derechos y libertades que atentan contra las enseñanzas contenidas en la Sagrada Escritura, la tradición y la doctrina de la Iglesia.”

Lo que entiendo es que la jerarquía católica está encabezando una campaña política proselitista a favor del PAN, por lo que no es de extrañar que no vaya haber algún tipo de sanción y, en el supuesto de que la haya, ésta sea mínima.

Recordemos que para la iglesia católica el uso de anticonceptivos, la interrupción legal del embarazo, los matrimonios entre personas homosexuales y la adopción de menores por estas parejas, entre otros temas, no solamente son reprobables, sino que son pecados, y pretenden convertir los pecados en delitos; para ello cuenta con aliadas y aliados en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno.

Así, el pasado 23 de febrero las diputada María Joann Novoa Mossberger y Paz Gutiérrez Cortina junto con el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade del grupo parlamentario del PAN, presentaron en la Cámara de Diputados una Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar el “derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.

Creo que todas las personas reconocemos que el derecho a la vida es uno de los derechos humanos fundamentales, sin embargo, este derecho no es absoluto, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que considerarlo de manera absoluta implicaría desconocer la dignidad de las mujeres, restringiendo sus derechos humanos.

“La protección de la vida en gestación es relevante, siempre y cuando sea compatible o se guarde un equilibrio razonable con los derechos de las mujeres”.

La semana pasada comentaba que el que una candidata sea mujer no garantiza, que de ganar, realice acciones a favor de sus congéneres. Esto aplica también a la recién electa candidata presidencial por el PAN, Josefina Vázquez Mota, al menos con relación a los derechos de las mujeres, en particular con sus derechos sexuales y reproductivos.

En diversos momentos ella ha expresado claramente su posición: coincide y respalda los principios y las convicciones de su partido, es decir, “la vida y la dignidad humana deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural”, como lo establecen los documentos básicos del PAN. Aunque de manera contradictoria también ha afirmado que está a favor de los derechos de las mujeres.

Evidentemente cuando se aspira a la Presidencia de la República hay que actuar, o por lo menos declarar, de manera políticamente correcta por ello, aunque no muy convencida, ha declarado que está en contra de la criminalización de las mujeres por interrumpir de manera voluntaria sus embarazos, pero está de acuerdo con las reformas constitucionales de los 17 estados que garantizan el derecho a la vida desde el “momento de la concepción”.

Esta contradicción lo único que evidencia es el uso electorero de los derechos y las necesidades de las mujeres, ya que no se puede hablar del respeto a los derechos de las mujeres sin reconocer que éstos se violentan al impedir que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.

En ese sentido Acción Nacional sigue trabajando para limitar el ejercicio de estos últimos, sobre todo en el Distrito Federal, único lugar en nuestro país en el que se tiene acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.

Tan es así que en la sesión de la Cámara de Diputados el pasado 25 de enero, los diputados federales Óscar Saúl Castillo Andrade y María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que establezca en las leyes correspondientes la prohibición de publicar anuncios de clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud del Distrito Federal ofreciendo la interrupción del embarazo o abortos, misma que fue turnada a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para su dictamen.

Coincido plenamente con Sara Lovera, quien en sus Palabras de Antígona señala que ”si los datos manejados por los panistas son reales, que lo dudo, es verdad que urge, en primer lugar, averiguar si las clínicas oficiales del Distrito Federal no tienen capacidad para atender las solicitudes; si es cierto que las clínicas privadas operan de forma irregular y, finalmente, si existen indicios de riesgos y consecuencias para quienes hacen uso de un derecho”.

De fondo lo que le interesa al PAN no es la salud o la vida de las mujeres sino impedir el derecho ganado en el Distrito Federal, y que no cunda el “mal ejemplo” en los estados.

De cualquier forma es importante señalar el hecho de que un partido conservador tenga a su primera candidata a la Presidencia de la República, ya que las cuatro candidatas a la Presidencia de la República que ha tenido nuestro país han sido propuestas por partidos de izquierda: Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1982 y 1988, Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista (PPS) y Cecilia Soto por el Partido del Trabajo en 1994, y Patricia Mercado por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en el 2006.

Durante mucho tiempo creí que exigir justicia o aplicar la ley eran sinónimos. Resulta que no es así, ya que se puede aplicar la ley y no haber justicia. Vaya paradoja.

Del mismo modo, no entiendo cómo se puede hablar de valores democráticos y excluir a las mujeres. Y el colmo, que sea una mujer quien lo haga. Peor aún, una mujer que desde el poder bien pudo generar cambios en beneficio de sus congéneres y no lo hizo.

Me refiero a Beatriz Paredes, una mujer empoderada y poderosa no sólo dentro de su partido sino también en la función pública, quien fuera la segunda mujer gobernadora en nuestro país, y ha ocupado diversos cargos principalmente en el poder legislativo tanto a nivel estatal en su natal Tlaxcala como a nivel federal.

Para las feministas es una vergüenza que ella se reconozca feminista, ya que su comportamiento no ha sido como tal, y es que siendo Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI guardó silencio cuando su partido apoyó, y en algunos casos encabezó, la criminalización de las mujeres por abortar en 17 estados de la República, durante el periodo de 2008 a 2010. No en balde el 95% de las y los diputados priístas de esos 17 estados votaron a favor de las reformas para garantizar en sus Constituciones el “derecho a la vida desde el inicio de la concepción”.

Como ella misma lo menciona en una columna que publicó el 30 de noviembre del 2009 en un diario de circulación nacional optó “por valorar la importancia del Estado y de lo público … asumiendo la libertad democrática de los legisladores locales de filiación priísta”. Es decir, los dejó hacer lo que quisieran, sin importar los derechos de las mujeres. Su mensaje como dirigenta nacional del PRI fue muy claro: las mujeres y sus derechos no éramos opción y mucho menos estábamos incluidas en sus valores democráticos.

Y no podíamos esperar más de ella y del PRI, ya que para los partidos políticos en general, las mujeres y nuestros derechos son monedas de cambio al mejor postor.

En el ejercicio del poder es irrelevante la condición femenina, ya que sus decisiones obedecen “a la lógica del poder que requirió la estructura que representaron, para legitimarse y/o consolidarse … En este sentido, si la organización político-social que representan no contiene como parte de su plataforma propuestas reivindicadoras de las demandas femeninas, difícilmente aplicarán medidas de esta naturaleza a no ser de manera adyacente o marginal”, como la propia Paredes lo señala en su libro “Con la cabeza descubierta”. Dicho de otra manera “cuerpo de mujer no garantiza”.

Esto viene a colación porque la semana pasada Beatriz Paredes pidió licencia a su cargo como diputada federal para presentar su candidatura a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En su página en internet tiene la siguiente cita: “Al político se le evalúa por su capacidad de hacer, los propósitos lo significan, los hechos lo califican.” Si la aplicamos a Beatriz Paredes, no cabe duda que a pesar de su capacidad de hacer y de sus propósitos, sus hechos la descalifican. Lo mismo sucede con los hechos de algunas precandidatas locales, ¿o no? Necesitamos mujeres que no sólo miren a las otras mujeres, si es que las ven, sino que actúen a favor de las mujeres.

Desde esta columna le envío un saludo al Ing. José Luis Gallego Hernández, Director General de CASSIM, con la atenta solicitud de que ya no haya cobros excesivos, sin fundamento, del servicio de agua potable, y que las reinstalaciones de dicho servicio sean más expeditas, sin duda las y los usuarios de ese vital líquido se lo agradeceremos.

Las amenazas, incluidas las amenazas de muerte, son una de las formas más comunes de ataque a las defensoras. La mayoría de los casos de asesinato y amenazas de muerte ocurrieron en lugares donde la violencia y la impunidad se han convertido en un problema alarmante. (más…)

El pasado domingo, durante la misa realizada en la Catedral de la Ciudad de México Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, defendió el “derecho natural a la libertad religiosa que tiene todo ser humano”, en el marco de las modificaciones al art. 24 constitucional aprobadas en la Cámara de Diputados y que están pendientes de dictaminación en el Senado de la República y, en su caso, en la mayoría de los Congresos estatales.

Si de libertades se trata, estoy plenamente convencida de que hay que defenderlas y, en ese sentido, estoy de acuerdo con la libertad de religión, lamentablemente quienes más han violado esta libertad es la jerarquía católica, para quien la libertad de religión significa la imposición de la religión católica por encima de otras religiones y por encima de nuestras leyes, es decir el avasallamiento total de la religión católica.

Me ha tocado escuchar en diversas misas católicas como los sacerdotes no sólo critican sino también se expresan mal de lo que denominan “sectas” es decir, de las religiones no católicas aunque la mayoría también sean cristianas, tal y como en su momento los romanos denominaban “bárbaros” a quienes no eran romanos.

El asunto de fondo es que durante los 300 años de la dominación española la iglesia católica tuvo la hegemonía religiosa de nuestro país, y hasta la fecha no se resigna a perder el poder político, económico e ideológico que tenía hasta antes de las Leyes de Reforma, leyes que no sólo separaron la iglesia y el estado, sino que además, a través de la Ley sobre Libertad de Cultos decretada por el Presidente Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860, permitió la libertad religiosa, lo que significó la entrada a nuestro país de otras religiones diferentes a la religión católica, y el respeto por parte del estado a todas y cada una de ellas.

Esta Ley dejó muy en claro la independencia entre el Estado y las creencias y prácticas religiosas, tal y como lo establece su artículo 1° que a continuación transcribo:
“Las leyes protegen el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del órden [sic] público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios de observará lo que por las leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina”.

En su artículo 5 establece que: “En el orden civil no hay obligación, penas, ni coacción de ninguna especie con respecto á los asuntos, faltas y delitos simplemente religiosos: en consecuencia, no podrá tener lugar, aun precediendo excitativa de alguna iglesia o de sus directores, ningún procedimiento judicial ó administrativo por causa de apostasía, cisma, heregía [sic], simonía ó cualesquiera delitos eclesiásticos. Pero si á ellos se juntare alguna falta ó delito de los comprendidos es las leyes que ahora tienen fuerza y vigor y que no son por ésta derogadas, conocerá el caso la autoridad pública competente, y lo resolverá sin tomar en consideración su calidad y trascendencia en el orden religioso…”

Sin embargo, la jerarquía católica ha presionado en diferentes momentos, a lo largo de la historia de nuestro país, para castigar como delitos algunos pecados, como es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo que hasta la fecha continúa en disputa, y para ello ha contado con supuestos representantes populares que legislan desde su moral particular y la imponen a la ciudadanía, olvidando su obligación y respeto al estado laico.
La reforma al artículo 24 si vulnera la laicidad del estado, que no quiera confundirnos el arzobispo Rivera, y lo que él quiere no es la libertad religiosa, sino continuar con la hegemonía católica. “Al pan pan y al vino vino”.

Si bien es cierto que la reciente reforma al artículo 24 constitucional aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre tiene que pasar por la aprobación en el Senado de la República y por la mayoría de los Congresos estatales, también es cierto que esta aprobación inicial es un grave golpe contra el estado laico.

Actualmente el artículo 24 constitucional incorpora el principio de libertad religiosa, bajo las disposiciones siguientes: a) el reconocimiento de que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley; b) La prohibición al Congreso para dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, y c) La restricción para que los actos religiosos de culto público se celebraren ordinariamente en los templos, y los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

No es nada raro que el promotor de esta iniciativa fuera un priísta y tampoco es de extrañar que fuera aprobada por la mayoría priísta, panista y del Partido Verde Ecologista, aunque cabe reconocer, con la participación también de algunos perredistas. Y menciono que no es nada raro ya que el primer golpe en contra del estado laico lo dio Carlos Salinas de Gortari, hace 20 años, al presentar la iniciativa de reforma a los Artículos constitucionales 3°, 5°, 24°, 27° y 130° y aprobarse en la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 1991, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992.

La reforma de Salinas de Gortari permitió eliminar la prohibición a las organizaciones religiosas o ligadas con la propaganda de cualquier credo de intervenir en planteles educativos privados en que se impartiera educación primaria, secundaria y normal, y la destinada a obreros y campesinos; eliminó la restricción de establecer órdenes religiosas; aceptó la realización de actos religiosos de culto público de manera extraordinaria fuera de los templos, sujetados a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ley publicada en el DOF el 15 de junio de 1992; otorgó a las iglesias la capacidad para adquirir, poseer o administrar los bienes relacionados con el desempeño de su función religiosa; reconoció la personalidad jurídica de las iglesias y se creó la figura de “asociación religiosa”, estableciendo que las autoridades no tendrán derecho a intervenir en la vida interna de dichas asociaciones. Se reconoció el derecho a votar de los sacerdotes y demás ministros; asimismo estableció el derecho a ser electos a quienes hubieran dejado de ser ministros de culto con la anticipación y la forma determinada por la ley.

Es importante mencionar que a nivel nacional, las reformas al marco constitucional no respondieron a la demanda de la feligresía: se originaron en la cúpula de la jerarquía eclesiástica y el entonces Presidente de México, como respuesta a los intereses estratégicos de ambos (Mejía, 1997).

Cabe destacar que los artículos constitucionales 24, que establece la libertad de religión y el 130 constitucional, que regula la relación Estado-Iglesia, no se habían modificado desde la Constitución de 1917 hasta la reforma de Salinas de Gortari de 1992. También Salinas de Gortari se encargó de establecer las relaciones con el Vaticano. Recordemos que a partir de la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma se rompieron las relaciones entre el estado mexicano y la iglesia católica.

Con la reforma aprobada de manera “urgente” en la Cámara de Diputados, violentando los procedimientos internos de la propia Cámara, se legalizaría el culto religioso fuera de los templos, permitiría a las iglesias contar con canales de televisión, así como establecer educación religiosa en las escuelas públicas, bajo el “derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo”.

Evidentemente las ganancias que esperan con esta reforma tanto como el PRI y el PAN tienen que ver con las próximas elecciones para la Presidencia de la República en este año; pero la verdadera “ganona” será la iglesia católica, que verá satisfecha su pretensión histórica de recuperar legalmente el poder que de facto tiene. Lamentablemente la pérdida del estado laico tendrá un costo muy alto para las y los mexicanos.

La bolita queda en manos del Senado y de los Congresos de los estados.